¿Cuándo el juez pude hacer uso de la prueba para mejor resolver?

Leyendo el libro “Oralidad y Prueba el COGEP”, de Osvaldo Gozaini  (obra que recomiendo para los litigantes, la cual es distribuida por la Editorial Jurídica Cevallos), encontré una reseña acerca de cómo ha evolucionado el rol del juez en diversos sistemas procesales. En síntesis señala lo siguiente:

  • El juez espectador –presente en el sistema escrito- que es aquel que tiene un papel pasivo durante el desarrollo del proceso; se limita a observar lo que las partes actúen para que, llegado el momento, emitir su decisión.
  • En otro extremo, el juez dictador, con fuerte actividad en los regímenes autoritarios, donde incluso (como lo relata por ejemplo el Dr. Jorge Zavala Baquerizo en su libro “El Proceso de Nuremberg”), se crearon jueces populares que tenían amplias discreciones para sustanciar el proceso e imponer sus sentencias.
  • Por último, tenemos lo que puede llamarse como un juez director, que es un “magistrado que potencia sus poderes de iniciativa y dirección. Respecto a la instrucción se confirma el papel activo que le toca asumir en el proceso, confiriéndole una amplia iniciativa en la verificación de los hechos relevantes para la solución del litigio, tal como le fue sometido a su conocimiento” (obra citada, página 61).

Me llamó a la reflexión la faceta del juez director, sobre todo cuando alguna vez conversando con mi amigo y actual colega Jair Posligua, nos pusimos a “filosofar” sobre la facultad del juez de solicitar prueba de oficio, conforme al artículo 168 del COGEP, que dispone:

“Art. 168.- Prueba para mejor resolver.- La o el juzgador podrá, excepcionalmente, ordenar de oficio y dejando expresa constancia de las razones de su decisión, la práctica de la prueba que juzgue necesaria para el esclarecimiento de los hechos controvertidos. Por este motivo, la audiencia se podrá suspender hasta por el término de quince días.”.

Lo que conversábamos en su momento con Jair –aunque me sigue gustando utilizar aquello de “filosofábamos”, ya que suena más sofisticado-, era lo dificultoso que sería tratar de establecer criterios objetivos y específicos que pueda usar cualquier juez para ejercer esta facultad de disponer la práctica de prueba por su propia iniciativa; sobre todo por las pocas directrices que arroja la precitada disposición, las cuales podemos verlas de esta forma:

  • Se habla de que la prueba de oficio debe disponerse “excepcionalmente”, lo cual es hasta cierto punto obvio, atendiendo a que un juez no debe comportarse como un investigador de los hechos puestos a su conocimiento. En todo caso, es claro que la prueba de oficio no debe ser la regla general.
  • El otro criterio es que el juez debe “dejar expresa constancia de las razones de su decisión”. Es decir, el juez debe fundamentar y motivar las razones que lo llevaron a disponer la prueba de oficio. Más allá de que esto es bastante lógico y se lo exige para evitar posibles arbitrariedades, se entiende que toda decisión judicial debe ser motivada, por lo que en realidad no es un requisito destinado solo para esta norma.

Por ello, tratando un poco de aportar con ideas a este tema, propongo las siguientes ideas.

  • Primero, hay que tener en cuenta que el juez (1) no puede suplir la negligencia probatoria de las partes que tienen la carga probatoria en el respectivo juicio; (2) no puede investigar hechos que no han sido alegados por las partes; y, (3) no puede ordenar pruebas de oficio para dilatar el trámite del proceso.
  • En este orden de ideas, por ejemplo, el juez no puede usar la facultad del 168 del COGEP para “ayudar” a una de las partes, que tenía la obligación de probar los hechos alegados. Supongamos un juicio ordinario en el que la parte accionada no ha contestado la demanda, por lo que se debe aplicar la regla de que la falta de contestación equivale a negativa pura y simple. Si el actor no prueba sus hechos por su propia falta de diligencia (ya sea por no aportar medios probatorios idóneos, o no practicarlos bien, etcétera), el juez no podría suplir esto con la prueba de oficio.

La clave a mi criterio, podemos irla ubicando tomando al artículo 226 del COGEP como guía. Este artículo habla acerca de la prueba pericial para mejor resolver, el cual señala que luego de presentados –y se entiende sustentados- los informes periciales aportados por los contendores del juicio, que sean “recíprocamente contradictorios o esencialmente divergentes”, el juez debe primero ordenar un debate entre ambos peritos y, si sus dudas persisten, recién en ese momento, podrá disponer que se efectúe un nuevo peritaje, el cual se entiende que tendría un valor aclaratorio e incluso, en lo posible hasta dirimente.

Entonces, aplicando por analogía del caso particular al general (es decir, del caso del  informe pericial para mejor resolver, a la prueba para mejor resolver), las pautas para que un juez disponga la prueba de oficio podrían ser las siguientes:

  • El juez no puede investigar hechos no alegados por las partes. Esto va de la mano con la premisa de que al juez le está vedado también disponer pruebas de oficio sobre algún hecho que él conozca por su cuenta, atendiendo al principio que señala “lo que no está en el proceso, no está en el mundo”.
  • No puede usarse la prueba de oficio para cubrir alguna negligencia probatoria de las partes, esto comprometería mucho incluso la imparcialidad del juzgador.
  • Conforme lo hizo notar un brillante colega Andrés Cervantes, hay que tomar en cuenta que hay ciertas pruebas que objetivamente jamás podría disponer, v.g, declaración de parte, testigo nuevo, juramento decisorio y/o deferido.
  • La prueba para mejor resolver debe ser ordenada por el juez, luego de que todas las pruebas han sido ya practicadas, no antes. De esta manera, se asegura que el juez dispondrá la prueba oficio (1) luego de percibir cómo se desarrolló la actividad probatoria; y, (2) a pesar de esto mantiene sus dudas respecto de los hechos que han alegado las partes y que sirvieron para fijar los puntos del debate principal.

Bueno, espero esta entrada sea productiva.

Gracias por la visita.

Comentarios sobre el libro: “Ensayos críticos sobre el COGEP”, de Jorge Luis Mazón.

Es indudable que las redes sociales bien utilizadas constituyen una fuente interesante de información. En este sentido, hace algún tiempo atrás, encontré en Facebook un grupo denominado  “Los problemas del COGEP”, en el que de una u otra forma han tenido cierto eco las publicaciones de mi blog y otros diagramas informativos que suelo realizar. Este grupo fue fundado por el abogado Jorge Luis Mazón, quien además ha puesto a consideración de la comunidad jurídica el libro de su autoría titulado “Ensayos críticos sobre el COGEP” (Tomo I), sobre el cual escribiré un poco en estas líneas.

El libro se estructura con cinco ensayos que tocan estos temas:

  • El recurso de apelación en el COGEP.
  • Aspectos generales de la actividad probatoria.
  • Sobre la comparecencia de las partes a las audiencias: diferimiento y suspensión de audiencias y polémica por las declaratorias de abandono y sus efectos.
  • La fijación del objeto de la controversia.
  • Sobre la determinación de la cuantía en los juicios y peticiones que se proponen ante los órganos jurisdiccionales.

En cuanto al texto de la obra se agradece mucho que la misma se desarrolle con un lenguaje claro y directo, orientado bastante a la práctica, sin necesidad de utilizar frases y palabras rebuscadas que vuelvan cansina la lectura; sin dejar de realizar razonamientos más profundos sobre ciertos temas, con la ayuda de la cita de varios autores estudiosos de la norma procesal.

Aunque todo el libro es bastante recomendable, en lo personal he sacado muchísimo provecho al ensayo que tiene que ver con los aspectos generales de la actividad probatoria, en el que el autor explica con especial didáctica, algunos aspectos que han causado –y presumo seguirán causando- dificultades a los colegas.

Este ensayo empieza fijando las diferencias entre lo que es un “medio probatorio” y, la “prueba”, lo cual ha generado confusión entre los abogados litigantes (incluso, en un primer momento, también transité por esa zona oscura). En este aspecto, se señala que los “medios probatorios”, llamados también “medios de pruebas”, son “todos los documentos, objetos, instrumentos o acciones concretas que contienen o de donde se extraen los elementos necesarios para llevar al juez los hechos del proceso y producir su convencimiento respecto de los mismos”; mientras que la prueba, “implica aludir tanto al conjunto de la actividad probatoria con más específicamente a una acción de demostración de los hechos, a un ejercicio intelectual que hacemos los abogados cuando introducimos (actuamos) los medios probatorios en el proceso”.

