¿Impugnación constitucional del laudo arbitral?

La Corte Constitucional el pasado 19 de agosto de 2020 emitió la sentencia No. 308-14-EP/20, dentro del caso No. 308-14-EP, cuyo ponente fue el magistrado Agustín Grijalva. Esta sentencia contiene algunas anotaciones muy importantes respecto al tema planteado como título de esta entrada, por lo que, sin mayor introducción, pasaremos a un resumen de la misma.

Los hechos importantes que dieron como resultado la expedición de la sentencia referida son los siguientes:

20 de abril de 2007Se celebra contrato de consultoría entre la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo de los Tsáchilas (EPMAPA-SD) y, el Ing. Edmundo Naranjo Ramos. La cuantía del contrato fue de US$37.821,60. El contrato contaba con una cláusula que señalaba que todo conflicto respecto del mismo, debería resolverse vía mediación y arbitraje.
18 de julio de 2011El Ing. Naranjo demanda a EPMAPA-SD, ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Construcción de Santo Domingo de los Tsáchilas (en adelante “el Centro”). Reclama el pago de US$31.375, más reajuste de precios, intereses y daños y perjuicios.
21 de enero de 2013Se dicta laudo arbitral, aceptándose la demanda de manera parcial. Se dispone pago de los US$31.375. Se niegan las otras pretensiones.
13 de febrero de 2013EPMAPA-SD solicita aclaración del laudo.
19 de marzo de 2013Se niega la aclaración.
22 de marzo de 2013EPMAPA-SD solicita ampliación del laudo.
23 de abril de 2013Se niega ampliación del laudo.
19 de junio de 2013EPMAPA-SD, solicita (¡una vez más!) ampliación del laudo.
23 de junio de 2013Se niega nueva ampliación del laudo.
8 de julio de 2013EPMAPA-SD demanda nulidad del laudo arbitral.
9 de julio de 2013Director del Centro no acepta al trámite el pedido de nulidad por ser extemporáneo.
12 de julio de 2013EPMAPA-SD solicita revocatoria de decisión de no aceptar pedido de nulidad de laudo.
17 de julio de 2013EPMAPA-SD insiste, por escrito, en su solicitud de revocatoria.
22 de julio de 2013El director del Centro niega revocatoria de auto de 9 de julio de 2013, mediante el cual no se aceptó al trámite la acción de nulidad de laudo arbitral.

Ante esto, siguiendo en la línea de grandes desaciertos, la EPMAPA-SD presentó una acción de protección en contra del Centro del árbitro que conoció, sustanció y resolvió el proceso arbitral entre la señalada institución y el Ing. Naranjo. Continuando con este camino de errores -horrores-, el 11 de diciembre de 2013, un Juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, aceptó la acción de protección, declarando vulneración de la “tutela judicial expedita”, disponiendo que se deje sin efecto la negativa de tramitar la acción de nulidad de laudo arbitral, ordenando que se remita el expediente al presidente de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas para que la tramite.

Una vez remitido el expediente del proceso arbitral, por si fuera poco, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en sentencia dictada el 27 de enero de 2017, declaró la nulidad de todo el expediente arbitral, por “ilegal designación del árbitro único”.

Ante esto, el Ing. Abel Naranjo Ramos (quien fuera demandante en el arbitraje planteado contra la EPMAPA-SD), presentó el 14 de febrero de 2014 una acción extraordinaria de protección para impugnar la sentencia expedida por el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, argumentando la vulneración de los derechos a la seguridad jurídica (Art. 82 de la Constitución -CR-); debido proceso en lo atinente a contar con los medios para la defensa, ser escuchado en igualdad de condiciones y, no ser privado del derecho a la defensa (Art. 76, numeral 7º, letras a), b) y c) de la CR); y, tutela judicial efectiva.

Ahora bien, los puntos más destacados del fallo -y lo que los litigantes debemos tener en cuenta- son los siguientes:

