La correcta interpretación de la última parte del Art. 177.7 del COGEP, sobre la pertinencia de las preguntas sugestivas.

Esta narración está basada en un caso real que me sucedió:

Estoy en una audiencia de juicio en un caso bastante peleado e interesante. El demandado comparece a declarar por pedido mío. Empiezo de entrada y de manera rápida a hacer preguntas de este tipo:

  • Usted es el representante de la compañía XYZ, ¿verdad?
  • Su compañía se dedica a realizar actividades de compraventa de bienes, ¿correcto?

Luego de unas cuatro preguntas -le imprimí bastante velocidad-, la defensa de la contraparte protestó diciendo que estaba realizando preguntas sugestivas. De inmediato noté que la jueza coincidió con esto y me dijo que me abstenga de seguir con ese tipo de preguntas. En ese momento rebatí indicando que estaba realizando preguntas a la contraparte, por lo que no existía impedimento para seguir con las preguntas sugestivas. Ante esto, la contraparte alegó que el COGEP su Art. 177.7 tan solo contempla preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio, no en el examen directo.

Esto se ha repetido en varias ocasiones en las que he llamado a declarar a la contraparte en algún juicio que se sustancia con el COGEP. Es una cadena que se repite; esto es, la contraparte (si está atenta) impugna las preguntas sugestivas que formulo; incluso, los jueces por regla general tampoco son muy permisivos con las preguntas sugestivas. ¿Qué me ha tocado hacer? Empezar a formular preguntas “cerradas/sugestivas”, todo para lograr un mejor y mayor control del declarante (todo esto, acorde con la técnica que se sugiere para manejar este tipo de diligencias).

Todo esto, en mi criterio, surge por una equivocada interpretación de la última parte del Art. 177.7 del COGEP.

Rememoremos lo que dice el COGEP sobre las preguntas sugestivas:

  • En un primer momento, en el Art. 176 se indica que las partes podrán objetar -entre otras- las preguntas sugestivas. Entonces, partimos de la premisa de que estas preguntas no serán permitidas.
  • Luego, el Art. 177.7 ibídem, señala los casos en que las preguntas sugestivas se permiten. Estos son, (1) preguntas sobre temas introductorios o que recapitulen información ya aportada; (2) que el testigo haya sido calificado como hostil; y, (3) en el “contrainterrogatorio cuando se practique una declaración de una parte a pedido de la otra”.

(Sobre el testigo hostil ya escribí una entrada que la pueden consultar aquí https://alfredocuadros.com/2018/08/19/el-testigo-hostil-en-el-cogep/ ).

Me detengo entonces en el último escenario de la señalada disposición, la cual me permito transcribir otra vez, solo a efectos de tenerlo todo más claro:

“También están permitidas en el contrainterrogatorio cuando se practique la declaración de una parte a pedido de la otra”.

Esta disposición abarca dos posibilidades:

  • La primera, que no habría mayor problema, que se daría cuando por ejemplo una parte llama a su propio defendido a declarar (cuando por ejemplo el abogado del demandante pide la declaración de parte de su cliente). Una vez que finalice el interrogatorio del abogado, la defensa contraria tiene el derecho de contraexaminar. Aquí no habría duda alguna de que se permiten preguntas sugestivas.
  • Ahora bien, la segunda posibilidad que es la que más resistencia genera sería interpretar que siempre que se llame a declarar a la parte contraria (es decir, si el demandante llama a declarar al accionado y viceversa), se debe entender que estamos en un contrainterrogatorio, por ende, cuando una parte llame a la otra a declaración se aceptarán -sin excepciones ni limitaciones- las preguntas sugestivas.

Esta última interpretación me parece la más adecuada, lógica y acertada desde la técnica jurídica hasta por motivos de un adecuado ejercicio del derecho a la defensa. En cuanto a la técnica, se recomienda que cuando estemos ante un declarante adverso (sea testigo, parte o perito), el abogado debe manejarse con preguntas sugestivas, ya que estas le confieren mayor margen de control durante esa declaración; por otro lado, esto constituye un mejor ejercicio del derecho a la defensa, ya que el uso de preguntas sugestivas es una de las maneras más palpables de ejercer la contradicción, lo cual redunda en el derecho a la defensa.

Por último, no está de más pensar en razones lógicas y de sentido común de que la interpretación del Art. 177.7 del COGEP que se propone es acertada:

  • No tiene ninguna lógica que al declarante contrario no se le puedan hacer preguntas sugestivas. Tendríamos que limitarnos a realizar sobre todo preguntas abiertas, las cuales se caracterizan por darle bastante margen para que el declarante se extienda en sus relatos. Si no nos permiten hacer preguntas sugestivas a la contraparte cuando se la llama a rendir declaración, estaríamos condenados a darle demasiada ventaja al rival, lo que tornaría a la declaración de parte contraria en una prueba casi inútil y poco ventajosa para la defensa de los legítimos intereses de nuestros clientes.
  • Luego, caeríamos en el mayor absurdo de que si por ejemplo llamamos a la contraparte a declarar y por la equivocada interpretación del Art. 177.7 del COGEP, nos prohíban las preguntas sugestivas, el abogado contrario tendrá derecho a contraexaminar a su propio cliente, haciéndole preguntas sugestivas. Esto sería algo tirado de los cabellos.

Por esto lanzo esta interpretación, ya que considero es la que debe aplicarse en toda declaración de parte. Debo también reconocer que habría necesidad de acudir esta interpretación si el artículo fuese claro. Lamentablemente, por la forma en que está redactado, nacen estas confusiones.

En conclusión, la interpretación correcta de la última parte del Art. 177.7 del COGEP sería esta: en todo caso en que una parte llame a la otra a declarar, se procederá como en un contrainterrogatorio, por lo que estará permitida la formulación de preguntas sugestivas.

Gracias por la visita.

¿Cuál es la forma de atacar la falsedad de un título ejecutivo? Ricardo Hernández lo explica en su libro.

Reconozco que con esta entrada estoy -por decirlo de alguna forma- cumpliendo con una “deuda moral” con el abogado Ricardo Hernández González. Conocí a Ricardo en tiempos de semiaislamiento por la pandemia del Covid-19, todo por vía virtual gracias a la iniciativa de Jorge Luis Mazón. Sin conocernos en persona Ricardo tuvo la enorme amabilidad de obsequiarme su libro, no solo en una, sino en tres ocasiones. Me explico: primero me envió dos ejemplares de la primera edición de su libro, luego, cuando lanzó la segunda edición del mismo, tuvo otra vez el enorme gesto de enviármelo.

Digo que tengo una deuda moral ya que el libro lo he usado muchísimo, lo he leído completo en dos ocasiones y le he encontrado una aplicación práctica innegable, por lo que desde hace algún tiempo tenía planificado hacer una entrada en mi blog sobre esto.

El libro en cuestión se titula “El Procedimiento Ejecutivo y su sistema de excepciones tasadas establecido en el Código Orgánico General de Procesos” (Ediciones Legales, 2021, en la actualidad en su segunda edición). Como se lo comenté en algún momento a Ricardo, el título es engañoso, ya que hace pensar que se limita a la explicación del trámite de los procedimientos ejecutivos; sin embargo, la obra va mucho más allá, ya que -a pesar de no ser extensa- también contiene una sucinta explicación de todas las excepciones previas del COGEP, así como las excepciones propias del juicio ejecutivo, lo cual se agradece.

El texto cuenta con una buena dosis de doctrina y legislación comparada respecto al juicio ejecutivo. Se puede decir -al menos en mi criterio- de que el libro busca establecer que el hecho de que nuestra legislación procesal prevea que el demandado en un juicio ejecutivo tenga opciones limitadas para oponerse al mismo, esto no entraña una limitación a su derecho a la defensa.