En síntesis, se pueden extraer estas ideas:

  • Medio probatorio es todo aquello que adjuntamos como parte al juicio, para demostrar nuestras aseveraciones al juez.
  • Prueba es el hecho que hemos podido probar –valga la redundancia-, una vez que hemos practicado de manera correcta el medio probatorio.
  • De esto, deviene que el medio probatorio tendrá esta calidad mientras no sea practicado en el juicio; el cual, una vez hecho esto (si cumple todos los requisitos), pasará a considerarse prueba.

Siguiendo con el comentario de este ensayo, no tiene ningún desperdicio la explicación sobre las fases de la actividad probatoria, muy bien detalladas en (1) anuncio; (2) admisibilidad; (3) práctica; y, (4) valoración.

  • Anuncio.- Es la fase de ofrecimiento de los medios probatorios que realizan las partes en sus respectivos actos de proposición y, otros momentos puntuales que permite el COGEP.
  • Admisibilidad.- Los medios probatorios pasan por un “saneamiento probatorio” como lo llama el autor, el cual comprende la participación no solo del juez, sino de las partes, a través de un debate directo en la respectiva audiencia.
  • Práctica.- Esta fase “consiste en presentar ante el juez tanto los medios que han sobrevivido a las fases de ofrecimiento y admisibilidad, como los argumentos demostrativos a través de los cuales convertimos dichos medios probatorios en prueba”, como bien lo explica el autor.
  • Valoración.- Fase en la que el juez decidirá sobre lo determinante o no de una prueba, a efectos de emitir su sentencia.

Jorge Luis Mazón realiza además una didáctica exposición sobre la valoración de la prueba, atendiendo a las reglas correspondientes: (1) cumplir con los términos de solicitar, practicar e incorporar los medios probatorios; (2) apreciación de la prueba en conjunto por parte del juez; (3) aplicación de la sana crítica; y, (4) valoración del juez de  las pruebas que hayan servido para justificar la decisión.

No puedo negar que me dio un poco de gusto leer que en la obra encontré paridad de criterios en ciertos temas, por ejemplo:

Se agradece mucho que el autor se haya tomado el trabajo de realizar la transcripción de todos los artículos que menciona en el desarrollo de los temas; aparte no tienen desperdicio las comparaciones que encuentra entre lo que disponía el CPC y lo que ordena ahora el COGEP.

Si hay que realizar alguna observación libro es sobre temas formales. Encontré ciertos errores en edición, como repeticiones de texto –uno muy llamativo en el prólogo-, saltos de línea, palabras sin separación; sin embargo, estos contados defectos no opacan la calidad jurídica de la obra.

Para cerrar esta entrada solo me queda dejar esta idea: siempre he pensado que uno de los mejores halagos que puede hacerse a un autor de un texto científico, es el de realizar anotaciones y otro tipo de recordatorios en sus páginas. El ejemplar que adquirí del libro “Ensayos críticos sobre el COGEP (Tomo I)” está lleno de apuntes, partes subrayadas y resaltadas que son testimonio –o “medios probatorios” si queremos entrar en la onda- de lo mucho que aprendí. Por ello, a través de este medio extiendo el agradecimiento al colega Jorge Luis Mazón por su esfuerzo y por poner al alcance de la comunidad jurídica sus conocimientos.

Gracias por la visita.

 

¿Qué hacer si la persona que tiene que rendir declaración de parte no comparece?

Esta entrada toca un tema que en realidad no es muy complicado, no obstante, me animé a dedicar unas breves líneas sobre esto, por cuanto muchos colegas que defienden y a sea al actor o al demandado, me han preguntado qué pueden hacer ante la situación de que la persona llamada a declarar no comparezca a la audiencia.

Por ello, a manera de guía puntual y práctica, siempre resulta oportuno y provechoso, dejar las ideas en claro.

Sin más introducción, ahí va:

Caso 1: Nosotros hemos solicitado la declaración de parte.

Estamos defendiendo ya sea al actor o al demandado, observamos que la contraparte ha otorgado procuración judicial a su defensor, por ello, deducimos que no tiene intención de rendir la declaración departe. ¿Qué podemos hacer?

Lo primero que hay que tener en cuenta es determinar si en verdad consideramos necesaria para nuestro caso la declaración de parte contraria. Seguro en este momento te has detenido a pensar algo así como ¡No puede ser! ¡CÓMO ES POSIBLE QUE ESTIME QUE NO ES NECESARIA LA DECLARACIÓN DE LA CONTRAPARTE! Pues es así, tal como lo leíste, ya que aunque todo nuestro instinto de litigante nos grite que siempre, siempre, debemos hacer comparecer al contrincante para que someta todo nervioso y envuelto de transpiración brutal interrogatorio… en ciertas ocasiones no será necesario para nuestro caso, es más, puede que incluso que en puntuales situaciones, resulte hasta perjudicial.

Puedo citar ejemplos reales que me han pasado, en los que he decidido no pedir y/o practicar la declaración de parte e igual he tenido un buen resultado:

  • Cuando existen otras pruebas en el expediente que acrediten lo que quiero probar con la declaración. Obvio, para llegar a esta conclusión, debo tener claro desde un inicio qué es lo que quiero probar con la declaración. Si veo que esos hechos ya tienen su sustento probatorio, no tengo porqué insistir con la declaración.
  • Para no retrasar el trámite de un proceso que va marchando bien.
  • Cuando el contrario pueda usar su declaración como arma para atacar y/o fortalecer su tesis. Supongamos que estamos en un caso en que se reclama un daño moral y la contraparte adopta una posición exagerada de víctima desde el inicio. Aquí, considero es mejor no dar pie para que cuente ante el juez su historia, aprovechando nuestras preguntas.

En todo caso,  la necesidad sobre la práctica de la declaración de parte contraria debemos tomarla sobre la base de todas nuestras pruebas, de las de la otra parte; y, en general, cómo se va desarrollando la respectiva audiencia (muchas veces el rumbo que va tomando la audiencia nos obliga a ir tomando decisiones al andar para apartarnos del plan inicial).

¿Qué pasa si decidimos que no es necesaria la declaración de parte?

Partimos de la premisa que la declaración de parte fue pedida en la demanda o en la respectiva contestación. Estas son nuestras opciones:

  • Desistimos de manera expresa de esta prueba. En procedimientos que tienen audiencia única, al momento de formular las pruebas, indicamos al juez que deseamos desistir de esa prueba.
  • No formularla en la audiencia. Cuando nos toque el turno de formular nuestras pruebas, optamos por no formularla, de esta manera, el juez no emitirá resolución sobre esto y el pedido realizado en la demanda, queda sin efecto.

¿Qué pasa si decidimos que sí es necesaria la declaración de parte?

Aquí nos toca entonces hacer en la misma audiencia un pedido fundamentado al juez, para convencerlo de que la declaración es  una prueba trascendental. (Art. 177.2 del COGEP). En esto, siempre me ha servido tener antes de la audiencia, el argumento listo para exponerlo ante el evento de que no comparezca en persona la parte contraria.

¿El juez niega esta petición?

  • Sí: Entonces debemos apelar en efecto diferido.
  • No: (1) la audiencia se suspende; (2) se señala fecha, día y hora para continuar la audiencia; y, (3) se emite orden de apremio para que el declarante comparezca por la fuerza pública al nuevo señalamiento.

Caso: 2.- Solicitan la declaración de parte de nuestro cliente, quien no ha comparecido.

En este caso, en cambio estamos defendiendo el escenario contrario. No queremos que se lleve a efecto la declaración de nuestro cliente.

He tenido casos en los que los abogados, al observar que no está presente mi defendido, deciden desistir de la declaración de parte (por ahí tuve un caso de un colega que quería que se lo declare confeso, confundiéndose con la extinta confesión judicial del Código de Procedimiento Civil). Sin embargo, es bastante probable que la contraparte insista en la declaración, entonces, ¿qué podemos hacer?

En este escenario debemos tener en cuenta lo siguiente:

  • Estar atentos a la fundamentación del pedido de declaración del patrocinador de la contraparte. ¿Está bien fundamentado el pedido? ¿Son suficientes los argumentos para considerar como “trascendental” para el caso la prueba? Si el pedido no está bien fundamentado, podemos limitarnos a hacer notar al juez que no se ha fundamentado el pedido, lo cual es un signo evidente de que la declaración no trascendental  y, por ende, que el pedido sea rechazado.
  • En cambio, si el pedido está bien fundamentado, debemos presentar nuestros propios argumentos para rebatir esto y convencer al juez de que la declaración como tal, no tiene trascendencia para la causa. Para ello, podemos analizar al propio relato de la demanda (a lo mejor nuestro cliente no tuvo que ver con los hechos expuestos en l a demanda), o con los puntos de debate fijados; o, ya están en el expediente otras pruebas que hacen inútil la declaración de nuestro cliente.

