acción extraordinaria de protección

¿Puede la Corte Constitucional revocar una sentencia de instancia y dictar una nueva a través de una acción extraordinaria de protección?

Alfredo Cuadros Añazco Sin categoría , ,

Bueno, la respuesta es “si y no”. O, como dice la típica broma sobre los abogados: “depende”.

Cuando leí por primera vez la actual Constitución -cuando no teníamos todavía la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC)-, conversábamos con colegas sobre el alcance y efectos de la novedosa garantía de la acción extraordinaria de protección. Mucho se comentaba que era muy probable que la misma se la usaría como una suerte de nueva instancia.

Pasó el tiempo y, gracias a la actual formación de la Corte Constitucional tenemos una respuesta clara (al fin) sobre la pregunta que he colocado como título en esta entrada.

Como indiqué al inicio, la respuesta a la pregunta planteada es “depende”. La regla general es que la Corte Constitucional al conocer una acción extraordinaria de protección (en el entendido de que la misma haya sido admitida), no puede dictar una sentencia de reemplazo, sino que debe limitarse a anular la sentencia en la que se constató la violación constitucional y disponer que un nuevo juez -o tribunal de ser el caso-, dicte una nueva sentencia tomando en consideración que no puede incurrir en la misma vulneración que originó la acción extraordinaria de protección.

Me explico mejor desglosando los pasos:

  • Estamos ante una decisión emanada de una autoridad judicial que esté plasmada ya sea en una sentencia, auto definitivo o, resolución con fuerza de sentencia.
  • Esta decisión se encuentra en firme, ya no puede ser impugnada con algún recurso ordinario ni extraordinario; salvo que estos recursos sean ineficaces o, la falta de interposición no se deba a una falta de diligencia del proponente de la acción (Art. 61.2 LOGJCC). (Sobre esto, la actual formación de la Corte Constitucional, en sentencia 1688-14-EP/20 ha señalado que cuando la LGJCC se refiere a un “recurso”, esto debe tomárselo en sentido amplio. Por poner ejemplos: en cuestiones de laudo arbitral, lo normal es seguir primero la acción de nulidad del laudo -se puede profundizar más sobre este tema aquí https://alfredocuadros.com/tag/laudo-arbitral/ , a menos que el vicio del laudo no pueda encausarse en alguna de las causales de la Ley de Arbitraje y Mediación; también, si sobre un fallo se puede plantear primero una acción de nulidad de sentencia, debe intentársela previo a una eventual acción extraordinaria de protección)
  • La decisión contiene una violación a un derecho reconocido en la Constitución.
  • Se presenta la acción extraordinaria de protección.
  • La Sala de Admisión de la Corte Constitucional admite la acción extraordinaria de protección.
  • El pleno de la Corte Constitucional, si verifica la existencia de la violación de algún derecho consagrado en la Constitución, acepta la acción y, como reparación, dispone la anulación de la resolución atacada, la remisión de las actuaciones a un nuevo juez – o jueces- para que se emita una nueva resolución (esto es lo que se conoce como “reenvío”).
  • El nuevo juez que recibe el reenvío del proceso deberá dictar nueva resolución, para lo cual no deberá incurrir en los mismos vicios constitucionales que condujeron en un primer momento a proponer la acción extraordinaria de protección.

En esta situación, que es la regla general, la Corte Constitucional no profirió una nueva resolución en el juicio dentro del cual se declaró la vulneración de derechos constitucionales, sino, se limitó a disponer que otro juez dicte una nueva, anulando la primera resolución.

Es decir:

  • Resolución inicial dijo “A”. Sobre esta resolución se plantea acción extraordinaria de protección.
  • Corte Constitucional anula “A”, pero no dicta la resolución “B”, sino que dispone que otro juez emita nueva resolución.
  • Esta nueva resolución puede ser “B”, “C”, etc.

Ahora, en casos especiales y que lo ameriten, la Corte Constitucional se puede “vestir” de juez (o tribunal) ordinario para dictar una sentencia sobre el fondo del asunto. Como no puede ser de otra forma, deben cumplirse ciertos requisitos que la propia Corte se los ha “autoasignados” mediante sentencia 176-14-EP/19, los cuales transcribo:

  • Que la autoridad judicial inferior haya violado el debido proceso u otros derechos de las partes en el fallo impugnado o durante la prosecución del juicio.
  • Que a primera vista, los hechos que dieron lugar al proceso originario puedan constituir una vulneración de derechos que no fueron tutelados por la autoridad judicial inferior.
  • Que el caso no haya sido seleccionado por la propia Corte Constitucional para revisión.
  • Además, que el caso recaiga en uno de estos parámetros: (¡) gravedad; (ii) relevancia nacional; o, (iii) inobservancia de precedentes jurisprudenciales.