  • A pesar de que la Corte deja constancia de que la acción extraordinaria de protección versa sobre la sentencia expedida por el presidente de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, no deja pasar la oportunidad para pronunciarse respecto a la acción de protección planteada por la EPMAPA-SD en contra del laudo arbitral, que en sentido estricto no forma parte del asunto a ser analizado en este caso. La Corte deja en claro que (1) las “decisiones emanadas por los árbitros o tribunales dentro de los procesos arbitrales son de carácter jurisdiccional”, (2) que la acción de protección ataca a los actos u omisión de autoridades no judiciales; (3) por consiguiente, una acción de protección en contra de un laudo arbitral, comprende una desnaturalización de la antedicha garantía jurisdiccional, atentando el “principio de intervención judicial mínima que garantiza la eficacia del arbitraje” (párrafos 33 á 35).
  • En pocas palabras, la Corte dice que un laudo arbitral puede ser sujeto de impugnación constitucional vía acción extraordinaria de protección (para lo cual invoca la sentencia 169-12-SEP-CC); nunca un laudo arbitral puede ser objeto de acción de protección, ya que para todos los efectos, este laudo se asimila a una sentencia judicial.
  • En el plano procesal, se resalta que la demanda de nulidad de laudo arbitral planteada por la EPMAPA-SD no fue citada al demandante del proceso arbitral, tan solo notificada al correo electrónico. Esta precisión me resulta importante ya que se distingue ambas figuras y, sobre todo, en la sentencia se hace mención de que tan solo se notificó el auto de admisión de la demanda, mas no la demanda. En lo particular, me sucedió en alguna ocasión de que una jueza en una acción de protección consideró a mi defendido notificado con la misma, por cuanto ordenó que el secretario envíe por correo electrónico el auto de calificación, sin enviar la demanda. Esta regla puede ser aplicada en este tipo de casos.
  • Continuando en el plano procesal, la sentencia dedica varios párrafos para dejar en claro que el legitimado pasivo en una acción de nulidad de laudo arbitral no debe ser el director del centro respectivo, ni el árbitro o los árbitros que resolvieron, sino, la contraparte; es decir, el otro litigante en el proceso arbitral que no persigue la nulidad del laudo. En este caso, el llamado a contradecir la demanda de la EPMAPA-SD no era el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de la Construcción, sino el Ing. Edmundo Naranjo Ramos.
  • La lógica sobre la legitimación pasiva en este tipo de procesos, apunta a que la declaratoria de nulidad del laudo arbitral va a afectar a la otra parte del proceso arbitral, no tanto a los árbitros o al centro como tal. La sentencia detalla que la nulidad ataca al laudo como acto, no es contra los árbitros que lo emitieron, por lo que no pueden equipararse los intereses del árbitro, ni los del centro correspondiente, con el de la parte que le interesa que el laudo mantenga su validez (Párrafos 46 al 48). Es por esto, que en los juicios de nulidad de laudo arbitral, debe demandarse y, además, citarse, a la contraparte, esto es, la parte que no ha demandado la nulidad, por lo que se entiende es vencedora del proceso resuelto en arbitraje.
  • La Corte hace notar que la demanda de nulidad de laudo arbitral fue presentada por la EPMAPA-SD extemporáneamente, recordando que la Ley de Arbitraje y Mediación (LAM) en su Art. 31 señala que esta acción debe interponerse en el término de diez días, contados a partir de la ejecutoriedad del laudo. Esta circunstancia es de vital importancia para concluir que el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo no era competente para conocer la acción, por lo que debió inhibirse y remitir el proceso al Centro de Arbitraje. Esto implica que el laudo estaba ya en firme, ya que tenía calidad de cosa juzgada, lo que inhabilitaba sin remedio al juez para conocer la acción de nulidad de laudo arbitral (Párrafos 58 al 60).
  • Por otro lado, la Corte también indica que -para sumar errores- el presidente de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas declaró la nulidad del laudo argumentando una razón que no está prevista como causal en el mencionado Art. 31 de la LAM (Párrafo 67).
  • La Corte resume el control judicial del arbitraje con los siguientes parámetros (1) la acción de nulidad del laudo arbitral debe ser presentada dentro del tiempo que señala la ley, por lo que solo en ese caso el juez será competente para conocerla; y, (2) el juez debe verificar que la acción está fundamentada en alguna de las causales del Art. 31 de la LAM (Párrafo 61).

Luego de este análisis la sentencia acepta la acción extraordinaria de protección, por considerar que se han vulnerado los derechos a la seguridad jurídica, debido proceso (derecho a la defensa), por lo que deja sin efecto el fallo expedido por el presidente de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas y deja en firme el laudo arbitral. En la sentencia se hace un llamado de atención al juez que aceptó la acción de protección contra el laudo arbitral y contar el presidente de la Corte Provincial. En mi opinión, este llamado de atención resultó barato.

Les dejo el link para que puedan consultar la sentencia:

http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOidkYTEwOGIxOC1jNmUxLTRmMTAtYTExOC1mNTQyYmIxZWI5YjEucGRmJ30=

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¿Es aplicable la Resolución 025-2017 del Consejo de la Judicatura, para incorporar actuaciones de un proceso en otro?

Hace más o menos un par de semanas en la red social Twitter (donde me identifico como @_AlfredoCuadros), a manera de capsulita práctica escribí lo siguiente:

“Tip para litigantes: si necesitan incorporar como prueba actuaciones de un juicio a otro, si estas actuaciones están en el SATJE, invoquen la Resolución 025-2017 del Consejo de la Judicatura”.

Debajo del tuit puse una imagen de la parte pertinente de esta resolución, cuyo texto transcribo:

DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES QUE CONSTAN EN EL SISTEMA AUTOMÁTICO DE TRÁMITE JUDICIAL ECUATORIANO, SATJE QUE PUEDEN SER CERTIFICADAS POR LOS SECRETARIOS PARA SER UTILIADOS COMO MEDIOS DE PRUEBA DE UN PROCESO A OTRO

Artículo 1.- Para la validez de las actuaciones judiciales requeridas por las partes, estas verificarán que dichas actuaciones consten en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE).