Si el juez acepta el pedido de declaración de parte, podemos apelar en efecto diferido por supuesto. Si no se acepta la declaración, es la contraparte la que puede apelar, con el mismo efecto.

Bueno, espero estas líneas les sean de utilidad.

Gracias por la visita.

El testigo hostil en el COGEP

Una de las cosas que más me llamó la atención al leer de cabo a rabo por primera vez el COGEP (aprovechando unas vacaciones forzosas por operación de meniscos), fue la expresa mención al “testigo hostil”, en el numeral séptimo del artículo 177 que me permito transcribir:

“Art. 177.- Forma de la prueba testimonial. Toda prueba testimonial mediante declaración será precedida del juramento rendido ante la o el juzgador. La o el declarante deberá estar asistido por su defensora o defensor, bajo sanción de nulidad. Se seguirán las siguientes reglas:

7.- Podrán formularse preguntas sugestivas sobre temas introductorios que no afecten a los hechos controvertidos, recapitulen información ya aportada por la o el declarante o la o el juzgador haya calificado al testigo como hostil. También están permitidas en el contrainterrogatorio cuando se practique la declaración de una parte a pedido de la otra.”.

Al leer esto, de manera inmediata recordé una escena en la película The Dark Knight, en la que el fiscal del distrito solicita al juez que le permita tratar a su propio testigo como hostil. (sobre esto hablo en esta entrada https://alfredocuadros.com/2017/02/07/las-preguntas-sugestivas-y-el-testigo-hostil/ ). Ahora bien, a pesar de esta alusión al testigo hostil en el COGEP, es una lástima que no encontremos una definición legal sobre esta figura, o, por lo menos, los requisitos que se deben tener en cuenta para que un testigo sea calificado en tal calidad por el juzgador, por lo que debemos buscar otras fuentes para ese propósito.

Ya en la práctica, me ha tocado por tres ocasiones diferentes solicitar a los respectivos jueces que me permitan tratar a un determinado declarante como testigo hostil. Recuerdo de manera muy clara que uno de los jueces (en uno de los pocos juicios de divorcio contencioso que he tenido que llevar), me miró extraño y evitó dar una respuesta concreta. He podido percatarme además, que otros jueces asumen que aquello de “hostil” debe ser tomado literalmente, es decir, para aquellos testigos que les falta poco para propinar un golpe al abogado que lo está interrogando –quizás lo que digo es exagerado, aunque creo que todo litigante al menos una vez ha tenido tensas diligencias de contrainterrogatorio-.

Como la actual norma procesal no dice nada más sobre el testigo hostil y, debido aún a la “juventud” del COGEP, no queda más que buscar auxilio en las legislaciones de otros países, en donde podemos encontrar muchos más derroteros acerca de este tema, sobre todo en el derecho anglosajón, en donde nos topamos con el hostile witness (no hace falta ser bilingüe para darse cuenta que esto es la traducción exacta al inglés de “testigo hostil”).

¿Por qué es tan importante conocer cuándo un testigo puede ser calificado como hostil? Pues sencillo, para poder hacer preguntas sugestivas. Todo abogado litigante que se respete, debe conocer que la suerte de un caso puede decidirse con las preguntas correctas, para lo cual, hay que tener muy, pero muy en cuenta cuándo se pueden –y cuándo no se pueden- realizar preguntas sugestivas.

El pequeño pero confiable Webster’s Legal Dictionary (tercera edición, editorial Random House, año 2007) describe al testigo hostil como aquel que es llamado por una parte en un caso, pero que se conoce que es amigable (se usa el término friendly) con la otra parte, o el que se encuentra siendo evasivo al contestar las preguntas. De esta definición ya vamos apuntando ciertos elementos; profundizando más, para esta entrada pude ubicar fallos norteamericanos en los que se encuentran definiciones sobre el testigo hostil, los cuales comparto, pidiendo disculpas por cualquier error en la traducción:

“Si un testigo en un caso civil o penal se vuelve antagonista o reacio de manera obvia, la parte que lo llamó, puede con la discreción de la corte, realizar al testigo preguntas sugestivas. (Criterio expuesto en el juicio del Estado de Misuri contra Sharon Kinne, que recoge a su vez otros precedentes como el del Estado contra Shelton y, el Estado contra Palmer).

“Si el testigo se vuelve “hostil” y contradice “previas declaraciones y testimonio”, la corte puede permitir que la parte que lo citó contrainterrogue al testigo”. (Criterio encontrado en caso del Estado contra Bell; el Estado contra Taylor).

Si quieren leer el fallo en el idioma original les dejo el link de consulta https://law.justia.com/cases/missouri/supreme-court/1963/49480-0.html

Con esta información podemos concluir lo siguiente:

  • Hay que diferenciar el interrogatorio del contrainterrogatorio. El interrogatorio siempre es aquel que el abogado realiza sobre su propio testigo. Por ello, el contrainterrogatorio es aquel en el que el abogado formula preguntas al testigo nominado por la contraparte. Una técnica adecuada de litigación nos indica que en el contrainterrogatorio se pueden hacer preguntas sugestivas (aunque el COGEP no es muy claro en esto, pero eso ya es otra historia); sin embargo, si el testigo es propio, no puedo hacerle preguntas sugestivas –por regla general-, a menos que el juez lo califique como hostil.
  • El testigo hostil no necesariamente será aquel que denota una actitud agresiva hacia el abogado. Es decir, el juez bien puede calificar al testigo como hostil sin esperar a que el declarante entre en una abierta confrontación con el abogado que lo está interrogando. Basta con acreditar ante el juez que el testigo, a pesar de ser llamado por una parte, tiene sus intereses alineados con la parte contraria.
  • Como ejemplo podemos decir lo siguiente: Tengo un juicio sobre propiedad intelectual en el que mi cliente es la compañía Wayne Enterprises y estoy preparando una demanda contra Además de llamar a declaración de parte a LuthorCorp en la interpuesta persona de su representante legal el señor Lex Luthor, me interesa llamar a declarar a varios de sus altos ejecutivos. Es evidente que estos ejecutivos no pueden rendir declaración de parte, ya que no están demandados por sus propios derechos; por ello, puedo llamarlos como testigos de mi parte. Cuando me toque interrogarlos, debo pedir la autorización al juez para que me permita tratarlos como hostiles y, por ello, para poder hacer preguntas sugestivas, porque es más que claro que estos ejecutivos tienen sus intereses identificados más con LuthorCorp que con la posición de mi cliente.
  • El testigo que no coopera con el interrogatorio, esto es, aquel que solo quiere contestar con monosílabos, o solo se limita a dar evasivas, puede ser calificado también como hostil.
  • Ahora bien, como deviene en obvio, el testigo hostil en el sentido literal de la palabra, puede ser declarado hostil también.

Como sugerencia práctica considero que lo óptimo sería que desde el momento en que solicitamos el testimonio por escrito como prueba, se indique que el testigo tendrá la calidad de hostil, para que de esa forma, el juez desde un inicio ya tenga la idea de que a ese testigo queremos formularle preguntas sugestivas.

Podemos anotar las ideas centrales de esta entrada con las siguientes preguntas:

  • ¿El juez me autoriza a tratar a mi propio testigo como hostil?
  • Sí: Puedo hacerle preguntas sugestivas.
  • No: Salvo por temas introductorios o no controvertidos, no puedo realizar preguntas sugestivas al testigo.

Me gustaría saber sus opiniones.

Gracias por la visita.

 

¿Cómo impugnar al perito contrario según el 223 del COGEP?