No está de más indicar que en sentencia No. 2037-13-EP/20, la Corte Constitucional “estableció que cuando este Tribunal conoce una acción extraordinaria de protección, presentada en contra de una decisión proveniente de una acción de protección, ello consiste en activar el control de mérito del caso concreto y que se trata de un control excepcional”, tal como lo indica el autor Paúl Córdova Vinueza (ensayo “¿Innovación prudente o cambiar algo para que nada cambie? La línea jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre la Acción Extraordinaria de Protección”, publicado en la obra “Las Garantías Jurisdiccionales en Ecuador”, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2021).

Tenemos entonces:

  • Resolución inicial que dice “A”. Se plantea acción extraordinaria de protección sobre la misma.
  • Si la situación por la cual se ataca esta resolución cumple con los requisitos de la sentencia 176-14-EP/19, la Corte no solo puede anular “A”; puede dictar la resolución “B” en reemplazo.
  • Si la resolución inicial se dictó en una acción de protección, la Corte puede también dictar una resolución “B” al decidir sobre la acción extraordinaria de protección.
  • Si no se está en ninguno de los dos supuestos anotados, la Corte Constitucional deberá optar por la regla general que es el reenvío.

Lo indicado no obsta que la Corte Constitucional, al resolver una acción extraordinaria de protección disponga otras medidas de reparación, siempre que considere que sean las que más se ajustan a la situación abajo análisis.

En el libro “Debido Proceso” (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2016), del reconocido constitucionalista Rafael Oyarte, se hace un repaso de las posiciones ambivalentes que había adoptado la Corte Constitucional sobre este asunto, citándose casos en los que la Corte optó por el reenvío y otros en que -sin mayor justificación-, dictó sentencia de fondo. Afortunadamente, la actual formación de la Corte Constitucional ha fijado lineamientos claros en los que puede dictar con carácter excepcional, una sentencia de mérito al decidir una acción extraordinaria de protección.

Si el lector quiere informarse de este tema más allá de las líneas de este modesto blog, recomiendo consultar los artículos publicados en la citada obra “Las Garantías Jurisdiccionales en Ecuador”, dirigida y coordinada por Paúl Córdova Vinueza. Aquí encontrarán el artículo del propio director -que ya fue mencionado-, además del ensayo escrito por el Ph. D. Milton Velásquez Días titulado “Avances Jurisprudenciales en la Acción Extraordinaria de Protección: en búsqueda del equilibrio”.

Gracias por la lectura.

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Las pautas de la Corte Constitucional para que prospere una acción extraordinaria de protección.-

Alfredo Cuadros Añazco Sin categoría ,

Tratando de aportar con cosas provechosas en estos tiempos de confinamiento obligado, retomo la actividad de este blog, para comentar sobre la sentencia No. 1967-14-EP/20, expedida el pasado 13 de febrero de 2020, por parte de la Corte Constitucional, cuyo ponente fue el juez Alí Lozada Prado, la cual contó con el voto concurrente del juez Enrique Herrería Bonet.

El motivo por el cual escogí esta sentencia es por cuanto en la misma se realiza una explicación acerca de los requisitos formales y argumentativos que debe contener una demanda de acción extraordinaria de protección, para que la misma pueda superar la fase de admisión y -de ser pertinente- ser aceptada sobre el fondo.

Antes de entrar a comentar la sentencia, sí debo decir que se agradece mucho que el juez ponente haya utilizado un lenguaje claro y, sobre todo, que la sentencia no gaste párrafos en explicaciones rimbombantes ni con palabras rebuscadas, por lo que ataca al punto de forma directa y concisa.