Artículo 2.- La actuación judicial requerida deberá ser anunciada plenamente en la demanda o en su contestación sin necesidad de adjuntarla, pero señalando su pertinencia. Una vez calificada como admisible, en la audiencia, el juez dispondrá que el secretario incorpore la actuación al proceso.” (sic) (con mayúsculas y resaltado en el original).

En la práctica, tendríamos que adoptar estos pasos:

  • La actuación judicial debe ser anunciada ya sea en la demanda o contestación (en mi criterio la resolución quedó corta en este punto, como lo referiré más adelante). Es decir, si quiero por ejemplo validar una sentencia de una causa en otro proceso para acreditar una litis pendencia, esta actuación debe ser anunciada, con una fórmula parecida a esta: “Conforme a la Resolución 025-2017 del Consejo de la Judicatura, solicito que se incorpore al proceso la sentencia expedida en la causa 0000-0000-0001, el día 10 de junio de 2019, la cual se encuentra en el sistema de búsqueda de causas denominado SATJE. Con esta sentencia acreditaré la excepción previa de litis pendencia, por lo que en el momento oportuno, el secretario del juzgado constatará esta actuación y la incorporará al proceso”.
  • En caso de que la solicitud sea admitida por el juez, el secretario debe constatar que esta actuación judicial existe en efecto; y, una vez hecho esto, imprimirla e incorporarla al expediente y al proceso.

El tuit tuvo muchas respuestas y comentarios que se pueden dividir en tres grupos. En su mayoría, hubo comentarios agradeciendo la información; por otro lado, unos colegas que me comentaron que tuvieron problemas al invocar esta Resolución ante jueces y, por último, un par de colegas me escribieron que estaban en desacuerdo con la misma indicando que iba en contra del artículo 212 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) -incluso uno directamente me mandó a leer la citada disposición-.

Ante estas últimas respuestas me dio por escribir esta entrada para tratar de determinar si la Resolución 025-2017 es o no aplicable, ya que si se estima que la misma es contraria al Art. 212 del COGEP, en teoría no tendría forma de ser invocada en juicio.

El Art. 212 del COGEP señala lo siguiente:

“Art. 211.- Requisitos para que hagan fe las copias y las compulsas. Las compulsas de las copias de una actuación judicial o administrativa y en general toda copia con valor de instrumento público, no harán fe si no han sido ordenadas judicialmente y con citación o notificación en persona o por una boleta a la parte contraria, o sea a aquella contra quien se quiere hacer valer la compulsa. Los poderes no están sujetos a esta disposición.

Tampoco será prueba la escritura referente sin la referida, ni la accesoria sin la principal, pero si esta o la referida se ha perdido, la referente o la accesoria probará en los capítulos independientes de aquella, en los demás solo se considerará como un principio de prueba por escrito.”

De este artículo tenemos entonces que una norma procesal de un código orgánico, señala que si quiero que una actuación judicial, instrumentada como copia o compulsa, haga fe en otro juicio, debe ser (1) ordenada por el juez; (2) citada o notificada en persona o boleta a la parte contraria, lo cual no se verificaría en la Resolución 025-2017, ya que en la misma (como se lo anotó), no se prevé que el juez ordene una copia y tampoco que sea notificada “en persona o por una boleta a la parte contraria”.

¿Sería así el tema tan cerrado? ¿Este artículo del COGEP impediría que se aplique la Resolución que facilitaría mucho la tarea de todas las partes, incluido al juez y otros funcionarios judiciales?

En mi criterio en tema no se debe quedar ahí, por lo que creo que podemos ir encontrando la clave en la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa.

Jorge Zavala explica que el constituyente ha instituido en dos artículos diferentes “a los derechos de protección o de defensa como son la tutela judicial efectiva y el debido proceso, no obstante su conexión íntima. Con otras palabras el artículo 75 reconoce el derecho fundamental a la tutela, mientras que el artículo 76 comprende el debido proceso que sólo se entiende satisfecho si se cumplen las garantías que son sus concreciones en los numerales 1) al 7), sin el cumplimiento de las cuales no habrá debido proceso ni tampoco tutela judicial efectiva” (sic) (con cursivas en el original) (Zavala Egas, Jorge, Derecho Costitucional, Neoconstitucionalismo y Argumentación Jurídica, Guayaquil, Edilex, 2010 p. 307).  Solo como comentario, los artículos a los que se hace referencia en el párrafo transcrito (75 y 76) son de la Constitución.

De manera breve, como bien lo señala Ricardo Hernández González en su recomendadísima obra “El Procedimiento Ejecutivo y su sistema de excepciones tasadas establecido en el Código Orgánico General de Procesos” (Quito, Ediciones Legales, 2018, p. 95 á 96), el derecho a la tutela judicial efectiva “está garantizado por la norma suprema tanto para el actor como para el demandado. Ahora bien, los derechos que lo componen (acceso, debido proceso y ejecución) son de configuración legal y, por lo tanto, es la ley la que determina sus aspectos, condiciones y limitaciones”.