En plena audiencia de juicio nos encontramos en medio de un contrainterrogatorio del abogado del demandado al perito de la parte actora:

  • Abogado 1: ¿Conoce usted el Reglamento para el Sistema Pericial Integral de la Función Judicial?
  • Perito: Sí lo conozco.
  • Abogado 1: ¿Usted en algún informe pericial ha emitido conclusiones sobre alguna materia que no esté acreditado por el Consejo de la Judicatura?
  • Abogado contrario: ¡Objeción! ¿Qué tiene que ver esa pregunta con la sustentación del informe pericial?
  • Abogado 1: Es una pregunta dirigida a impugnar la credibilidad del perito.
  • Juez: La pregunta es procedente.
  • Perito: ¿Me puede repetir la pregunta?
  • Abogado 1: Claro, ¿usted en algún informe pericial ha emitido conclusiones sobre alguna materia que no esté acreditado por el Consejo de la Judicatura?
  • Perito: Nunca.
  • Abogado 1: ¿Conoce usted que en el Reglamento mencionado, la ingeniería informática se encuentra dentro de la categoría general de ingeniería?
  • Perito: Sí.
  • Abogado 1: ¿Conoce que en el Reglamento, la informática forense se encuentra en la categoría de criminalística?
  • Perito: Así es.
  • Abogado 1: ¿Conoce que en el Reglamento se prevé que la ingeniería informática tiene una acreditación diferente a la informática forense?
  • Perito: Creo que sí.
  • Abogado 1: ¿Usted está acreditado por el Consejo de la Judicatura en ingeniería informática?
  • Perito: Sí.
  • Abogado 1: De manera introductoria, ¿su informe tiene varias conclusiones en las que usted refiere conceptos sobre informática forense verdad?
  • Perito: Así es.
  • Abogado 1, dirigiéndose al juez, mientras le entrega documentos: Señor Juez, de conformidad con el artículo 223, segundo párrafo del COGEP, para descreditar la credibilidad del perito, presento documentación extraída directamente de la página de la Función Judicial, por tanto es información pública y verificable, con lo que pruebo que el perito no está acreditado en informática forense y, a pesar de eso, emite conclusiones sobre esta materia sin contar con la debida acreditación, vulnerando el reglamento correspondiente…

Con esta narración pretendo graficar la aplicación práctica del artículo 223, segundo párrafo del COGEP, el cual permite presentar prueba nueva para ya sea impugnar o fortalecer el trabajo de un perito. La idea para hacer esta entrada fue madurando mientras me preparaba para una audiencia en la que me tocaría el turno de contrainterrogar a un perito, ya que pude hallar información que a mi criterio podía ser de mucha ayuda para dejar en mal predicamento la credibilidad del perito presentado por la contraparte. Sin embargo, luego de pedir opiniones a algunos colegas y, sobre todo, de conversar con ciertos jueces –en los típicos momentos que se tienen antes o después de alguna audiencia, o en receso-, me llamó mucho la atención lo poco (y casi nada diría) que se ha usado en algún juicio la precitada disposición normativa, al extremo que en ciertos juzgados me dijeron que nunca se habían topado con un caso en que un abogado haya presentado prueba invocando este artículo.

Por ello, con la intención de aportar un criterio sobre la aplicación de este artículo me pareció pertinente dar una opinión. Como punto de partida transcribo la parte pertinente:

“Art. 223.- (…)

Durante la audiencia de juicio podrán dirigirse a la o al perito, preguntas y presentar pruebas no anunciadas oportunamente orientadas a determinar su parcialidad y no idoneidad, a desvirtuar el rigor técnico o científico de sus conclusiones así como cualquier otra destinada solventar o impugnar su credibilidad”.

Sobre esto, los siguientes comentarios:

Momento para presentar esta prueba.-

Hay que notar que se habla tanto de (1) durante la audiencia de juicio; y, (2) prueba no anunciada. Lo dicho, presupone lo siguiente:

  • Al señalarse que se puede presentar “prueba no anunciada”, se acepta que puede ser una prueba totalmente nueva; es decir, el artículo se refiere a prueba que no haya sido anunciada ni en la demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención –parece trabalenguas pero no lo es-; ni la nueva prueba del cuarto párrafo del artículo 151 del COGEP; ni la prueba nueva del 166 ibídem.
  • La clave está en determinar el momento preciso y oportuno para presentar esta “prueba no anunciada”; lamentablemente nada dice el COGEP. En mi criterio esto debe ser en el interrogatorio o contrainterrogatorio, por cuanto (a) el artículo señala que podrán dirigirse “preguntas y pruebas no anunciadas”, por lo que nos sitúa en el momento de formulación de preguntas, lo cual es en el respectivo interrogatorio o contrainterrogatorio; y, (b) por derecho a la defensa, ya que si se lo hace en momento anterior o posterior al interrogatorio –pensemos que recién lo presentamos en el alegato final por aquello de que se puede hacer “durante la audiencia de juicio”-, el perito no tendrá oportunidad de rebatir, explicarse y/o defenderse del intento de impugnación.

Por otra parte, a pesar de que el artículo señala que esto debe hacerse durante la audiencia de juicio, considero que es seguro afirmar que esto puede aplicarse en los otros procedimientos que cuentan con audiencia única.

Este artículo permite atacar –hablando en metáforas- ya sea al contenido del informe (desvirtuando el rigor técnico o científico de las conclusiones); como al perito (evidenciando su parcialidad, falta de idoneidad, o debilitar su credibilidad).

El artículo le otorga tanto al actor como al demandado la posibilidad de presentar estas nuevas pruebas, teniendo en consideración que permite además que el propio interesado presente pruebas para solventar la credibilidad del perito de parte.

Sería interesante conocer sus opiniones.

Gracias por la visita.

Los 10 mandamientos para el contrainterrogatorio de Irvin Younger.

Siguiendo con la línea trazada en entrada anterior, en la que toqué las recomendaciones para el contraingerrogatorio por parte de F. Lee Bailey (que puedes consultar aquí https://alfredocuadros.com/2018/03/16/reglas-para-el-contrainterrogatorio-propuestas-por-f-lee-bailey/ ), he decidido compartir las recomendaciones que sobre este mismo tema realizó en el momento Irvin Younger (1932 – 1988), otro prominente abogado norteamericano que dedicó gran parte de su vida profesional y académica a impulsar la excelencia en el ejercicio de la profesión.

Quizás el aporte más conocido de Younger para la actividad litigiosa es aquella charla que bautizó como “Los diez mandamientos para el contrainterroagorio” (The ten Commandments of Crossexamination), con la que proporcionó muchos consejos bastante útiles para ser usados durante el juicio, los cuales a pesar de estar pensados para la práctica jurídica norteamericana, bien pueden ser aplicados –con las obvias diferencias- en nuestras diligencias de contrainterrogatorio ya sea de parte o testigo contrario; e interrogatorio directo del testigo hostil.

Irvin Younger aclaró que estas reglas las agrupó en diez para darles un mayor sentido y que, conforme se verá, muchas de ellas pueden ser repetitivas, por lo que bien pudieron agruparse una o más en una solo y además, que no tienen un orden especial.

Dicho esto, paso a poner a su consideración estos diez mandamientos.

Primero: Hacer preguntas breves

Las preguntas que realizamos en el contrainterrogatorio deben ser cortas, abarcar solo un hecho. Recordemos incluso que el COGEP prohíbe hacer preguntas compuestas, que son aquellas que contienen más de un hecho, lo cual puede llevar a confusión.

En lo personal, reconozco que muchas veces es muy complicado hacer solo preguntas cortas; sin embargo, se logra mucha dinámica y se puede manejar mejor el tiempo entre pregunta y respuesta.

Segundo: Preguntas cortas, lenguaje claro.

Este mandamiento está pensado para el sistema de los juicios con jurado. Younger resaltaba que la mayoría de miembros del jurado son personas que no tienen conocimiento de leyes, por lo que había que tener siempre presente no usar ni abusar de los tecnicismos que tanto nos gusta a los abogados.

Sin perjuicio de lo indicado, esta regla es igual provechosa para nuestros juicios, ya que el hecho ser lo más claros posibles en nuestras preguntas, llevará a realizar un interrogatorio más ordenado y con menos interrupciones.

Tercero: Todas las preguntas deben ser sugestivas.

Algo que también ya habíamos comentado al hablar de las reglas de F. Lee Bailey. Irvin Younger menciona que en el interrogatorio es el abogado el que lleva la melodía, no el testigo. Precisamente, realizar preguntas sugestivas (sí, aquellas que ya sugieren la respuesta), es una regla de oro para contrainterrogar, porque se entiende que no debemos darle la facilidad al testigo contrario de que se explique con sus respuestas.

Por ello, Younger desaconseja con todas sus fuerzas el realizar preguntas tipo “¿Por qué? ¿Qué pasó después?”, al contrainterrogar, ya que esto es un cheque en blanco para que el testigo se extienda en sus respuestas.

Cuarto: Solo preguntar aquello sobre lo que conocemos la respuesta.    

Esto también lo aconseja F. Lee Bailey y no es coincidencia. El contrainterrogatorio no una fishing expedition, como dicen los norteamericanos, aludiendo a que esta no es una diligencia para ver qué podemos pescar. Se entiende que para ese punto ya debemos tener muy identificados los hechos y, sobre todo, lo que queremos obtener de cada testigo.