Antes que todo, los antecedentes del caso son los siguientes:

  • El proponente de la acción extraordinaria de protección, la compañía AUTEC S.A., presentó ante el Tribunal Contencioso Tributaria No. 1, solicitando la nulidad de ciertos actos emitidos en su contra por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI). La demanda se presentó el 10 de noviembre de 2010 (no está de más notar que todo este litigio tardó casi una década en ventilarse).
  • El 5 de septiembre de 2013, el Tribunal aceptó de manera parcial la demanda.
  • Ante esto, la defensa de la compañía AUTEC S.A. interpuso recurso de casación, el cual fue inadmitido el 30 de septiembre de 2014 por parte de la Sala de Conjueces de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia.
  • Sobre este auto de inadmisión, la parte actora presentó recurso horizontal de revocatoria, el cual fue negado mediante auto de fecha 29 de octubre de 2014.
  • Ante este escenario, la parte actora presentó una acción extraordinaria de protección tanto contra el auto de inadmisión del recurso de casación, como el auto posterior en el que se negó la revocatoria de la inadmisión (parece trabalengua, no lo es).
  • En su momento, el 26 de marzo de 2015, se admitió la acción extraordinaria de protección por parte de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional. Luego de solicitar los descargos respectivos y, recibir las posturas tanto del SRI como de la Procuraduría General del Estado.
  • El 13 de julio de 2018, se llevó a efecto una audiencia pública, a la que comparecieron los defensores de la Procuraduría General del Estado y del SRI.

Como el propósito de esta entrada no es el de analizar los argumentos de las partes, sino el contenido de la sentencia, realizo un resumen de las alegaciones de la parte proponente de la acción extraordinaria de protección:

Decisiones que impugna Pretensión de la acción extraordinaria de protección Derechos que se alegaron como vulnerados
–          Auto de inadmisión del recurso de casación

–          Negativa de la revocatoria del auto de inadmisición del recurso de casación

 –          Que se declare la vulneración de derechos

–          Dejar sin efecto las decisiones impugnadas (auto de inadmisión del recurso de casación y de la negativa de revocatoria)

–          Dejar sin efecto la sentencia expedida por el Tribunal Contencioso Tributario No. 1.

 –          Tutela judicial (75 Constitución -CE-)

–          Seguridad Jurídica (82 CE)

–          Debido proceso, garantía de cumplimiento de normas (76.1 CE)

–          Debido proceso, garantía derecho a la defensa (76.7 CE)

–          Debido proceso, garantía de motivación (76.7, letra l).

 

Entrando ahora sí en materia, en esta sentencia la Corte Constitucional nos indica el contenido que debe tener una acción extraordinaria de protección para que supere el primer filtro que es -como ustedes conocen- la admisión.

  • Algo que es evidente, la carga argumentativa de la acción extraordinaria de protección recae en el demandante, en el que la propone, la cual debe estar conformada por un argumento claro.
  • El argumento se instrumenta mediante un “cargo”. Para que el cargo esté completo (y, por ende, ser suficiente para pasar a fase de admisión), debe reunir tres requisitos: la tesis o conclusión, la base fáctica y la justificación jurídica.
  • La tesis o conclusión es, en resumen, el señalar cuáles son los derechos violados por la decisión judicial que se impugna, lo cual además es un requisito según el artículo 62.1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC).
  • La base fáctica es la determinación de la acción u omisión de la autoridad judicial, lo cual se cumpliría con el señalamiento de la decisión que se pretende impugnar, en conjunto con los hechos determinantes de la alegada vulneración.
  • Por último, la justificación jurídica es explicar los motivos por los cuales se considera que la base fáctica vulnera de manera directa e inmediata un derecho constitucional (en el voto concurrente se dice que este elemento es un “nexo causal” entre los dos primeros requisitos).

Por todo esto, en la sentencia se concluye sobre este tema que estos requisitos pueden estar contenidos en la acción, no es obligatorio que estén mencionados y puntualizados de manera explícita (como cuando hacemos una demanda con el Código Orgánico General de Procesos y la vamos redactando conforme a cada uno de los requisitos formales del Art. 142 ibídem), ya que incluso pueden estar comprendidos implícitamente en el texto de la demanda de acción extraordinaria de protección, es decir, “no configuran un esquema rígido que funcione a la manera de simple “lista de verificación”” (párrafo 30 de la sentencia). En términos prácticos, la Corte Constitucional no se va a poner a revisar si enuncio en la redacción de la garantía uno a uno estos elementos, puede que los mismos estén cumplidos en el desarrollo de la argumentación correspondiente.

Entonces, si queremos impugnar una decisión judicial vía acción extraordinaria de protección, debemos asegurarnos que la misma reúna todos estos requisitos por cada uno de los cargos que alegamos en contra de la decisión.

Si desean consultar el texto de la sentencia -que tiene unas reflexiones importantes sobre el trámite de los recursos procesales- les dejo el link:

doc.corteconstitucional.gob.ec:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4c9e980a-e540-4093-95ac-64c15f0ff3c3/1967-14-EP-sen.pdf

Gracias por la visita y por favor, manténgase sanos.