Dicho esto quiero tocar el punto que señalo en el título de esta entrada. Desde la época de vigencia del Código de Procedimiento Civil (CPC), he visto a los abogados excepcionarse en un juicio ejecutivo alegando la “falsedad del título”. Me ha tocado ver además, que muchas veces se confunde la figura de la nulidad y la falsedad del título; y, además, he visto también que en la mayoría de casos, los jueces rechazan esta excepción.

En el acápite 2.4.2 del libro de Ricardo se hace un análisis sobre este tema, por lo cual lo resumo:

  • Esta excepción de “nulidad formal o falsedad del título”, la encontramos en el Art. 353.2 del COGEP; y, si la miramos bien, nos damos cuenta de que en realidad estamos ante dos excepciones diversas.
  • La nulidad del título se origina cuando del mismo se aprecie que carece uno de los requisitos previsto en la ley para que el mismo tenga validez.
  • Por otro lado, tenemos a la falsedad. Ricardo explica que no se debe confundir la falsedad del título con la inhabilidad o falta de ejecutividad. “La primera procede cuando el título que sirve de base para la ejecución ha sido materialmente adulterado, total o parcialmente, mientras que la excepción de inhabilidad del título procede cuando se cuestiona la idoneidad jurídica del título…” (p. 76 del libro).
  • La otra precisión importante que se realiza respecto a la falsedad del título surge al tratar de identificar si la excepción contempla la falsedad material y la ideológica. El criterio que se explica en la obra es que la falsedad material (cuando estamos ante un título adulterado), entra en la excepción, por lo que se la puede deducir al contestar la demanda ejecutivo.
  • Entonces, la pregunta clave es: ¿Se puede discutir en un juicio ejecutivo la excepción previa de falsedad ideológica del título? La respuesta que nos proporciona Ricardo (la cual comparto) es que no, ya que en esta situación lo que se está haciendo en verdad es cuestionar el origen de la obligación, lo cual no es concordante con la naturaleza y características del título ejecutivo, en el que no se entra debatir sobre derechos que aún son controvertidos entre las partes.
  • En conclusión: la excepción de falsedad del título, propia del juicio ejecutivo, solo debería deducirse cuando se alegue falsedad material; en cambio, si se trata de falsedad ideológica, se la debe perseguir en juicio aparte (Ricardo anota que en el caso del Art. 130 del Código de Comercio, sobre la letra de cambio, habría una excepción).

En fin, el libro de Ricardo es un texto infaltable para toda persona que se dedique, o quiera dedicarse, al litigio. Créanme, no se dejen llevar por el título, ya que no solo lo usarán para los juicios ejecutivos, sino para todo tipo de procesos, sobre todo cuando les toque contestar una demanda o una reconvención y necesiten ideas claras sobre las excepciones previas.

Gracias por la visita.

¿La citación telemática es un método de citación autónomo o es un simple paso previo a la citación por medios de prensa?

Dediqué una entrada a explicar los pasos que debe cumplir la citación telemática (https://alfredocuadros.com/tag/citacion/ ), a la luz de la actual redacción del Art. 55 de nuestro Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

El día de hoy quiero tocar un tema que me parece también muy pertinente y actual, esto es, tratar de determinar -en este modesto blog- si la citación telemática es un método de citación “autónomo y autosuficiente” o, tan solo es un requisito previo optativo antes de que se practique la citación por medio de prensa. La idea de este blog surgió por cuanto he visto en redes sociales que ya varios colegas han contado que en casos que han manejado, luego de bregar para que se conceda la citación telemática en los juicios que patrocinan, ciertos juzgadores advierten que la misma no se la debe tomar como citación “oficial”, por lo que todavía deben cumplirse los pasos para la citación por medios de prensa.

Ante esto, hago llegar mis razonas por las cuales considero que la citación telemática es por sí misma, un medio de citación autónomo y autosuficiente; es decir, una vez verificada la misma, ya se debe comprender para los efectos procesales pertinentes, que la parte accionada está citada.

Veamos:

Primero, me parece necesario empezar con la lectura del actual Art. 55 del COGEP:

“Art. 55.- Citación por boletas.- Si no se encuentra personalmente a la o el demandado, se le citará por medio de tres boletas que se entregarán en días distintos en su domicilio, residencia, lugar de trabajo o asiento principal de sus negocios a cualquier persona de la familia. Si no se encuentra a persona alguna a quien entregarlas se fijarán en la puerta del lugar de habitación.

La citación por boletas a la o el representante legal de una persona jurídica se hará en el respectivo establecimiento, oficina o lugar de trabajo, en días y horas hábiles, entregándolas a uno de sus dependientes o empleados, previa constatación de que se encuentra activo.

A quien no se les pueda encontrar personalmente o cuyo domicilio o residencia sea imposible determinar previo a citar por la prensa, se le podrá citar de forma telemática por boletas bajo las siguientes reglas:

 1. A las personas naturales en el buzón electrónico ciudadano previsto por la ley, una vez que lo hayan abierto.

2. A las personas naturales o jurídicas, cuando en un contrato conste la aceptación clara y expresa para ser citados por ese medio y la dirección de correo electrónico correspondiente.

3. A las personas jurídicas sometidas al control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; Superintendencia de Bancos; y, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, a través del correo electrónico que se encuentre registrado en el ente de control.

La citación telemática se realizará con el envío de tres boletas de citación al demandado, en tres días distintos, desde la cuenta institucional del actuario de la judicatura. A la citación por correo electrónico se adjuntará la demanda o la petición de una diligencia preparatoria y las providencias recaídas en ellas.

La constancia y certificación de haberse practicado la citación telemática será agregada al expediente. Dicha constancia deberá incluir tanto los correos electrónicos enviados, así como la verificación de recepción o lectura.

 Para el cumplimiento de la citación telemática, no será necesaria la generación de exhortos, deprecatorios o comisiones”.

Ahora, si bien es cierto la redacción del tercer párrafo de esta disposición -en donde se introduce la citación telemática- pudo haber sido mejor, ya que esa frase “previo a citar por la prensa” es la que causa el problema, considero que hay argumentos jurídicos para sustentar que la citación telemática basta por sí sola.

Me centraré en el derecho a la tutela judicial efectiva (Art. 75 de la Constitución). Sobre esto, el tratadista Jorge Zavala señala “Con otras palabras el artículo 75 reconoce el derecho fundamental a la tutela, mientras que el artículo 76 comprende el debido proceso que sólo se entiende satisfecho si se cumplen las garantías que son sus concreciones en los numerales 1) al 7), sin el cumplimiento de las cuales no habrá debido proceso ni tampoco tutela judicial efectiva” (sic) (con cursivas en el original) (Zavala Egas, Jorge, Derecho Costitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación Jurídica, Guayaquil, Edilex, 2010 p. 307).  Solo como comentario, los artículos a los que se hace referencia en el párrafo transcrito (75 y 76) son de la Constitución.

Como se conoce, la tutela judicial efectiva se componte, a grandes rasgos, de tres elementos igual de importantes: (1) acceso al sistema judicial; (2) que se cumpla con el debido proceso; y, (3) que las resoluciones que se dicten en un proceso judicial sean ejecutadas en tiempo razonable.

Nuestra Corte Constitucional ha señalado -respecto al tema del debido proceso, en lo atinente al derecho a la defensa-, lo siguiente: “Es en virtud del derecho a la defensa que se concede a las personas la facultad de acceder a los medios necesarios para hacer respetar sus derechos en el desarrollo de un proceso legal, ya sea contradiciendo los hechos alegados por la parte contraria o cualquier otro medio que permita el desarrollo de su defensa en concordancia con las garantías establecidas en la Norma Suprema” (Sentencia No. 120-16-SEP-CC).