El contrainterrogatorio no es una diligencia para descubrir nuevos hechos, es el momento para tratar de ganar puntos ante el juez con nuestro manejo del testigo y de las circunstancias importantes del debate jurídico.

Quinto: Escuchar las respuestas del testigo.

Aquí Younger nos indica que tenemos que escuchar lo que dice el testigo al contestar nuestras preguntas. Esto implica atender lo que nos dice, para saber si estamos logrando nuestro objetivo.

En la práctica suele pasar mucho que estamos tan enfocados en nuestra parte, en nuestras preguntas, que no escuchamos en verdad lo que dice el testigo, lo que nos lleva a no atender lo que responde el declarante porque estamos pensando en la siguiente pregunta.

Sexto: No pelearse con el testigo.

Una de las peores cosas que podemos hacer es ponernos a discutir con el testigo. He visto cómo colegas se ponen casi que “de tú a tú” con un testigo e incluso me ha pasado y créanme, se ve mal, está mal y nos hace perder puntos con el juez, además de que nos lleva a desperdiciar preguntas y tiempo que bien podemos emplear para algo más beneficioso para nuestro caso.

Séptimo: No permitas que el testigo repita sus respuestas.

Si durante el interrogatorio directo el testigo contrario ha afirmado y explicado algo que no nos beneficia, lo peor que podemos hacer es volverle a preguntar sobre lo mismo, porque lo más seguro es que lo reiterará con mayor seguridad.

Irvin Younger sobre esto decía algo así como: si se escucha una vez puede que la gente lo crea; si se lo escucha dos veces, se lo creerán; si lo escucha tres veces, se creerá más y, si está por escrito, se lo considerará como un dogma escrito en piedra.

Salvo que se tenga una prueba irrefutable y palpable sobre que el testigo ha mentido de manera descarada (afrontémoslo, muy pocos casos en la vida real se dan este tipo de situaciones y que sean comprobables al momento), no hay que volver a preguntar lo que ya dijo, esto solo hará que ante el juez el testigo contrario tenga mayor credibilidad.

Octavo: No permitas que el testigo se explique.

Esto tiene que ver con las preguntas sugestivas sin lugar a dudas. Se busca hacer preguntas cerradas en el contrainterrogatorio y para el testigo hostil, teniendo siempre en mente que en estos actos no buscamos que el testigo rinda una larga declaración, sino que en lo posible, se limite a contestar sí o no.

Esto suele ser muy difícil ya que en la mayoría de ocasiones, los jueces permiten que el testigo explique con sus palabras lo que se pregunta; sin embargo, con una técnica adecuada y preparación, se pueden obtener resultados muy interesantes.

Noveno: No preguntar de más.

Saber detenerse es algo primordial para el abogado. Debemos tener muy, muy bien identificado lo que queremos lograr con cada testigo para que, cuando lleguemos a la meta saber parar, ya que si seguimos preguntando puede llevarnos a perder todo el buen trabajo que se logró con las interrogantes anteriores.

Se suele citar en esto un ejemplo muy común. En un juicio por lesiones en el que se busca sancionar a una persona por haber arrancado de un mordisco la oreja a otra persona (tipo Mike Tyson), se da este intercambio entre el abogado defensor del acusado y el testigo principal de la fiscalía:

Abogado: ¿vio usted cuando el acusado mordió la oreja a la víctima?

Testigo: En realidad no lo vi.

¡En vez de parar y retirarse con esa ventaja el abogado continúa!

Abogado: ¿Cómo entonces puede asegurar que mi defendido mordió la oreja de la víctima si usted asegura no lo vio cuando supuestamente la mordió?

Testigo: Porque en cambio vi muy claramente cuando su defendido la escupió…

Décimo: Dejar el argumento para el alegato.

En este último mandamiento, Younger aconseja dejar el argumento para nuestro alegato. Esto es, si queremos usar una respuesta del testigo para probar algo, o para refutar o argumentar un punto a nuestro favor, no debemos hacerlo en el momento del interrogatorio, sino que debemos guardarlo para explicarlo en el alegato final.

Estos fueron todos los mandamientos, espero sean de provecho.

Gracias por la visita.

 

Tres breves sugerencias para mejorar la sustanciación de los procesos regulados por el COGEP.

Desde hace algún tiempo he estado dándole vueltas a varias ideas para inaugurar este blog en el presente año 2018. Considero que una buena forma de empezar es tratar de hacer, desde mi experiencia y al poder estar presente en otras audiencias, ciertas sugerencias para facilitar el desarrollo de los procesos que se sustancian mediante el COGEP.

Dicho esto, me permito poner a consideración del lector las siguientes sugerencias:

1.- Resolución de los pedidos de acceso judicial a la prueba en las calificaciones de la demanda y contestación.

En el COGEP encontramos varias disposiciones tendientes a evitar la suspensión de las audiencias, limitándolos a casos especialísimos, que deben ser motivados por los jueces; sin embargo, la idea central persiste: evitar, en la medida de lo posible, que las audiencias una vez instaladas, se suspendan.

Por su parte, como se conoce, el artículo 142, numeral octavo del COGEP, al tratar sobre el contenido de la demanda, señala que el interesado –de ser el caso- debe realizar el pedido de acceso judicial a la prueba. No debería ser ninguna novedad que el COGEP exige que las pruebas sean presentadas en la demanda. Sin embargo, puede que el demandante no tenga acceso a determinadas pruebas (por ejemplo, cuando se necesita acceder a información privada de la contraparte que tan solo se la puede obtener por orden judicial). Igual panorama tiene el demandado, ya que las solicitudes de acceso judicial de la prueba también aplican para las contestaciones de la demanda, incluso en las reconvenciones… y a la contestación de la reconvención.

Estos pedidos de acceso judicial a la prueba se resuelven en la correspondiente audiencia. Si el juicio es ordinario esto no supondría mayor problema, ya que la prueba solicitada bajo esta figura bien puede practicarse entre las audiencias preliminar y la de juicio; la cuestión está en los otros procedimientos que cuentan con una sola audiencia. Esto implica que al momento de resolver sobre la aceptación de todas las pruebas, el juez decidirá sobre si acepta el pedido para acceder a la prueba, por lo que, en caso de ser aceptado, la audiencia debe suspenderse para que se practique la prueba, por lo que debe retomársela en fecha posterior.

Por ello, considero ahorraría bastante tiempo que los jueces resuelvan estos pedidos al momento de calificar las demandas y las contestaciones. Imaginémonos este escenario: el juez admite la demanda al trámite, acepta el pedido de acceso judicial a la prueba y nos acompaña el respectivo oficio con la notificación física del auto de calificación, previniendo a la parte que debe hacer todas las gestiones para que se practique la prueba. Que se aplique lo mismo para las contestaciones y de esta manera, tendríamos que no haría falta suspender las audiencias únicas para practicar estas pruebas.

Ahora bien, esto podría implicar la reforma al COGEP, sin embargo, creo que valdría más que la pena analizarlo bien, en aras de la celeridad procesal.

2.- En causas que versen sobre propiedad intelectual, solicitar el informe a la autoridad competente al calificar la demanda.

En su momento he tocado ya el requisito que ha planteado el Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, Creatividad e Innovación (más conocido como “Código Ingenios”), sobre el informe sobre la existencia, validez y reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual  (https://alfredocuadros.com/2017/02/02/primera-reforma-al-cogep-por-parte-del-codigo-ingenios-en-que-consiste-el-informe-favorable-para-providencias-preventivas/ ) . En pocas palabras, el artículo 548 del referido Código señala que el juez antes de emitir resolución en solicitudes de providencias preventivas y en juicios que versen sobre propiedad intelectual, debe requerir a la autoridad competente en materia de derechos intelectuales, un informe para certificar el estado de los derechos del actor y/o del demandado.

Este dichoso informe en la práctica ya me ha traído más de una dificultad, ya que si bien es cierto es claro que el juez no puede dictar sentencia sin este informe, la duda surge respecto del momento en el que el juzgador debe solicitar esta información.

En lo personal, en las acciones judiciales que me ha tocado plantear he solicitado en la misma demanda que el juez oficie al IEPI solicitando este informe. La idea es esta, que –similar a lo dicho en el anterior numeral- el juez al calificar la demanda disponga (incluso lo podría hacer de oficio), que el IEPI remita esta información, adjuntando el respectivo documento con la boleta física. Incluso, el Consejo de la Judicatura y el IEPI podrían celebrar algún acuerdo para que esta información sea directa entre las instituciones y de una manera más dinámica, aprovechando los medios tecnológicos.