Me enfoco por ello en el segundo punto del derecho a la tutela judicial efectiva, esto es, en el debido proceso. Una de las garantías del debido proceso es contar con los medios necesarios para la preparación de la defensa (Art. 76, numeral 7º, letra b) de la Constitución), por lo que como bien ha mencionado la Corte Constitucional “Es en virtud del derecho a la defensa que se concede a las personas la facultad de acceder a los medios necesarios para hacer respetar sus derechos en el desarrollo de un proceso legal, ya sea contradiciendo los hechos alegados por la parte contraria o cualquier otro medio que permita el desarrollo de su defensa en concordancia con las garantías establecidas en la Norma Suprema” (Sentencia No. 120-16-SEP-CC).

Esta clarísimo entonces que una de las formas de cumplir con el derecho a la tutela judicial efectiva y además, al debido proceso, es que se garantice a las partes el contar con los medios que se estimen necesarios para la preparación de su defensa en juicio. Ahora bien, el Art. 11, numeral quinto de la Constitución señala que en materia de “garantías y derechos constitucionales”, todo servidor público -entre estos los judiciales-, deben aplicar “la norma y la interpretación” que más favorezca a la vigencia de la garantía y el derecho (el famosísimo principio pro homine). En estos casos, como bien lo explica el tratadista Rafael Oyarte no habría contradicción, ya que “la solución a la antinomia no está dada por el principio jerárquico, sino por la aplicación de la norma que sea más favorable” (Oyarte Rafel, Debido Proceso. Segunda Edición, Quito, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2016, p. 7).

En consecuencia las preguntas pertinentes para este asunto serían las siguientes:

  • ¿La Resolución 025-2017 del Consejo de la Judicatura favorece la mejor vigencia y aplicación del derecho a la tutela judicial efectiva, en relación al Art. 211 del COGEP?
  • ¿La Resolución 025-2017 del Consejo de la Judicatura favorece de manera más efectiva la vigencia y aplicación del debido proceso, contando con los medios necesarios para la defensa, al ser confrontada con el Art. 211 del COGEP?

Ambas preguntas se contestan con una rotunda afirmación. La Resolución tantas veces mencionada ayuda a que las partes puedan ejercer mejor la garantía de contar con los medios necesarios para ejercer la defensa, ya que permite contar con un mecanismo rápido, eficaz, con ayuda de recursos tecnológicos, para producir actuaciones judiciales de un proceso en otro, lo cual redunda en una reafirmación de la tutela judicial efectiva.

Como la solicitud de aplicación de la resolución se hace ya sea mediante demanda o contestación, la práctica de esta incorporación debe ser debatida entre las partes, por lo que se asegura también el derecho a la contradicción.

Por esto, considero que la Resolución 025-2017 es plenamente aplicable y debe ser aceptada por los juzgadores, ya que no contradice el Art. 211 del COGEP, sino que procura un mejor ejercicio al derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de las partes litigantes, en lo atinente a contar con los medios necesarios para la preparación de la defensa.

Debo hacer una observación al texto de la Resolución: hubiese sido más útil que en la misma se señale que el pedido de incorporación se pueda hacer en todo acto de proposición e incluso, más allá, en toda oportunidad de anuncio de medios probatorios. Con esto no habría duda alguna de que la pueda aplicar no solo en la demanda o en la contestación, sino en la reconvención y su contestación, escritos de pedidos de nueva prueba, prueba nueva y prueba en segunda instancia.

En fin, espero estas líneas sean de provecho, análisis y hasta debate de los colegas (aunque espero que por ahí alguno no me mande a leer algún nuevo artículo del COGEP).

Gracias por la lectura.

El abogado debe ser como el boxeador, no como el esgrimista. (No se lo tomen literal)

Intervenir en una audiencia es, para los abogados ligitantes, el momento cumbre donde se concretan todas esas horas de estudio del caso, esos extensos ensayos que muchas veces se alargan hasta la noche e incluso a las madrugadas. Puede sonar redundante y hasta obvio, igual es necesario resaltar la importancia de la preparación de cara a una audiencia, que no solo debe comprender nuestro conocimiento sobre lo que se va a exponer en sala, sino también el de conocer que se está listo ante alguna inesperada eventualidad.

Les contaré un par de anécdotas reales para graficar mejor lo que quiero decir, las cuales se dieron en dos de los juicios más destacados que he tenido en estos últimos tiempos, tanto por su complejidad, especialidad técnica, como por lo que se jugaban nuestros defendidos.

En uno de estos juicios, hice equipo con Flavio Arosemena Burbano en un caso que iniciamos sobre un tema bastante novedoso de propiedad intelectual (lo cual lo vuelve aún más interesante). Luego de revisar la extensa contestación deducida por la parte accionada, sobre todo ante la gran cantidad de excepciones previas planteadas, decidimos preparar una exposición que cuente con apoyo visual, para lo cual elaboré unas diapositivas. Estas diapositivas fueron revisadas al menos unas tres veces con Flavio, las fuimos puliendo y mejorando en cada revisión.