Es decir:

  • El derecho a la defensa asiste tanto a la parte actora como a la demandada en todo proceso judicial.
  • Una de las facetas del derecho a la defensa, es que el ciudadano pueda acceder a los medios necesarios para respetar sus derechos. Este acceso implica que las partes dentro de un proceso, pueden hacer uso de todo mecanismo que facilite la buena prosecución de sus respectivas pretensiones dentro de un trámite judicial.
  • Por ello, acceder a una modalidad de citación que se valga de medios telemáticos es, sin duda alguna, una manera de ejercicio palpable de la tutela judicial efectiva.

Ahora bien, el Art. 11, numeral quinto de la Constitución señala que en materia de “garantías y derechos constitucionales”, todo servidor público -entre estos los judiciales-, deben aplicar “la norma y la interpretación” que más favorezca a la vigencia de la garantía y el derecho (el famosísimo principio pro homine). En estos casos, como bien lo explica el tratadista Rafael Oyarte no habría contradicción, ya que “la solución a la antinomia no está dada por el principio jerárquico, sino por la aplicación de la norma que sea más favorable” (Oyarte Rafel, Debido Proceso. Segunda Edición, Quito, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2016, p. 7).

Con esto, planteo estas preguntas:

  • Si por la redacción del tercer párrafo del Art. 55 del COGEP, se puede interpretar que la citación por medios telemáticos sea (1) un medio de citación autónomo y autosuficiente; o, (2) apenas un paso optativo que es previo a la citación por prensa, ¿Cuál sería la interpretación que más favorece al ejercicio de la tutela judicial efectiva? ¿Cuál es la interpretación que más favorece al acceso a la justicia?

A la luz de estas interrogantes, resulta claro afirmar que la citación por medios telemáticos, al ser considerada como un método autónomo y autosuficiente, permite un acceso pleno y adecuado a la tutela judicial efectiva. La interpretación contraria, esto es, que la citación telemática es tan solo un trámite previo a la citación a través de la prensa, en cambio, constituye un obstáculo procesal que retrasa y dificulta el acceso a la justicia, lo que implica a su vez una lesión a la tutela judicial efectiva del usuario del sistema procesal.

En pocas palabras, la interpretación de la citación telemática como una forma propia y suficiente de perfeccionar el acto citatorio, es la que más favorece a la tutela judicial efectiva.

Espero estas breves líneas sirvan como aporte para este tema, ya que la dificultad de realizar las citaciones es una dura realidad con la que nos estrellamos los abogados que nos dedicamos al litigio. Lamentablemente, la citación por medios telemáticos -que muchos la veíamos como una gran luz al final del túnel- aún no arroja resultados determinantes.

Gracias por la lectura.

Algunas ideas extraídas del libro sobre litigación de Diego Yépez Garcés.

Gracias al programa Los Procesalistas (cuyo director es Jorge Luis Mazón, actual presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal), he podido conocer el valioso trabajo de varios colegas. Una de las ponencias más interesantes fue la de Diego Yépez Garcés, quien habló sobre el testigo hostil, un tema que me ha atrapado bastante y respecto del cual he investigado mucho.

La semana pasada, luego de salir de una audiencia presencial de la Unidad Judicial de la Florida Norte, me topé con el puesto de venta de libros jurídicos que está a la entrada del parqueadero (los que conocen el lugar saben cuál es) y me percaté de que había un libro titulado “Litigación Oral Civil. La contienda adversarial. Trasplante y prueba testimonial”, de Diego Yépez Garcés, por lo que lo adquirí sin pensarlo mucho y en realidad, estoy contento de haberlo hecho.

Al leer aquello de “trasplante” se despertó mi curiosidad. Diego justifica esto por cuanto en su obra explica cómo funciona aquello de trasplantar normativa y técnicas de litigación, propias de otros sistemas (principalmente el anglosajón), a la realidad local. En nuestro caso serían sobre todo la adaptación de las técnicas de examen y contraexamen de testigos, acorde a la evolución que ha vivido la prueba testimonial a lo largo de nuestra historia procesal, conforme hemos ido moviéndonos de un sistema inquisitivo -como lo era antes el Código de Procedimiento Civil (CPC)-, hasta el dispositivo adversarial que recoge el Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

El libro contiene estos capítulos:

  • El sistema oral adversarial y la relación con el Ecuador.
  • Los elementos básicos de la práctica de prueba testimonial adversarial aplicable en el Ecuador.
  • La prueba testimonial oral adversarial en el sistema jurídico ecuatoriano.

Leyendo el libro de Diego me entero de que la primera vez que se permitió una práctica de la prueba testimonial bajo el modelo adversarial – dispositivo, fue gracias a la legislación en materia de niñez y adolescencia. Sin embargo, se deja en claro que el verdadero avance se dio gracias a la normativa adjetiva penal, cuando se permitió la posibilidad de realizar preguntas sugestivas (en otra entrada de mi blog ya he tratado de la importancia de las preguntas sugestivas en un contraexamen, lo pueden revisar aquí https://alfredocuadros.com/2021/06/27/los-cuatro-tipos-de-preguntas-que-podemos-hacer-los-abogados-a-los-diferentes-testigos/ ).

Aprovecho esta entrada para tratar el tema de la prueba testimonial de oficio. En entrada anterior puse unas reflexiones sobre la llamada “prueba para mejor resolver” que trae el COGEP (https://alfredocuadros.com/tag/prueba-para-mejor-resolver/ ), en la cual me aventuré a señalar -gracias también a la opinión de mi amigo y gran abogado Andrés Cervantes Valarezo), que el juez no puede de oficio disponer la declaración de parte o de testigos.

Lo cierto es que Diego trata esto con claridad y suficiencia, para lo cual reflexiona lo siguiente:

  • Recordemos que el CPC señalaba que el juez podía ordenar que se practique prueba de oficio, excluyéndose de esto a la prueba testimonial.
  • El COGEP tan solo trata de la prueba para mejor resolver, en su Art. 168; sin embargo, nada dice acerca de las limitaciones del juez acerca del tipo de prueba que pueda ordenar, señalándose solo parámetros sobre que sea prueba “necesaria para el esclarecimiento de los hechos controvertidos”, aclarando, eso sí, que esta prueba para mejor resolver es excepcional.
  • Con esto, Diego hace notar que continúa vigente el Art. 130.10 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), que contempla la facultad de los jueces para ordenar de oficio la práctica de prueba y, puntualizando que esta disposición no prevé límite alguno.
  • Por ello, desde el punto de vista formal, el juez no tiene impedimentos para disponer la declaración de testigos como prueba para mejor resolver.

Entonces, ¿todo esto quiere decir que el juez bajo la normativa del COGEP puede disponer de oficio la declaración de algún testigo? En su libro, Diego concluye que no, para lo cual nos da argumentos que van desde lo práctico, hasta lo teórico:

  • En primer lugar, las cuestiones prácticas. Si un juez dispone que un testigo comparezca de oficio a declarar surgen varias interrogantes que no tienen una respuesta clara: ¿El juez debe “preparar” a ese testigo? ¿El juez puede hacer todo tipo de preguntas al testigo? ¿Quién inicia el examen directo al testigo? ¿El juez puede empezar a realizar preguntas al testigo? ¿Quién objeta las preguntas del juez? O peor aún, ¿Podrán las partes objetar las preguntas del juez? ¿Cómo pueden saber las partes sobre los hechos que declarará ese testigo llamado por el juez? Es claro que por lógica, esto no puede darse, ya que se desnaturalizaría la práctica de este tipo de pruebas.
  • Por otro lado, Diego apunta a la naturaleza del sistema dispositivo adversarial, en los cuales reluce la neutralidad del juzgador, quien además debe ser imparcial. Por ello, si un juez decide llamar a un testigo por su propia iniciativa, estaría rompiendo su rol como juez imparcial, por lo que se concluye que “el sistema oral adversarial – dispositivo, entra en crisis técnica – jurídica cuando se practica de oficio la prueba testimonial”.