Me ha sucedido ya en dos ocasiones en que se ha tenido que suspender la audiencia única por la falta de este oficio. Como la norma del Código Ingenios es bastante nueva (y muy especializada), me ha tocado insistir mucho en esto, ya que la falta de este informe podría afectar la validez de la resolución tomada.

3.- Para los jueces, hacer una pausa en su auto interlocutorio.

En alguna ocasión ya escribí sobre esto. Sería bienvenido que una vez dictado el auto interlocutorio en audiencia, los jueces dejen claro que ya lo han terminado de dictar, de esta manera, los abogados tendríamos  plena conciencia de que a partir de ese momento podemos plantear algún recurso. Digo esto porque me ha pasado que he apelado de autos interlocutorios, sin que el juez lo haya terminado de exponerlo –por el recelo de que se lo declare en firme-; incluso, alguna vez un juez dictó el auto interlocutorio y guardó silencio por unos dos segundos, por lo que cuando volvió a hablar, recién me pude percatar que se estaba pasando a otra etapa, lo que me llevó a interrumpir al juez para deducir mi apelación, quien aceptó mi pedido, no sin antes decirme algo así como que precisamente hacía la pequeña pausa para que las partes puedan pronunciarse sobre el auto. El problema es que la pequeña pausa fue bastante breve y no fue explícita para concluir que se la hizo para que las partes impugnemos el auto.

En fin, estas son tres sugerencias que se me ocurren en este momento. Me gustaría saber si se les ocurren otras para poderlas comentar y compartir. La idea es mejorar el trámite de los procesos, lo cual beneficia a todos los que formamos parte del andamiaje judicial.

Gracias por la visita.

Cuatro recomendaciones bastante prácticas para audiencias del COGEP.

Siempre me ha parecido bastante útil extraer consejos concretos  prácticos de las experiencias que se tienen en el libre ejercicio de la profesión. En este 2017 he tenido varias audiencias en juicios cuyo procedimiento se rige con el COGEP, que me han dejado una serie de lecciones, por lo que me gustaría compartir algunas que considero bastante prácticas y útiles.

Doy por descontado que todo abogado que acuda a una audiencia del COGEP debe estar bien preparado con su caso, por lo que este pequeño listado de recomendaciones no está orientado a abarcar los detalles de fondo de los procesos.

Con estas breves palabras, pongo a su consideración estas recomendaciones:

1.- Llegar con suficiente antelación a las audiencias.

Siempre sostengo que una de las cosas que deben distinguir a los abogados –sobre todo los que litigamos- es nuestra puntualidad. En mis clases resaltaba bastante a menudo que nos toca ser precavidos en extremo para no pasar apuros en nuestras diligencias.

Es ya conocido que si patrocinamos al actor nuestra presencia es indispensable, so pena de la declaratoria de abandono de nuestra causa. Tenemos  que prever además que si no contamos con una procuración judicial con cláusula para transigir, debemos asegurarnos que el cliente acuda a tiempo. No tienen idea los momentos de ansiedad que me han tocado pasar al ver que la hora fijada para la audiencia está por llegar y el cliente no aparece. No podemos permitirnos calcular mal nuestro tiempo, recordemos el triste atraso de los abogados de la Procuraduría General del Estado en la audiencia de juzgamiento contra nuestro actual vicepresidente de la República, lo que causó un revuelo a todo nivel en el país.

Por esto, debemos medir bien nuestro día cuando tenemos audiencia. Tenemos que saber el tiempo aproximado que nos tomará llegar a la corte, lo que nos permitirá además esquivar cualquier imprevisto como el cambio de sala a última hora, el tráfico y tantas otras situaciones.

2.- Planificar cada paso de las audiencias.

Para mis audiencias realizo un detalle de cada una de las etapas y la manera en la que considero que pueden desarrollarse.

Por poner un ejemplo, si estoy preparando una audiencia única en un juicio sumario voy haciendo una anotación de todo: (1) si hay alegación de nulidad o no, preparación de excepciones previas; (2) factores a tomar en cuenta para evaluar si puede existir conciliación; (3) cuáles serían los puntos de debate; (4) resumen de puntos más importantes para mi alegato inicial; (5) repaso de las pruebas presentadas; (6) objeciones sobre la prueba solicitada por la contraparte; (7) puntos que quiero acreditar con mis testigos, preparación de preguntas; (8) apuntes para mis alegatos.

Este documento lo elaboro a mano y lo llamo –muy pretenciosamente- “HOJA DE RUTA”. Es de muchísima ayuda, sobre todo para tratar de estar al mismo ritmo del juez, quien es el que dirige la audiencia y me ayuda siempre a tomar más rápido las decisiones en aspectos que pueden cambiar la suerte del juicio, como lo es, por citar un caso, la fijación de los puntos de debate. Si no se tiene claro desde un inicio los puntos que queremos sean incluidos como parte del debate, es posible que se quede fuera algún punto que nos conviene, lo cual incluso puede conducir a que nos rechacen pruebas que consideremos importantes.

3.- Estar atento a las apelaciones, sobre todo de los autos interlocutorios.

Me ha causado extrañeza ver ya tres casos en los que los abogados de la contraparte no apelaron de la sentencia que se dictó a  favor de mis defendidos. Sobre todo llama la atención, porque del desarrollo de la audiencia respectiva, se notaba que mis colegas querían pelear hasta el final, “hasta el último respiro”, sus planteamientos. ¿Qué sucedió entonces? A mi parecer, se olvidaron de apelar.

La clave está en que hay estar muy atentos a las decisiones que se toman durante la audiencia, me refiero a los autos interlocutorios y a las sentencias. Debemos tener presente que los autos interlocutorios se dictan respecto de la validez de los procesos, de las excepciones previas y de las pruebas.

Un asunto que me parece importante: no todos los jueces anuncian que han terminado de dictar un auto interlocutorio. En mi primera audiencia con el COGEP, el juez negó una prueba que había solicitado, por lo que en el auto la rechazó. El juez se limitó a dar su decisión y guardar silencio por unos tres segundos, durante los cuales me preguntaba si iba a decir algo más o, si ese silencio significaba que la decisión ya estaba tomada y que ese era todo el auto interlocutorio. El juez retomó la palabra y en ese mismo momento tuve que decirle que apelaba del auto interlocutorio. Recuerdo que el juez me dijo algo así como “para eso estoy guardando silencio unos segundos, para ver si alguien quería apelar”.

Sería bueno que los jueces especifiquen que ya han terminado de dictar el auto interlocutorio y que incluso pregunten a las partes si tienen algo que señalar sobre el mismo (de mis audiencia he visto tan solo a un par que lo han hecho). Esto nos ayudaría a los litigantes para saber en qué oportunidad puede impugnar el auto, si es que lo considera conveniente, claro está.

Por otra parte, con la sentencia pasa lo mismo. Ciertos jueces comunican la sentencia y guardan silencio, sin mayor anuncio, tan solo esperando a ver si alguna de las partes deduce algún recurso.  En cierta ocasión, un juez recalcó que había ya terminado de expresar su fallo y consultó con los abogados si teníamos algo que señalar sobre el mismo. Esto sería lo ideal para todos, ya que evitará que algún abogado que se olvidó de apelar diga después que no se le dio el tiempo necesario para impugnar la decisión.

4.- Anotar lo actuado.

Tomar apuntes y anotaciones con orden y claridad (¡La idea es que se entiendan por quien vaya a leerlas!) también me ha servido muchísimo. Pensemos en que nos toca acudir a la audiencia de segunda instancia en un juicio que ya no recordamos tanto los detalles de las actuaciones. Les garantizo que dejar constancia de las actuaciones con nuestro puño y letra nos ayudará a recordar mejor el tema y armar mejor nuestra intervención.

Los registros escritos también son de muchísima utilidad para fundamentar las apelaciones, en especial la de los autos interlocutorios, ya que al consultar nuestras anotaciones sobre lo actuado en audiencia y los motivos que dio el juez para emitir su decisión, nos permitirá preparar mejor nuestra fundamentación de la apelación. Ni hablar de la importancia de los apuntes para preparar un recurso de casación que se sustenta en las declaraciones de algún testigo o de un momento particular de una audiencia, los que podemos recabar con mayor facilidad gracias a los registros escritos.

En fin, estos son mis recomendaciones prácticas para audiencias con el COGEP. Me gustaría saber si tienen otras.

Gracias por su visita.

¿Se puede apelar de la sentencia sin haber acudido a la audiencia?