Para la audiencia, habíamos ya acordado con el cliente de que él llevaría tanto la laptop como el proyector; por lo que nosotros llevaríamos el dispositivo de almacenamiento con el archivo, incluso habíamos presentado un escrito previo a la diligencia advirtiendo a la jueza que era nuestra intención proyectar diapositivas, para asegurar que la sala del juzgado cuente con las instalaciones necesarias. Minutos antes de iniciar la audiencia, vimos llegar a nuestro cliente muy relajado y, sobre todo, sin ningún equipo (luego de la audiencia nos dijo que se le había olvidado ese “pequeño” detalle). Pasada la impresión del momento, en el que tuvimos apenas un par de minutos para reagruparnos y hacernos la idea de que debíamos desechar el plan inicial, nos tocó intervenir “a capela” con Flavio. No nos fue mal y se rechazaron todas las excepciones previas.

Tuve otro juicio que versaba sobre una demanda infundada y millonaria -en el sentido literal de la palabra- contra un cliente. Para la audiencia respectiva, preparé también una serie de diapositivas, las cuales fueron revisadas con el equipo jurídico interno del cliente unas tres veces al menos. En esta ocasión en cambio, me encargué de llevar la laptop con mis súper diapositivas, para las cuales incluso había preparado uno de mis tradicionales diagramas de flujo. El cliente esta vez sí llevó el proyector, aunque gracias a la Ley de Murphy (que se empeña en no ser derogada), los equipos no eran compatibles, faltaba un cable adaptador que no se lo pudo conseguir a esas alturas. Una vez más, me tocó hablar sin el material de soporte. Tampoco me fue mal. Eso sí, tocó adaptarse a la situación, para lo cual solicité e indiqué a los jueces que por un problema técnico no iba a poder proyectar la presentación; no obstante, como para mí era vital mostrar el flujograma que había realizado, pedí que en el momento oportuno me permitan acercarme al estrado con la laptop para mostrar ante ellos este diagrama, para hacer la explicación respectiva expresando incluso, por temas de transparencia, que los colegas de la contraparte también se acercaran hasta donde los jueces, todo lo cual fue aceptado.

La lección que saco de estas dos experiencias es que hay que estar preparado para que algo salga mal en el momento menos oportuno; a pesar de preparar diapositivas, apuntes, esquemas, gráficos, al final del día solo hay una cosa con la que en verdad contamos: nuestro estudio del caso y la habilidad de explicarlo de la mejor forma posible. Es decir, aunque una situación adversa y/o inesperada puede afectar algo que teníamos planificado, nunca vencerá a nuestro estudio y conocimiento del caso.

Hay una frase de Marco Aurelio, uno de mis filósofos favoritos, que se me viene a la mente al escribir estas líneas y que motiva el título de esta entrada: “El estudiante es como un boxeador, no como un esgrimista. El arma del esgrimista es recogida y derribada una y otra vez. El arma del boxeador es parte de él. Todo lo que tiene que hacer es apretar el puño”. Parafraseando esto diría que el abogado litigante debe ser como el boxeador, no como el esgrimista -insisto en que no se lo tomen al pie de la letra-; es decir, debemos estar siempre tan bien preparados en una diligencia específica, que todo lo que necesitemos para hacer lo mejor posible, esté en nosotros mismos, no en diapositivas, ni en proyectores, ni en gráficos elaborados (que son una ayuda, pero que no pueden ser todo nuestro soporte). En las anécdotas que les he contado, de nada hubiera servido confiarnos en, por ejemplo, solo leer presentaciones y diapositivas, ya que ante los imprevistos, no hubiésemos sabido cómo proceder, en perjuicio de los legítimos intereses de nuestros clientes.

¿Te impugnan una pregunta que tenías preparada para un testigo adverso? No importa, reformúlala tomando en cuenta que ya conoces con anticipación lo que quieres lograr con ese testimonio. ¿Te negaron una prueba? Intenta buscar otras maneras de probar el hecho dentro del mismo caso (¡Incluso puede ser que lo logres con la prueba que presentó la contraparte! Como lo ha explicado muy bien Jorge Luis Mazón al hablar sobre el uso a tu favor de la prueba del contrario). ¿La otra parte quiere hacer algún incidente? Tu dominio de la normativa procesal, te hará salir avante. En fin, estar bien preparado es una garantía de adaptación y flexibilidad en cualquier audiencia.

En esta entrada he mencionado a dos brillantes colegas con quien he compartido experiencias profesionales y académicas. Recomiendo mucho seguirlos en Twitter, que es la red social que más uso. A Flavio Arosemena sensei de la propiedad intelectual en @FlavioArosemena y, Jorge Luis Mazón, crack en temas procesales, autor de la obra “Ensayos Críticos sobre el COGEP” y fundador del grupo de Facebook “Los Problemas del COGEP” en @jolismazon.

Gracias por la visita.

 

Decálogo para ser un buen estudiante de derecho. Por un estudiante de derecho.