Para ir terminando estas líneas no me queda más que recomendar a los colegas y futuros colegas que adquieran el libro de Diego. El texto está desarrollado en lenguaje claro, con muy buenas referencias bibliográficas, además de que hace un recuento interesante e histórico sobre los orígenes del sistema adversarial y cómo ha ido contagiando a nuestros procesos judiciales. Por si fuera poco, proporciona técnicas de litigación para los testimonios; y, de “yapa”, nos entrega un análisis sobre el uso correcto de las objeciones en el COGEP.

Recomiendo además que visiten y se suscriban a la cuenta de YouTube de Los Procesalistas aquí: https://www.youtube.com/channel/UCS8wRFd0bk9Mp1hfXcpIwDQ  

La charla de Diego sobre el testigo hostil la pueden ver aquí: https://www.youtube.com/watch?v=nZB9loL7BbY

Como siempre, gracias por la visita.

La Corte Constitucional pone en práctica el principio de que no se puede sacrificar la justicia por meras formalidades.

Empiezo esta entrada con un relato que bien puede pasar a cualquiera de nosotros en nuestros respectivos estudios jurídicos:

Días atrás nos notifican una sentencia adversa por lo nos tocará -luego de dar las malas noticias al cliente-, preparar la respectiva apelación. Si esto sucede en un juicio sustanciado con las reglas del COGEP, sabemos que tenemos diez días término para fundamentar la apelación.

Ahora bien, es muy común en los abogados litigantes (y en general toda persona que vive de su actividad), que empecemos a concretar y aterrizar ideas sobre esta apelación en los últimos días. Como alguna vez leí al gran Óscar Fernández León (cuyo blog pueden visitar aquí: https://oscarleon.es/ ) si el abogado sabe que tiene un día para presentar algún escrito por vencimiento del tiempo, ese día se siente como una eternidad.

Volviendo al relato: empezamos a redactar el escrito en la noche previa al vencimiento del término, lo revisamos a la mañana siguiente luego de una reunión con un cliente; lo imprimimos luego del almuerzo y la presentamos una hora antes de que cierren las instalaciones de los juzgados. Salimos de la corte de buen ánimo, contentos por haber realizado un bonito escrito y con la tranquilidad de que ya presentamos la apelación y ya estamos pensando en el siguiente escrito que hay que presentar el día de mañana.

Luego de un par de semanas sin tener noticias del caso recibimos una notificación en la que se manda a sentar razón sobre si se ha presentado la apelación a tiempo. Nos extrañamos, revisamos nuestro escrito y nos damos cuenta de algo que nos paraliza el corazón por al menos un microsegundo: ¡El escrito se presentó haciendo referencia a un juicio equivocado!

Ningún abogado litigante está exento de este tipo de sustos. Precisamente, la Corte Constitucional ha analizado un caso real en que sucedió algo similar: un abogado presentó dentro del término respectivo un escrito contentivo de un recurso de apelación, en el que se había colocado un número de juicio equivocado, por lo que el juzgado de la causa nunca recibió el escrito, con lo cual declaró en firme la sentencia y dispuso el archivo del expediente. El abogado de la parte actora (quien había presentado la apelación), solicitó la revocatoria de la providencia que ordenó el archivo de la causa, que fue negada. Ante esto, el afectado presentó una acción extraordinaria de protección identificando como derechos afectados la tutela judicial efectiva, el debido proceso en las garantías del derecho a la defensa y de recurrir, alegando además que la propia Constitución consagra que no debe sacrificarse la justifica por la simple omisión de solemnidades.

Esta acción extraordinaria de protección se presentó en contra de la sentencia expedida en el juicio y, además, contra la providencia que negó la revocatoria del archivo.

Recordemos las actuaciones procesales precisas:

  • Se dictó sentencia en el juicio 17371-2016-00660.
  • La parte demandante -a través de su abogado- presentó un escrito de apelación con referencia a un número de juicio distinto, esto es el 17371-2015-07000. Este error se dio por cuanto el mismo demandante había presentado una demanda previa que se identificó con este mismo número, la cual fue archivada por considerar el juez que no se la había completado.
  • Luego de que el secretario del despacho informara de que no existe escrito de apelación de la sentencia de alguna de las partes, la jueza dispuso el archivo del expediente.
  • El abogado de la parte actora pidió la revocatoria de la providencia de archivo, para lo cual argumentó que la sentencia fue apelada, aunque reconociendo que hubo un error en el escrito al señalarse un número de otra causa.
  • La jueza negó la revocatoria y ratificó la orden de archivo.

Ante esto, la Corte Constitucional en sentencia No. 2355-16-EP/21 (con ponencia del Juez Constitucional Alí Lozada Prado) declaró con lugar la acción extraordinaria de protección, bajo la premisa general de que el error en el número de identificación del juicio en el escrito de apelación suponía una mera formalidad -ya que por el contexto del escrito se colegía que la apelación estaba dirigida a la sentencia correcta-, que no podía comprometer la prosecución normal del proceso. Para llegar a esta decisión la Corte, en fallo de mayoría, determinó lo siguiente;

  • La Corte resalta que el error en el escrito fue un “lapsus calami” que podría ser superado.
  • Que negar una apelación por temas formales vulnera el derecho fundamental a recurrir.
  • El auto que negó la revocatoria de la providencia que dispuso el archivo es un auto definitivo que puso fin al proceso, por tanto, puede ser objeto de análisis en una acción extraordinaria de protección.
  • En consecuencia, en sentencia (1) se acepta la acción extraordinaria de protección, (2) se declara que la providencia impugnada vulneró el derecho a la defensa del actor, en la garantía de recurrir, (3) se deja sin efecto el auto en el que se dispuso el archivo de la causa; y, (4) se dispuso que se reenvíe el proceso para que se prosiga con la sustanciación.

La sentencia tiene un voto concurrente, emitido por la Jueza constitucional Daniela Salazar Marín, el cual no tiene desperdicio.

En este voto concurrente se señala que el auto mediante el cual se negó la revocatoria de la providencia en la que se dispuso el archivo de la causa no es en sí misma un auto definitivo, por las siguientes razones:

  • Recordemos que en este caso hubo una sentencia, luego, la providencia de archivo; y, por último, la providencia que negó la revocatoria del archivo.
  • Entonces, se indica en el voto concurrente que la última providencia (la que negó la revocatoria del archivo), no tiene el carácter de definitivo, ya que no resolvió las pretensiones de fondo, tan solo es una disposición que sirve para el expediente sea guardado para que no forme parte de los procesos activos en el despacho del juzgado.
  • El verdadero auto definitivo es la sentencia, por ello, no pueden coexistir en un mismo proceso dos autos definitivos. Es decir, si se sigue el razonamiento del voto de mayoría, en el juicio que motivó la acción extraordinaria de protección, hay dos autos definitivos, que serían la sentencia y, además, el auto que negó la revocatoria del archivo, lo cual no es correcto.
  • Por esto, se concluye que si bien el auto de negativa de la revocatoria de archivo no es definitivo, sí es un auto que causa un gravamen irreparable, lo cual lo vuelve susceptible de revisión a través de una acción extraordinaria de protección.
  • Por estas razones se enfatiza que esta distinción sobre el auto es necesaria para mantener la línea jurisprudencial que ha mantenido la Corte respecto al tipo de decisiones judiciales que son materia de una acción extraordinaria de protección.

En lo personal considero que esta sentencia puede ser invocada ante casos en que se pretenda pecar de una formalidad extrema. Créanme, ya me ha pasado y la he invocado con buenos resultados.

La sentencia de la Corte Constitucional la pueden consultar aquí http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOic4YjI5MDdlZC0xZDY2LTQxY2ItODA2ZS1mYzJlZTY1MmZmM2UucGRmJ30=

Gracias por la lectura.