He decidido poner sobre el tapete (hablando en sentido metafórico) uno de los temas que ha suscitado mayores debates en lo tiene que ver con el COGEP, me refiero al asunto de la apelación, más concreto, en que si la parte que no acudió a la respectiva audiencia puede apelar de la sentencia.

Para esto, considero necesario dejar sentadas las siguientes ideas:

  • Como se conoce,  por regla general en todos los procedimientos que regula el COGEP, las sentencias deben dictarse en las correspondientes audiencias.
  • De igual manera, lo normal es que la parte que se sienta afectada por la sentencia debe  interponer el recurso de apelación en la misma audiencia verbalmente.
  • La fundamentación de la apelación se hace en momento posterior. Luego de que se notifica la audiencia motivada y por escrito, la parte que apeló tiene un término de diez días para argumentar los motivos que lo llevaron a interponer el recurso vertical.

Hasta este punto todos estamos de acuerdo. Sin embargo, los mismos parten de la premisa de que ambas partes estuvieron presentes en la audiencia de juicio, si es procedimiento ordinario; o, en la audiencia única, para el caso de los otros tipos de procesos. Ahora viene la pregunta: ¿Si una parte no acude a la audiencia, puede apelar de la sentencia?

Debo reconocer que a pesar de tener una postura –la cual pasaré a detallar en las próximas líneas-, no la considero a prueba de balas. Basta decir que he podido escuchar el criterio de varios procesalistas a quienes respeto mucho que opinan lo contrario.

Por ello, ahí va mi posición: no debe aceptarse la apelación de aquella parte que no fue a la audiencia.

Me gustaría dejar la entrada en suspenso y no avanzar más en esta entrada; no obstante, venciendo la tentación y presumiendo que el amable lector dispone de algo de tiempo, voy a pasar a explicar mis motivos:

1.- ¡Derecho a la defensa!

Ruego tenerme paciencia mientras desarrollo esta idea.

Partimos de las circunstancias indiscutidas de que los efectos de la falta de comparecencia a las audiencias varían dependiendo si somos actores o demandados:

  • Si quien no acude a la audiencia es el accionante, se aplican los efectos del abandono (Art. 87.1 COGEP). El abandono es una de las formas extraordinarias de terminación del proceso y su principal efecto, es que no se puede volver a presentar una nueva demanda, según el artículo 249 ibídem. Cabe destacar que la única forma de impugnar un abandono según el propio COGEP, es alegando error de cómputo, es decir, solo procede la impugnación del abandono cuando este se suscita por falta de impulso procesal. No olvidemos que las audiencias deben celebrarse a la hora señalada, en teoría ni un minuto más ni un minuto menos. Por lo que si el actor no acude con puntualidad, perderá el juicio por abandono, lo cual será, en definitiva, una resolución favorable al demandado.
  • Si quien no acude a la audiencia es el demandado, no se lo toma como un allanamiento. Lo que sucederá es que la audiencia igual tiene que celebrarse y desarrollarse en todas sus etapas. Incluso, si el demandado llega tarde a la audiencia, se le permitirá integrarse a la misma, eso sí, solo podrá actuar desde la fase en la que llegó. Incluso, si está a tiempo, puede incluso apelar de la sentencia que dicte el juez en la audiencia.

Como se aprecia, hay un tratamiento bastante diferente sobre los efectos de la falta de comparecencia a las audiencias, dependiendo si se actúa como demandante o demandado. Puede darse el caso, por ejemplo, de que si un accionado no comparece a la audiencia, ésta tiene igual que celebrarse en todas sus partes y a pesar de esto, se declare sin lugar la demanda. Sin embargo, si no comparece el actor –o llega dos minutos tarde- el juicio terminará por abandono.

Por ello, si aceptáramos que sí cabe la apelación de las sentencias por la parte que no compareció a la correspondiente audiencia, tendríamos que esta posibilidad solo pudiera ser ejercida por el demandado. Me explico mejor: el abandono no puede ser impugnado, sino tan solo por un error de cómputo del plazo, lo cual no aplicaría cuando el abandono se dicta por no comparecer a la audiencia, que sería fatal y definitivo para el accionante, ya que incluso no podrá interponer nueva demanda. En cambio, el demandado que no acude a la diligencia no cae en abandono, por lo que al ser la sentencia un auto apelable –en caso de que el juicio admita una nueva instancia, claro está-, podría apelar del fallo.

Esto entonces sería un atentado al derecho a la defensa de quien propone la acción. Atentaría además a la igualdad procesal y al principio de igualdad de armas, por la sencilla razón de que la apelación es un recurso que está disponible para ambas partes, por lo que cualquiera que se sienta afectada por la decisión puede interponerlo, más allá de que se entiende que si la resolución es favorable no tengo por qué apelar. Si seguiríamos el criterio que sí se puede apelar de la sentencia quien no acudió a la audiencia, este recurso tan solo beneficiaría al demandado.

2.- ¿Cuál sería el término?

En ninguna parte del capítulo del COGEP que trata sobre la apelación se habla de un término para apelación de una sentencia por escrito, tan solo se señala el término para fundamentar el recurso. Ante esta situación entonces es válida la pregunta: ¿si no asistí a la audiencia y la sentencia es contraria a mis intereses, en qué término apelo? ¿Diez días? ¿Tres días?, tomando en cuenta ya sea el término para los recursos horizontales, o el fijado para la fundamentación.

3.- Si se permitiera apelar de la sentencia por escrito, también se debería poder apelar de un auto interlocutorio por escrito.

Aquí pongo a su consideración el caso de la apelación con efecto diferido del auto interlocutorio. Por ejemplo: el juez expide un auto interlocutorio en el que niega la práctica de varias pruebas solicitadas, por lo que el interesado apela. Esta apelación tiene que interponerse en la misma audiencia; sin embargo, el proceso continuará hasta que se dicte sentencia sobre lo principal. En este ejemplo, el interesado debe fundamentar su apelación con el escrito a través del cual presentó apelación sobre la decisión de fondo del juicio o, de ser el caso, en el escrito en el que contesta la apelación presentada por la contraparte, conforme al artículo 257 ibídem.

Si se tuviera como cierto que sí cabe la apelación por escrito, tendríamos entonces que concluir que también pueden ser apelados los autos interlocutorios dictados en audiencias por quien no estuvo presente. Por poner otro caso: un demandado interpone varias excepciones previas, todas las cuales son rechazadas; el juez dicta sentencia a favor del actor; entonces el demandado por escrito presenta apelaciones fundamentadas tanto del auto interlocutorio como de la sentencia. ¿Suena razonable esto? En mi criterio no.

4.- ¿Se interpone y luego se fundamenta?

Si partiéramos de la idea de que quien no estuvo presente en la audiencia igual puede apelar de la sentencia se suscitan otras preguntas. ¿Debo primero tan solo interponer el recurso con o sin fundamentación? Es decir, no se conocería con certeza si se debe presentar un escrito sencillo apelando primero (el típico “apelo por no estar de acuerdo”) para luego, una vez aceptada la apelación por el juez, presentar otro escrito fundamentando la apelación; o, en su defecto, en un solo escrito apelar y fundamentar la apelación.

El procedimiento de actuación de la apelación y fundamentación no está claro para estos casos, lo que me lleva a pensar que esto se da porque los padres del COGEP desde un inicio no consideraban que se pueda apelar sin haber estado en audiencia.

Ahora bien, para darle un poco de balance a esta entrada quiero al menos mencionar los motivos por los cuales varios abogados litigantes se inclinan por pensar que sí cabe la apelación por escrito por la parte que no compareció a la audiencia:

  • El artículo 250 del COGEP, el cual en su último párrafo señala: “Los términos para la impugnación de las sentencias y autos definitivos no dictados en audiencia correrán a partir de la notificación por escrito.”. Reconozco que la redacción de este artículo se presta para abonar a esta tesis, ya que señala que el término para “impugnar” (no habla de fundamentar) corre a partir de la notificación escrita, lo que daría a pensar entonces que para impugnar mediante apelación una sentencia, debo esperar a la notificación escrita.
  • En similar sentido, el penúltimo párrafo del artículo 79 del COGEP, en el que se indica que para “la interposición de recursos, los términos se contarán a partir de la notificación de la sentencia o auto escrito”. En lo personal, creo que por una redacción poco feliz, este artículo trataba acerca de los recursos que se plantean por escrito, como lo son los recursos horizontales planteados sobre decisiones dictadas fuera de audiencia, conforme lo señala el 255 del COGEP.
  • El artículo 111, primer párrafo del COGEP, que señala que el tribunal que deba pronunciarse sobre el recurso de apelación examinará si en el escrito de “interposición” se ha reclamado la nulidad procesal. Una vez más, si se hablará de “fundamentación” en lugar de “interposición” no habría disputa; empero, esto daría a entender que puede darse un escrito de “interposición” del recurso, que no es lo mismo que el escrito a través del cual se fundamenta la apelación deducida en audiencia.