José Alfonzo León es un joven estudiante del derecho, a quien auguro un gran futuro por su notoria dedicación. Hace unas semanas me pidió que revise un texto que él escribió (basado en una conferencia del doctor Miguel Carbonell), en la que se dan consejos sobre cómo sacar el mejor provecho sobre el aprendizaje jurídico, titulada “Decálogo para ser un buen estudiante de derecho”.

Luego de revisar el texto y pasárselo con mis comentarios, José me preguntó si lo podía publicar en mi blog. Luego de negociar una tarifa justa por el espacio (mentira), este artículo al fin será dado a conocer, por lo que sin más demora, pongo a consideración de ustedes amables lectores este esfuerzo de José.

DECÁLOGO PARA SER UN BUEN ESTUDIANTE DE DERECHO


El reto de un estudiante de derecho durante su vida universitaria está marcado por la complejidad de intentar abarcar a lo largo de ella, distintas materias que tendrán una mayor o menor dificultad técnica que dependerá de varios aspectos, entre ellos: la amplitud de las instituciones jurídicas o regulaciones que tenga esa rama del derecho, la capacidad para sintetizar y enseñar del docente, el interés del estudiante en aprender de esa rama en específico.

Lo anterior se justifica porque el Derecho es interdisciplinario y como tal se encuentra seccionado en varias ramas que en cierto punto parecerían repelerse, esto en miras de cubrir las distintas necesidades que una sociedad requiere. Es así por ejemplo, que el derecho civil y penal se pueden mostrar en gran medida incompatibles pero cumplen una misma finalidad, que es la de satisfacer necesidades, con la diferencia -a muy amplios rasgos-que la primera lo hace dentro de la esfera de lo privado y la segunda de lo público. Este reto también encuentra su justificación en la responsabilidad académica de las universidades de entregar a la sociedad un profesional dotado con los conocimientos necesarios para satisfacer las dudas que presente el cliente.

Este artículo está basado en la conferencia impartida por el Dr. Miguel Carbonell quién es abogado, conferencista y autor de varios libros y ensayos académicos, que deja valiosas enseñanzas a quienes emprendemos ese profundo y vertiginoso viaje a lo largo de aquel gran océano llamado Derecho. A continuación un resumen de los diez puntos más importantes mencionados en dicha conferencia:

1.- Aprender de forma activa

No hay que ser conformista con los conocimientos impartidos por los docentes. Ningún profesor puede impartir la totalidad de una materia por más sistemático que este sea, la práctica demuestra que un problema jurídico puede envolver infinitas posibilidades para ser resuelto.

Una respuesta común y mediocre de los estudiantes de derecho es reservarse solo los conocimientos impartidos en las aulas de clase, el estudio continuo es importante. Recordemos que el derecho avanza y el contenido de nuestros apuntes -muchas veces nuestra única fuente de consulta- pudo desactualizarse mientras nuestras ganas de aprender se mantuvieron estancadas en el tiempo. Entonces, un primer consejo es aprender de forma activa y actualizarse constantemente.

Hoy en tiempos de pandemia hay muchos conversatorios o seminarios de acceso gratuito presentándose como una buena oportunidad para seguir aprendiendo.

2.- Manejo adecuado del tiempo

Como bien lo menciona el Dr. Miguel Carbonell ser estudiante no significa estar inscrito en una universidad o tener un documento que nos acredite como tal. Somos estudiantes porque nuestra principal obligación y prioridad es precisamente esa, estudiar. Los estudiantes caemos en el error común de despreciar material de lectura como artículos académicos o sentencias que el docente ha preparado como parte de su clase.

Excusas como “son muchas páginas para leer” o “no tengo tiempo porque trabajo y tengo más materias” se escucharán de forma recurrente en los pasillos de la universidad. Debemos cambiar ese chip que ya es parte del ADN latinoamericano.

En términos comparativos las más prestigiosas escuelas de derecho del mundo son las estadounidenses y esto no solo por la calidad docente, sino por la calidad y dedicación de los estudiantes. Las clases se preparan con el estudiante, quienes no tienen reparo en estudiar 100, 200; incluso hasta 300 páginas de una clase a otra apuntando detalles importantes de cada material enviado.

Respecto a esto, si el material es extenso se pueden escoger compañeros y hacer grupos de estudio siempre que haya la certeza de que cada uno hará su parte del trabajo, el análisis minucioso es importante de otra forma tendremos un estudio mecánico algo que en la práctica de poco sirve. Esto nos ayudará a trabajar en equipo -valioso en la vida profesional- y nos ayudará a motivar a nuestros compañeros cuando sientan que estudiar no es una prioridad.

3.- Adquirir hábitos de lectura

Un comentario básico en estudiantes de Derecho es “no me gusta leer, pero lo hago porque toca” a lo que debo responder: si emprendiste esta carrera, te aseguro que leer será un complemento obligatorio por el resto de tu vida profesional. Un futuro abogado no puede estar desligado de la lectura porque los conocimientos que decidiremos aplicar en procesos judiciales, para elaborar ensayos o incluso en nuestra tesis de grado que permitirá obtener el título profesional, requerirá que leamos. Las propias leyes no siempre nos otorgan todas las soluciones a un problema jurídico lo que nos obligará a revisar jurisprudencia aplicable al caso concreto.