Los cuatro tipos de preguntas que podemos hacer los abogados a los diferentes testigos.

Trato siempre de mantener vivo el hábito de la lectura, busco siempre leer nuevas cosas, además de volver a leer libros de los cuales he aprendido mucho.

Uno de estos libros es el titulado “Mi primer juicio oral. ¿Dónde me siento? ¿Y qué diré?” de Steven H. Goldberg (sobre el cual alguna vez ya hice una entrada en mi blog https://alfredocuadros.com/2018/11/30/lo-que-aprendi-del-libro-mi-primer-juicio-oral-donde-me-siento-y-que-dire-de-steven-h-goldberg/ ). En estos últimos días lo he estado releyendo y me ha refrescado y recordado ciertas ideas que son aplicables a la práctica del abogado litigante.

Buena parte del libro de Goldberg trata acerca de la práctica de la prueba testimonial (tanto para el examen directo como para el contraexamen). Esta entrada se centrará a los tipos de preguntas que este autor identifica como aquellas que puede hacer el abogado a los declarantes en juicio.

Estas preguntas son las siguientes:

  • Preguntas abiertas: son aquellas cuya formulación demandan una respuesta que contenga un relato amplio del testigo. Son las típicas que comienzan con “Qué”, “Por qué”, “Cuándo”, “dónde” o, con este tipo de frases: “explique usted”, “describa”, entre otras.
  • Preguntas semiabiertas: estas requieren una respuesta amplia por parte del testigo; no obstante, cierran un poco el espacio de contestación.
  • Preguntas cerradas: las que buscan una respuesta exacta y específica de la persona interrogada.
  • Preguntas sugestivas: las que -como su nombre lo indica- sugieren la respuesta, consisten en poner palabras en la boca del testigo, a tal punto que solo le quede contestar afirmando o negando.

Vamos a usar un ejemplo sobre un tema trivial: el último partido jugado (a la fecha de escribir estas líneas) por la selección de Ecuador en la Copa América, en el cual empató con su similar de Venezuela dos a dos. Supongamos que no hemos podido ver el partido y conversamos con un amigo que vio todo el cotejo, por lo que le hacemos algunas preguntas para enterarnos más de las cosas que sucedieron en la cancha:

  • Pregunta abierta: ¿Cómo se desarrolló el partido? Como se ve, nuestro amigo ha sido invitado a darnos una narración amplia sobre todo lo que aconteció en el campo de juego.
  • Pegunta semiabierta: ¿Cómo fue el segundo gol de Ecuador? Aquí, nuestro amigo tendrá que hacer una declaración extensa, aunque, deberá limitarse a lo que acontecido en la segunda anotación de la selección.
  • Pregunta cerrada: ¿Quién hizo los goles de Ecuador? Se está pidiendo una respuesta determinada; esto es, no le estamos pidiendo a nuestro amigo que nos cuente o nos proporcione varios detalles sobre el suceso, tan solo que nos diga quiénes fueron los que anotaron goles por Ecuador en el partido.
  • Pregunta sugestiva ¿Es verdad que la selección de Venezuela nos empató en apenas seis minutos? La típica pregunta sugestiva. Estamos ya introduciendo información en la pregunta. La contestación requiere por ello, solo un “sí” o un “no” para que esté contestada en su totalidad.

Repitiendo el ejercicio en un caso ya más serio, imaginemos ahora que tenemos a un testigo de un accidente de tránsito ocasionado por un vehículo que se pasó la luz roja, el cual tuvo como resultado un total de tres vehículos afectados. Estas podrían ser las preguntas:

  • Pregunta abierta: Descríbanos las circunstancias en las que se dio el choque.
  • Pregunta semiabierta: ¿Qué sucedió con los tres vehículos que se afectaron por el choque?
  • Pregunta cerrada: ¿Cuántos vehículos resultaron con daños materiales?
  • Pregunta sugestiva: El choque fue causado por cuanto un vehículo no respetó la luz roja, ¿verdad?

Para el litigante es muy importante tener claro este tipo de preguntas, ya que su adecuado uso permitirá tener un mayor o menor control del testigo. Esto es:

  • La pregunta abierta cede el mayor protagonismo al testigo, ya que se le da cancha abierta para que se extienda en su relato. El abogado juega un rol secundario, tiene el menor control. Estas preguntas son las de cajón para un examen directo.
  • La pregunta semiabierta tiene casi el mismo efecto que la pregunta cerrada. Persiste un mayor protagonismo al testigo al ser comparado con la participación del abogado.
  • Con la pregunta cerrada podemos decir que los papeles del abogado y el testigo se igualan.
  • La pregunta sugestiva le otorga mayor control al abogado y un menor protagonismo al testigo, ya que se busca que se reduzca su participación a una simple afirmación o negación. Es por esto que estas últimas son las que se recomiendan en todo contraexamen.

En fin, espero esta información sea de utilidad.

Gracias por la lectura.

Reflexiones iniciales sobre la litispendencia administrativa en materia de propiedad intelectual.

En nueva ocasión, un programa de Los Procesalistas sirve de inspiración para una entrada en mi blog. Tomando como base la gran charla de Flavio Arosemena Burbano sobre las acciones judiciales especiales en propiedad intelectual, en la cual topó algo que podemos llamar “litispendencia administrativa”, me animé a escribir esto.

El Art. 538 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (al cual de cariño se le dice “Código Ingenios”), en su primer párrafo nos indica:

Art. 538.- Conflicto de competencias.- En los procesos judiciales o procedimientos administrativos en los que guarden entre sí identidad de personas, objetos y derechos controvertidos de propiedad intelectual, el juez o la autoridad administrativa que radique primero la competencia será la que continúe conociendo la causa y la autoridad que haya avocado el conocimiento de la causa posteriormente, deberá suspender su tramitación hasta que la causa primigenia sea resuelta, independientemente de la autoridad y la vía en la que fueron iniciadas.”

Como puede observarse, esta disposición establece una litispendencia que puede ser judicial o administrativa, dependiendo acerca de qué autoridad conoció primero un conflicto en materia de propiedad intelectual.

Realizo las siguientes precisiones:

  • En materia de propiedad intelectual, en sede administrativa no se suelen dar los típicos casos en que se enfrenta a la misma administración (como sucede por ejemplo con la seguridad social o el Servicio de Rentas Internas). Una buena parte del movimiento ante el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales -SENADI-, son los procedimientos administrativos que inicia un particular contra otro (mediante una “tutela administrativa”), en búsqueda de sanción por infracción de este tipo de derechos.
  • Resulta que si se inicia una tutela administrativa de un particular contra otro, antes de que este trámite ante el SENADI se resuelva, no se puede presentar una demanda ante un juez; y, en caso de presentársela, por disposición legal, el juez no podrá proseguir con el trámite.
  • Lo mismo sucede a la inversa, esto es, si se inicia un juicio, ninguna de las partes podría llevar la misma situación a conocimiento del SENADI.
  • El artículo declara “ganador” en esta lucha entre sedes a la autoridad que “radique primero la competencia”. Debemos entender -por el contexto del artículo-, que esto significa que prevalecerá la autoridad que sea la primera en avocar conocimiento. Nótese que no se sigue en estricto aquello de “primero en el tiempo, primero en el derecho”, ya que no tendrá preferencia la sede en la que se presentó primero el reclamo, sino aquella  autoridad que emitió auto avocando conocimiento en primer orden.
  • Hay que hacer notar que se requieren tres elementos para que exista esta litis pendencia: identidad de (i) personas, (ii) objetos; y, (iii) derechos controvertidos de propiedad intelectual.
  • Algo que se destaca es que la autoridad a la cual se la plantea esta “litis pendencia” no debe archivar su respectivo trámite, sino que debe suspenderlo hasta que la causa previa se resuelva. Se entiende que debe ser una resolución en firme.