¿Qué piensan ustedes?

En todo caso, gracias por la visita.

¿El artículo 166 del COGEP se aplica solo a los juicios ordinarios?

Pasado más de un año de la entrada en vigencia total del COGEP, todos los que de una u otra forma estamos implicados en la actividad litigiosa (abogados en el libre ejercicio, jueces, defensores públicos, etc.) podemos ir haciendo balance acerca de los resultados de su aplicación.

En lo personal he podido notar que se han dado situaciones “auspiciadas” por ciertas normas del COGEP que suscitan opiniones y criterios encontrados. Cada vez que puedo aprovecho para conversar con colegas sobre algunos de estos temas y debo reconocer, muchas están para el debate.

Entre estas puedo identificar –por lo pronto- las siguientes:

  • ¿Puede apelar de la sentencia quien no acudió a la respectiva audiencia?
  • ¿El recurso de adhesión solo puede hacerse de manera verbal?
  • ¿En qué casos procede el acceso judicial a la prueba?
  • ¿Toda compulsa debe ser notificada a la contraparte para que tenga valor de prueba?
  • ¿El artículo 166 del COGEP, que trata sobre la prueba nueva, se aplica solo al procedimiento ordinario?

En esta entrada emitiré mi opinión (espero bien argumentada) sobre la última de las interrogantes planteadas. Espero poder tratar los otros en posteriores momentos.

Resulta oportuno transcribir el contenido del artículo de la discordia:

“Art. 166.- Prueba nueva. Se podrá solicitar prueba no anunciada en la demanda, contestación a la demanda, reconvención y contestación a la reconvención, hasta antes de la convocatoria a la audiencia de juicio, siempre que se acredite que no fue de conocimiento de la parte a la que beneficia o que, habiéndola conocido, no pudo disponer de la misma. La o el juzgador podrá aceptar o no la solicitud de acuerdo con su sana crítica.”.

Para iniciar señalaré primero mi postura: el artículo 166 del COGEP puede aplicarse en todos los procedimientos, no solo en el ordinario. (Debo aclarar que esta entrada no está hecha para comentar sobre todos los elementos del referido artículo, sino solo para exponer una posición sobre la aplicación del mismo).

Estos son mis argumentos:

1.- Ubicación de la norma en el COGEP

Voy primero a la ubicación “geográfica” del artículo. Si nos situamos en el código, podemos observar que el mismo forma parte del Título II que trata sobre las reglas generales de la prueba; ahora, si subimos un poco, todo esto lo encontramos en el Libro III del COGEP, que se titula (nada más ni nada menos): “Disposiciones comunes a todos los procesos”.

Entonces, no nos hace falta hacer un gran ejercicio de esfuerzo mental para concluir que todos los artículos que se encuentren en esta disposición son aplicables para… “todos los procesos”, por lo que, por ello, este artículo puede ser invocado y aplicado en todos los juicios.

2.- ¡Pero el artículo habla de audiencia de juicio! ¡Los ejecutivos, monitorios, sumarios no tienen audiencia de juicio!

Antes de que dejen de leer esta entrada, abandonen para siempre la lectura de este blog y me consideren más perdido que abogado en convención de contadores, los invito a seguir estas reflexiones:

  • Todos conocemos que dentro del actual esquema de procedimientos, el único tipo de juicio que tiene dos audiencias es el ordinario, en el cual las fases se reparten entre la audiencia preliminar y la audiencia de juicio.
  • En los otros procedimientos tan solo tenemos una audiencia, que se llama –valga muchísimo la redundancia- “audiencia única”.
  • Ahora, ¿Por qué motivo insisto en que a pesar de que el artículo habla de audiencia de juicio, que solo se da en juicios ordinarios, bien puede aplicarse en los otros procedimientos? Considero que por motivos de una no muy alegre redacción (no es el único caso en el COGEP que encontramos mala redacción) y, sobre todo aplicando la analogía.
  • Los invito a leer los artículos sobre la prueba testimonial y la declaración de parte, en concreto, los artículos 174 y 188 del COGEP. En lo atañe a esta entrada, mencionaré que los señalados artículos (ubicados también en el Libro II sobre las disposiciones comunes a todos los procesos), indican que el momento para llevarse a efecto tanto la declaración de testigos como la de partes es en la audiencia de juicio.

Veamos estas normas en su parte pertinente:

 Art. 174.- Prueba testimonial. Es la declaración que rinde una de las partes o un tercero. Se practica en la audiencia de juicio…”.

“Art. 188.- Oportunidad de la declaración de parte. La declaración de parte se practicará en la audiencia de juicio, salvo que se trate de una declaración urgente conforme con lo dispuesto en este Código.”

Si nos cerramos a rajatabla al texto de la norma tal cual está redactada, tendríamos que tanto el artículo 166 del COGEP sobre la prueba nueva, como lo de los testimonios y declaración de parte (174 y 188 ibídem), nos limitarían a aplicarlos solo en juicios ordinarios. En otras palabras, si nos conducimos por el argumento de que al hablar el artículo 166 del COGEP de audiencia de juicio solo podemos aplicar la prueba nueva en juicios ordinarios, tendríamos que concluir entonces de solo pueden practicarse  testimonios y declaraciones de parte en juicios ordinarios.

La práctica nos ha llevado a determinar de que a pesar que los artículos 174 y 188 hablan de que los testimonios y la declaración de parte se deben dar en audiencia de juicio, no ha habido ningún impedimento con solicitar y practicar estos medios probatorios en procedimientos sumarios, por ejemplo. Por ello, siguiendo la misma lógica, no veo problema para usar el mismo criterio con el artículo 166 del COGEP.

3.- ¡Derecho a la defensa!

El artículo 166 del COGEP es un derecho para ambas partes, sin embargo, ya en la práctica ¿quién se beneficiaría más del mismo?

Pensemos por un momento que no existe el artículo 166 del COGEP. En este escenario tendríamos que la parte actora tendría una ventaja sobre el accionado ya que el artículo 151, párrafos cuarto y quinto, señala que el demandante puede presentar nueva prueba, que eso sí, debe estar dirigida a contradecir hechos planteados en la contestación de la demanda.

En este escenario entonces, ¿si el accionado encuentra antes de la audiencia única u medio de prueba vital para su caso? ¿debe perder en primera instancia y ver si se la aceptan como apelación en segunda instancia? (sobre este tema recomiendo leer https://alfredocuadros.com/2016/11/23/prueba-nueva-en-segunda-instancia-puedes-hacerlo-con-el-cogep/ ).

¿No sería esto una ventaja adicional para el actor dentro de un proceso? Recordemos que para presentar la demanda –en situaciones normales- el demandante tiene todo el tiempo para preparar su prueba y documentación, lo cual puede tomar incluso meses créanme, es decir, por lo general no se tiene más limitantes que el plazo de prescripción. Ahora, luego de la citación, el demandado (y sus abogados sobre todo) deben ponerse manos a la obra para preparar toda la prueba dentro del término respectivo, lo cual muchas veces no es suficiente para poder tener listos todos los medios probatorios. Si nos quedamos sin una prueba –imaginemos que estamos esperando la respuesta de alguna institución pública sobre una información relevante para nuestro defendido y luego el juez nos niega el acceso-, por motivos ajenos a nuestra voluntad, ¿debemos centrar nuestras esperanzas en que la podamos practicar en segunda instancia?, resalto esto de “centrar nuestras esperanzas”, ya que, como se sabe, los Jueces de alzada pueden también negar la prueba.

Por ello entonces, el artículo 166 del COGEP vela por el derecho de defensa de las partes, no solo del demandado. El actor igual tiene la facultad de presentar nueva prueba; ¿por qué no el accionante? El accionante debe armar su contestación con la presión de respectivo término. ¿Por qué no darle la oportunidad de presentar prueba nueva, siempre que se cumplan los requisitos del mismo 166?

Ahora, debo reconocer que la gran mayoría de personas con las que he hablado de este artículo –profesionales que respeto muchísimo- sostienen la tesis contraria. Sin embargo, me parece un debate interesante y oportuno.

En fin, espero haber aportado a este tema. Espero además ver sus comentarios no solo de este tema, sino además, sobre otros artículos del COGEP que aún están en el limbo.