El consejo del Dr. Miguel Carbonell: Leer libros no jurídicos. Gran parte de mi vida detesté leer, hasta que, durante los primeros años de la universidad decidí leer libros de novela policiaca. Hoy escuchando por primera ocasión la conferencia de cómo ser mejor estudiante de derecho puedo dar fe de las ventajas que da leer libros no jurídicos, cuando el contenido te parece atractivo y fácil de entender, poco a poco y sin percatarte podrás leer temas jurídicos sin que represente un esfuerzo.

En lo personal prefiero la novela policiaca, pero eso no escapa a la posibilidad de leer novelas de otros géneros, poesía, economía, arquitectura, arte, etc. Adaptar este hábito nos ayudará en un futuro a elaborar demandas, obtener mayor vocabulario e incluso a expresarnos mejor. El hábito de lectura es un punto valioso.

4.- Mejora tu forma de hablar y escribir

Esto va de la mano con el anterior. Hoy en día el uso frecuente de redes sociales puede producir problemas de sintaxis. La ortografía, y la forma de expresión oral es una carta de presentación desde lo personal, profesional y refleja las aspiraciones que se tienen en la vida.

Particularmente el sistema judicial en Ecuador ha implementado la oralidad como uno de los aspectos medulares del proceso judicial. Un estudiante que no desarrolla su técnica de expresión oral, puede tener serios inconvenientes en el ejercicio profesional.

5.- Uso de nuevas tecnologías

Hoy por hoy el uso de redes sociales es casi generalizado, en especial en jóvenes y adolescentes. Pero ¿cómo usarlas para ser mejores estudiantes de derecho? La respuesta es sencilla, publicando temas de interés independientemente de la audiencia alcanzada.

Compartir información relevante de temas jurídicos es algo que se encuentra al alcance. Hoy encontramos en redes sociales al Consejo de la judicatura, Corte Nacional de Justicia, Corte Constitucional, Ministerios entre otros que comparten resoluciones, jurisprudencia y en general, todo tipo de información de utilidad. De igual forma muchas prestigiosas instituciones y universidades del mundo tienen información académica accesible de manera gratuita. Queda como labor personal investigar y difundirla.

6.- Manejo adecuado de la información jurídica

En cada rama del derecho existe un cúmulo importante de información: leyes, resoluciones, acuerdos, circulares, entre otros. No solo en el plano nacional sino internacional. A manera de ejemplo: nuestra Constitución establece que los tratados internacionales de Derechos Humanos tienen jerarquía constitucional, lo que nos implica en primer lugar la obligación de conocer el contenido de la Constitución y en segundo lugar qué tratados suscritos y ratificados por el Ecuador tratan derechos humanos.

Por tanto, es de suma importancia saber darle un tratamiento armónico a la información jurídica y conocer su fuente, dónde y cómo puede ser encontrada.

7.- Tener una buena capacidad argumentativa

Esta capacidad en palabras del Dr. Miguel Carbonell se resume en entender un problema jurídico concreto, conocer su régimen jurídico aplicable y finalmente dar un criterio óptimo para su solución.

Un error cometido por los estudiantes de derecho es memorizar en lugar de argumentar. Si bien es cierto esto puede obedecer a muchas razones, aquí mencionaré dos. Ocurre en ciertas ocasiones que el docente tiene una tendencia a que su materia sea aprendida de memoria o, que el estudiante a lo largo de su vida se haya acostumbrado a memorizar el contenido de sus clases.

Aprender mecánicamente impide que tu criterio se desarrolle a lo largo de la carrera. Hay que darle paso un poco a la imaginación y creatividad, después de todo en la práctica del abogado los problemas jurídicos no se resuelven matemáticamente, se podrán encontrar muchas vías para llegar a una solución. Si nos enfrascamos en memorizar, cuando tengamos en nuestras manos una controversia que no se ajuste a esa aparente “única regla” aprendida en las aulas de clases, no podremos corresponder a los intereses de nuestro cliente.

8.- Ética profesional

Aprender a desarrollar valores éticos si bien es algo que se aprende desde casa, cuando nos encontramos en esta profesión toma un tinte distinto. Muchos estudiantes de derecho probablemente trabajen y a la par estudien, se habrán dado cuenta que la corrupción, particularmente en nuestro país es algo cotidiano. Salir de ese círculo vicioso y desarrollar valores éticos durante la carrera nos dará un plus cuando seamos abogados, seremos transparentes y litigaremos como se dice localmente “en derecho”.