Ahora, como me muevo más en los círculos judiciales, este artículo me llevó a reflexionar sobre lo que sucedería en un juicio que verse sobre propiedad intelectual, en donde las mismas partes ya se están enfrentando ante el SENADI. Siendo más concreto, ¿ameritarían estas situaciones deducir excepciones previas? ¿sería el tema motivo de excepción de fondo?

Planteo este ejercicio práctico, que no es para nada rebuscado ni improbable: (1) el individuo Steve Trabajos, presenta una tutela administrativa contra el señor Billy Puertas ante el SENADI, por un tema de diseño industrial; (2) El SENADI avoca conocimiento de la tutela; (3) Como contrataque, el señor Billy Puertas presenta demanda contra Steve Trabajos, por observancia positiva, alegando que en cambio, le están copiando su diseño industrial.

¿Qué harían ustedes como abogados del señor Steve Trabajos luego de que su cliente es citado? (supongamos que por esos milagros de la vida, la citación se verificó rápidamente).

Con estos antecedentes, trataré de lanzar unas ideas iniciales:

1.- Invocar el Art. 538 del Código Ingenios como alegación y excepción de fondo al momento de contestar una demanda que verse sobre propiedad intelectual.

Una opción -que es la que menos me agrada- es contestar la demanda y, al hacer un pronunciamiento de los hechos, decirle al juez, con la justificación del caso, de que existe ya el mismo conflicto planteado en sede administrativa y, por ello, en virtud del Art. 538 del Código Ingenios el juez debe suspender el trámite del juicio.

Aquí, se deduciría una suerte de “improcedencia de prosecución de la causa” o, “improcedencia de la acción”, por lo que le pediríamos al juez que en sentencia señale que por mandato legal, debe suspender la tramitación. O, cuando menos, que mediante auto interlocutorio lo haga.

Insisto, esta es la opción que menos me gusta.

2.- Invocar el Art. 538 del Código Ingenios y deducir excepción previa.

Esto ya se puso interesante. Esta disposición me puso a pensar (o si quiere “filosofar”, con una copa de vino al lado), sobre si amerita este artículo deducir alguna excepción previa.

¿Cuál, o cuáles, serían estas excepciones previas? Me atrevo a señalar dos: la litispedencia y, la falta de competencia del juzgador.

¿Porqué la litispendencia? Por la forma en que está desarrollado el Art. 538 ibídem. La razón es que el juez no puede continuar el trámite del juicio planteado ante él, debido a que se está litigando -en el área administrativa- la misma situación. Ahora, reconozco que no convence del todo esto, ya que la litispendencia prevista como excepción previa del COGEP, se entiende pensada entre procesos judiciales, no entre un juicio y un proceso administrativo.

La otra sería la falta de competencia. Para esto, hay que notar que el Art. 538 tiene como encabezado el título “Conflicto de competencias”. Pero en estos eventos, ¿qué tipo de competencia se vería afectada? Se parte de la premisa de que ambas autoridades son competentes, sin embargo, prevalecerá la primera que avocó conocimiento del conflicto. Por otro lado, cuando un juez acepta la excepción previa de falta de competencia -como se conoce-, debe inhibirse y enviar al juez competente todo lo actuado, además, si la falta de competencia es en virtud de la materia, debe declararse la nulidad. El 538 del Código Ingenios es claro en manifestar que el juez no debe remitir lo actuado a la autoridad administrativa, sino suspender el trámite hasta que existe resolución.

Ahondando en este último punto traigo otras ideas, las cuales trataré de explicar:

  • Cuando ante el SENADI se inicia un conflicto entre particulares, mediante una tutela administrativa, la respectiva resolución -que no necesariamente debe ser la definitiva-, puede ser impugnada ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
  • En el caso ficticio que puse: supongamos que Steve Trabajos logró una victoria sobre Bill Puertas en la última instancia administrativa del SENADI. Lo que le queda a Bill Puertas es presentar un recurso subjetivo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (299 del COGEP), no ante un juez de lo civil.
  • En el juicio que se sustancie ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se deberá notificar a Steve Puertas para que ejerza su derecho de comparecer como tercero interesado a que se mantenga incólume la resolución del SENADI.
  • Entonces vemos algo interesante: al final del día, el iniciar primero el conflicto ante la sede administrativa, sí compromete la competencia del juez civil, ya que la resolución que se emita en la sede administrativa no se impugnará ante él, sino ante los jueces de lo Contencioso Administrativo. En otras palabras, si Bill Puertas acude a impugnar la resolución del SENADI ante el juez civil, éste debe declarar la nulidad y remitir todo al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
  • En consecuencia, (1) el juez suspenderá la causa en espera de la resolución en sede administrativa; (2) una vez se tenga resolución, se le debe hacer conocer al juez esta resolución; (3) si alguna parte quiere impugnar la resolución, el juez debe declararse incompetente, ya que esto está reservado para el Tribunal Contencioso Administrativo, no podría pronunciarse sobre el fondo.
  • Por esto, tiene más sentido -al menos para quien escribe estas líneas- esta alegación como falta de competencia.

3.- Cierre de esta entrada.

El tantas veces indicado Art. 538 del Código Ingenios tiene aún mucha tela que cortar. Solo por agregar una idea suelta: no podría faltar alguien que alegue que el mismo es inconstitucional.

Para darle una vuelta más de tuerca al asunto, la última parte del mencionado artículo señala que será “responsabilidad de las partes dar a conocer a la autoridad correspondiente la existencia del litigio pendiente o el conflicto de competencia”. ¿Qué pasa entonces si la parte llamada a hacerlo no le indica al juez esta circunstancia? ¿Habría la posibilidad de que existan resoluciones contradictorias en sedes administrativa y judicial? ¿El juez podría aplicar este artículo de oficio cuando una de las partes, por ejemplo, en un alegato final acepta que hay un litigio previo en sede administrativa?

En todo caso, espero sirvan estas breves reflexiones para ir poniendo este tema en debate. Como siempre digo en temas nuevos, no aspiro a decir que esto constituye una última palabra.

Gracias por la visita.

¿Estás litigando en una acción de declaratoria de ineficacia de despido intempestivo? Atención con los términos.

Esta entrada tuvo como inspiración directa la excelente y muy didáctica ponencia de la Dra. Enma Tapia Rivera – actual presidenta de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia-, en el programa Los Procesalistas, que se llevó a efecto el pasado día viernes 28 de mayo de 2021.

La Dra. Tapia nos habló sobre los aspectos procesales de la acción de declaratoria de ineficacia del despido, donde tocó varios puntos que me han puesto a reflexionar; por ahora, dedicaré estas líneas para hablar sobre los términos que se aplican en este tipo de acciones.

Lo primero es un tema de precisión: el correcto nombre de esta acción. Muchos abogados -entre los que me incluía- nos limitábamos a llamar a esta acción como una de “despido ineficaz”. Como bien lo distinguió la Dra. Enma Tapia, la denominación acertada de esta acción es la de “declaratoria de ineficacia de despido”.

Se parte de la idea de que para presentar una acción de este tipo es que debe existir un despido intempestivo. Sin embargo, no toda terminación unilateral de contrato de trabajo se sustanciará mediante esta acción. Resulta válido recordar quiénes se amparan con la misma:

  • Trabajadoras mujeres que son despedidas por su estado de embarazo, o asociado a su condición de gestación o amovilidad.
  • Dirigentes sindicales.
  • Despido por discriminación, sea por afectar al trabajador por su condición de adulto mayor, orientación sexual, entre otros.
  • Despido injustificado de una persona con discapacidad o, que tuviere a su cargo la manutención de una persona con discapacidad.

Por su parte, en el COGEP encontramos en el Art. 332, las acciones que se sustancian por el procedimiento sumario. Hay que tomar en cuenta de que la regla general es que toda demanda que verse sobre relaciones laborales se debe encausar por la vía sumaria, conforme lo determina el 575 del Código del Trabajo (excepto la acción que contiene el reclamo del trabajador sobre remuneraciones mensuales o adicionales que no fueran pagadas en forma oportuna, que se llevará en procedimiento monitorio, conforme al 356.5 ibídem).

Con esto, tenemos que el propio Art. 332 del COGEP, en su numeral octavo se puntualiza que en las “controversias originadas en el despido intempestivo de mujeres embarazadas o en período de lactancia y de los dirigentes sindicales, se aplicará los términos reducidos como en el caso de niñez y adolescencia” (sic).

La primera consecuencia lógica que sacamos de este artículo es que todas las acciones que buscan la declaratoria de ineficacia del despido que tengan que ver con (1) mujeres embarazadas; (2) mujeres en período de lactancia; y, (3) dirigentes sindicales -dejando fuera por ello a los despidos por discriminación y de persona con discapacidad o sustituta-, tendrán un término de 10 días para ser contestadas, ya que el 333.3 del mismo COGEP indica este término reducido para la contestación. No está de más indicar que en todo procedimiento sumario común y silvestre, el término para contestar la demanda será de quince días; si es un juicio de niñez y adolescencia, o de declaratoria de ineficacia del despido en los casos anotados, de diez días; y, el Estado las instituciones del sector público tienen treinta días hábiles para contestar.

Hasta antes de escuchar la ponencia de la Dra. Enma Tapia pensaba que hasta ahí llegaba el asunto de los términos especiales y reducidos para este tipo de acciones. Sin embargo, con una precisión quirúrgica la doctora Tapia hizo ver que el término para presentar y/o fundamentar la apelación en estos juicios también se verá reducido a cinco días término, conforme al último párrafo del Art. 257 del COGEP. En otras palabras, para presentar y/o fundamentar la apelación en juicios en los que se discuta la declaratoria de ineficacia del despido, los litigantes tienen cinco días hábiles; no los diez días que están previstos en el primer párrafo del citado 257 del COGEP.

Esto se concluye por la forma en la que el Art. 332.8 está redactado, ya que habla de aplicación de “los términos reducidos como en el caso de niñez y adolescencia”. Al hablarse de “términos” sin distinción, la norma procesal nos remite a ubicar todas las disposiciones que destina el COGEP para este tipo de juicios, lo cual no se limita a la contestación, ya que también abarca la presentación y/o fundamentación de la apelación… además, la nueva prueba.

Recordemos que la llamada “nueva prueba” es aquella que faculta a la parte actora, que tiene una oportunidad de anunciar medios probatorios específicos para contradecir lo que afirmó el demandado en su respectiva contestación. El Art. 151 del COGEP regula esto, para lo cual prevé que luego de notificar al accionante con el contenido de la contestación, el demandante tendrá diez días hábiles para anunciar “nueva prueba”; y, en el último párrafo de este artículo, se deja en claro que en casos de niñez y adolescencia el término se acortará a tres días.

En síntesis tenemos:

TIPO JUICIO LABORALTÉRMINO PARA CONTESTARTÉRMINO PARA PRESENTAR NUEVA PRUEBATÉRMINO PARA PRESENTAR Y / FUNDAMENTAR  APELACIÓN
Juicio normal (despido intempestivo, impugnación decisión de visto bueno, etc.); excepto de reclamaciones de remuneraciones mensuales o adicionales no pagadas, declaratoria de ineficacia de despido por causas de discriminación o personas con discapacidad, o sustitutos.15 días10 días10 días
Declaratoria de ineficacia de despido de mujeres embarazadas, en lactancia; dirigentes sindicales10 días3 días5 días
Demandas laborales contra el Estado. Demandas laborales contra entidades del sector público30 días10 días10 días

Solo me queda resaltar la sencillez de la doctora Enma Tapia Rivera, quien a pesar de su alta posición en la Corte Nacional, desde un inicio brindó toda la apertura para compartir su valiosa ponencia. Esto es algo que hay que rescatar ya que he conocido a otras personas que llegan a tener algún cargo público algo destacado y a duras penas saludan.

Si es que alguien por aquí no conoce, les comparto la cuenta de twitter de la doctora Tapia que es @EnmaTapiaRivera, en donde pone a disposición de todos los links para presenciar las audiencias telemáticas de los recursos de casación que preside, lo cual comprende una herramienta de aprendizaje invaluable para abogados y futuros colegas.

De igual manera, si quieren ver la charla de la doctora Enma Tapia en Los Procesalistas, les dejo el link: https://www.youtube.com/watch?v=yKV-9RBvXGw&t=3962s

Los invito también a visitar y suscribirse en el canal oficial de YouTube de Los Procesalistas: https://www.youtube.com/channel/UCS8wRFd0bk9Mp1hfXcpIwDQ

Gracias por la lectura.

¿Se deberían admitir los testimonios referenciales? (Parte II)

En la entrada anterior indiqué que el testimonio referencial -al menos en la legislación anglosajona, que lo identifica como hearsay-, no es admisible; sin embargo, esto tiene sus excepciones en el derecho comparado.

Las Federal Rules of Evidence (Reglas Federales de Evidencia) prevén un listado abierto de excepciones al hearsay, dejando la puerta abierta señalando que incluso la Corte Suprema de los Estados Unidos de América puede, a través de sus sentencias, crear más excepciones. En síntesis, las excepciones al hearsay del derecho norteamericano pueden provenir de (i) un estatuto federal; (ii) las propias reglas de la evidencia; (iii) otras que desarrolle la Corte Suprema.

En lo principal, las Reglas Federales de Evidencia números 803 y 804, cubren algunas excepciones sobre el hearsay. La idea central que motiva las excepciones para permitir un testimonio referencial, es cuando se entiende que la declaración motivo del mismo es verdadera.

¿En qué situaciones se verificaría esto? Hay ciertos escenarios que se citan:

  • Cuando la declaración se realiza en un ambiente en el que la persona no tiene tiempo de mentir o idear algo que no es cierto. Se pone como ejemplo una llamada de emergencia al 911. La persona que recibe la llamada puede testificar sobre lo que le dijo el usuario que llamó al número de emergencia; se asume que ante la situación apremiante de la persona que hace la llamada, no tiene intención de mentir. Por ello, en esta situación, es admisible que la persona que recibió la llamada declare sobre lo que el usuario del servicio le contó en la conversación telefónica.
  • Otra excepción se da cuando la declaración está contenida en un documento con origen verificable y confiable (para esto, recordemos que una declaración puede ser verbal, escrita; e incluso no verbal). Por ejemplo, bien puede permitirse la referencia del testigo a cierta información que leyó de un archivo oficial de una entidad pública, ya que esto se puede corroborar acudiendo a los respectivos archivos.
  • La más curiosa de estas excepciones es la bautizada como deathbed confession (confesión en el lecho de muerte). Se parte de la idea de que antes de morir, toda persona busca dejar en orden todo problema en vida. Por esto, por pintar un evento, si una persona antes de morir le confiesa a un amigo alguna situación que puede tener efectos jurídicos, el testimonio de este amigo puede permitirse. En una anterior entrada hablé sobre el libro Lincoln´s last Trial. The murder case that propelled him to the presidency (que puede traducirse sin mucho esfuerzo como “El último juicio de Lincoln. El caso de asesinato que lo propulsó a la presidencia”). Este libro nos hace una crónica de un juicio en el que Lincoln defendió a una persona acusada de asesinar a otro hombre en medio de una riña. Lincoln esgrimió su estrategia con el argumento de que el acusado actuó en defensa propia. Entre las pruebas actuadas por Lincoln estuvo el testimonio de un ministro religioso, quien contó que acompañó a la víctima hasta antes de su muerte y, por ello, podía dar fe de que antes de partir a otro mundo, la víctima reconoció que el acusado no tenía responsabilidad en la tragedia, ya que solo se limitó a defenderse. (Pueden leer la entrada de mi blog sobre este libro aquí: https://alfredocuadros.com/2021/03/07/abraham-lincoln-el-litigante/ )

Ahora, hay un tema que me pareció muy interesante sobre el hearsay, el cual trata sobre las vías para dar fuerza o, en cambio, atacar a este testimonio referencial:

  • Si se acepta un testimonio referencial, cualquiera de las partes puede presentar prueba ya sea para reforzar o restar credibilidad a este testimonio. Algo parecido tenemos en nuestro COGEP, en el Art. 223, al tratar sobre la sustentación del informe pericial, lo cual en mi criterio debería extenderse a los testigos.
  • Esta prueba para reforzar o restar credibilidad al testimonio referencial aplica tal cual como si el declarante hubiese comparecido a juicio (una vez más, recordemos que en la entrada anterior se precisó que un testigo no siempre es un declarante).
  • La parte contra la cual se presentó este testimonio referencial, puede solicitar que el declarante original comparezca. Ante este evento, el declarante -que ahora sí será testigo-, se someterá de entrada a un contraexamen, no a un examen directo.

Aplicando esto a la realidad local, me aventuro a dar estas opiniones:

  • En nuestro COGEP no se regula el tema del testimonio referencial.
  • Es válido que intentemos objetar una pregunta que busque una respuesta referencial (Ejemplo: ¿Qué le dijo el señor Fulanito cuando vio que usted estaba llegando a su casa?). Recordemos que el listado de objeciones a las preguntas no es cerrado, conforme al Art. 176, primer párrafo, del COGEP. Obvio, el juez decidirá si la objeción prospera o no.
  • En cambio, si al contestar la pregunta, el testigo hace referencia a una declaración obtenida de otra fuente, veo bastante improbable que sea posible objetar la respuesta sobre la base de que es referencial. Esto, por cuanto las objeciones a las respuestas, que están previstas en el Art. 176, segundo párrafo, del COGEP, son cerradas; tan solo pueden hacerse en los casos en que (a) las respuestas van más allá de lo preguntado, (b) no guardan relación con las preguntas formuladas; o, (c) son parcializadas. Puede ser -y enfatizo en esto de que “puede ser”- que argumentemos una objeción señalando que este testimonio referencial va más allá de lo preguntado (aunque lo veo un poco forzado).
  • Si estamos ante un testigo contrario que en el examen directo ha basado la parte sustancial de su relato en cuestiones referenciales, lo más aconsejable -y que me ha servido en la práctica- es buscar, en nuestro contraexamen, resaltar esto para luego, en el alegato final, hacer notar al juez que el testimonio no tiene suficiente fuerza probatoria. Recuerdo un caso de divorcio por causal de abandono que me tocó defender a la parte accionada; en el que los dos testigos nominados por el cónyuge accionante solo se limitaron a decir que sabían que el señor se había separado de su esposa; en mi turno, a través de mis preguntas, ambos testigos reconocieron que esto lo conocían solo por cuanto el actor se los había contado, no por cuanto ellos lo constataron en persona. Esto fue una parte fundamental de mi alegato y se sintió bien ver que incluso en la apelación, los jueces mencionar que el abandono no había sido probado ya que -entre otras cosas-, los testimonios fueron referenciales.

En fin, es todo lo que puedo decir hasta ahora sobre este tema.

Gracias por la lectura.

¿Se deberían admitir los testimonios referenciales? (Parte I)

Hace varios años atrás, conversé con un amigo ciudadano canadiense, quien además es abogado litigante en Canadá, sobre la posibilidad de interponer una demanda en Ecuador por un tema que me estaba contando.

Mientras hacíamos una revisión rápida de los medios probatorios que deberíamos ir recopilando ante esa eventual demanda, se barajó la posibilidad de pedir una declaración de algunos testigos. Mi amigo estaba seguro de que no podría conseguir la colaboración de un testigo que era clave, el cual había rendido un reporte verbal sobre una situación en particular a otra persona. Le consulté si podíamos conseguir a la persona que escuchó este reporte verbal. Ante esto, mi amigo me preguntó si eso no sería un hearsay, lo cual bajo su legislación procesal es inamisible. Le contesté que en Ecuador el hearsay (o la declaración referencial) no está regulada en nuestro Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

La demanda nunca se concretó; sin embargo, esto me motivó a investigar la forma en que se regula este hearsay en derecho comparado, lo cual me llevó a revisar ciertas reglas federales de evidencia (“Federal Rules of Evidence” en inglés) que tratan sobre este tema en el derecho anglosajón.

En primer lugar vale consultarse: ¿Por qué no debería ser permisible un testimonio referencial? (Entiéndase por referencial, un testigo que relata algo que le contaron, o que le escuchó decir a otra persona; o, leyó en algún documento). A primera vista no parecería que exista mayor problema en que este tipo de testimonio sea admisible; no obstante, si lo pensamos con detenimiento, se observa que en estos casos habría una vulneración al derecho a la defensa, ya que no se puede contradecir lo que se dice en el testimonio referencial.

Me explico mejor: si el testigo declara acerca de lo que le contó un tercero sin que este tercero comparezca a juicio, ¿cómo puedo yo como abogado de la otra parte contrastar lo que dijo el tercero si no está disponible? Hay una clara desventaja, que implica que no puedo contradecir esa prueba que se ha presentado en mi contra (Art. 76.7, letra h de la Constitución).

Bajo la óptica del derecho anglosajón se habla del statement, que puede traducirse como una “declaración”. Esta declaración puede ser (i) oral, (ii) escrita; y, (iii) una conducta no verbal, como cuando para aceptar un trato, en lugar de decirle que sí a la otra persona, se le estrecha su mano.

Siguiendo esa línea, toda declaración que se realice fuera de la corte será referencial. Es decir, el testigo que comparece debería relatar algo que él ha percibido directamente por sus sentidos (Art. 189, primera parte, del COGEP); por esto, se entiende que el testigo está “reviviendo los hechos” por así decirlo, está retratando en directo lo que a él le consta ya que lo ha palpado en persona; en cambio, si el testigo se dedica a contar algo que escuchó decir a otra persona, en realidad se está refiriendo a una declaración realizada fuera de la corte por alguien más, alguien que no comparecerá a juicio para verificar esta afirmación.

 Aquí viene algo muy interesante que encontré en la regla federal de evidencia número 801: un declarante no siempre es lo mismo que un testigo.

¿Suena extraño? Espero que después de leer las líneas que vienen a continuación ya no lo sea más.

Un declarante es una persona que realiza una determinada declaración (valga la redundancia), la cual puede ser verbal, escrita o no verbal. Entonces:

  • Si el declarante comparece a juicio como testigo para hacer su propia declaración, el declarante es también testigo. En síntesis, el testigo está dando fe de una declaración propia, por ello, es testigo y a la vez, declarante.
  • Si el testigo comparece a juicio para hablar de una declaración realizada por un tercero -ya sea verbal, escrita o no verbal-, el testigo no será el declarante, ya que el declarante, el que hizo en realidad la declaración que se pretende hacer valer como prueba, no está en la sala del juzgado. Aquí, el testigo no será la misma persona que el declarante.

Para graficar mejor esta última parte, les comparto un diagramita:

Entonces, tenemos que en el derecho anglosajón este testimonio referencial está prohibido. Ahora bien, esto es la regla general, hay excepciones bajo las cuales se permite que un testimonio referencial sea admitido. Estas excepciones serán tratadas en posterior entrada.

Gracias por la visita.