Pero la corrupción no solo se manifiesta cuando una persona intenta sobornar a un servidor público, existen otras modalidades, como la del abogado que acepta un caso tributario sin conocer de la materia por ganar los honorarios o la del estudiante que decide usar sus influencias con el profesor para que lo apruebe en la materia. Un buen estudiante de derecho intenta en gran medida mitigar estas actuaciones lo que seguramente generará consecuencias positivas a futuro. De otra forma, si una persona se acostumbra a este tipo de actos durante la vida universitaria, no cabe duda, los cometerá en mayor medida cuando sea abogado, de ahí la importancia de la ética profesional.

9.- Cuidar la percepción de nuestra imagen

Este punto aplica a estudiantes y abogados: “No solo hay que ser abogado, sino también parecerlo”.

Nuestra imagen puede provocar una primera impresión favorable o desfavorable. La imagen que presentes puede incidir incluso en el tipo de clientes que tendrás. Pero en este punto no nos referimos únicamente a la vestimenta del estudiante de derecho o abogado -traje, corbata, reloj, zapatos, cartera, etc.- va más allá.

La estética de la firma, de las tarjetas de presentación, de una página web bien diseñada, del tipo de material con el que se imprimen los escritos presentados. Todo juega un rol destacado a la hora de mostrar una grata imagen. Es evidente que sin un trato profesional la estética pierde valor, por ello deben ir relacionados.

10.- Pensar en abarcar nuevas ramas del derecho en el ejercicio profesional

Dedicarse a ramas del derecho tradicionales como laboral, civil, penal, entre otros no es algo desacertado. No obstante, el mundo se sigue innovando y el derecho con él. Hoy encontramos nuevas ramas del derecho como el deportivo, el derecho de competencia, de energías, arbitraje internacional, etc., que alcanzan una gran complejidad y suponen una asesoría rigurosa y muy bien remunerada. Dando prestigio al profesional que patrocina este tipo de procesos, el cual puede ir en ascenso hasta alcanzar sin dudas reconocimiento internacional.

Estas son las 10 enseñanzas que da el Dr. Miguel Carbonell quien finaliza con una reflexión que personalmente creo y comparto, se resume en que el camino al éxito no tiene vías cortas, es producto de sacrificio diario, de voluntad para aprender constantemente de forma autodidacta o impartida. El profesionalismo empieza desde las aulas de clases, y es nuestra responsabilidad encaminarlo hasta el inicio de nuestra vida como abogados y no solo ahí, sino mantenerla a través del tiempo. Como comentario de cierre los estudiantes de derecho no debemos creer que nuestro pensamiento o criterio son absolutos, sino ser receptivos con las críticas constructivas y recomendaciones realizadas por aquellos profesionales que cuentan con la experiencia y por qué no, las críticas realizadas por otros estudiantes que pueden dar un punto de vista igual de valioso.

Ciertas precisiones de la Corte Constitucional respecto del abandono.

El 19 de mayo de 2020, la Corte Constitucional expidió la sentencia No. 478-14-EP/20, dentro del caso No. 478-25-EP, cuyo juez ponente fue el magistrado Jorge Herrería Bonet. Me ha llamado la atención esta sentencia por algunas cosas que iré detallando a lo largo de esta entrada.

Los antecedentes de hecho relevantes al caso son los siguientes:

  • La acción extraordinaria que será motivo de comentarios en esta entrada, fue expedida respecto de una sentencia dictada en un juicio de acción penal privada -querella- por injurias calumniosa, conforme al artículo 491 del Código Penal (CP). Como divagación, diré que aún quiero considerarme y autopercibirme como joven; no obstante, al recordar que en su momento llegué a conocer litigios de los extintos códigos penal y procedimiento penal (CPP), esa autopercepción como que se quiere esfumar.
  • Bueno, en el procedimiento de acción penal privada en cuestión pasaron algunas cosas, desde nulidades hasta solicitudes de ampliación y aclaración de un informe pericial; no obstante, lo que quiero destacar en esta entrada, es que hubo un pedido de abandono por parte del querellado, sustentado en una supuesta falta de impulso de la querella por parte del querellante por más de treinta días; luego de lo cual, el Juez de la Unidad Penal con sede en el cantón Riobamba declaró el abandono del proceso en auto de fecha 21 de enero de 2014. El querellante apeló de esta resolución, recurso que le fuera negado, por lo que el 13 de marzo de 2014 se presentó acción extraordinaria de protección.
  • En la acción extroardinaria de protección, el accionante alegó que se vulneraron los artículos 75, 76, 77, 82, 169, 172 y otros de la Constitución.

A nivel Corte Constitucional, estos fueron los hechos previos a la decisión:

  • El 31 de julio de 2014, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional solicitó que el accionante aclare cuál decisión (o decisiones) concretas eran las que se impugnaban vía acción extraordinaria de protección.
  • Como respuesta a esto, el accionante señaló que impugnaba los siguientes autos: 1) el del 8 de enero de 2014, mediante el cual el juez que recién avocó el conocimiento de la causa declaró la nulidad parcial del proceso; y, 2) el auto de fecha 21 de enero de 2014 en el que se declaró el abandono de la querella.
  • Con esta aclaración, la Sala de Admisión admitió al trámite la acción extraordinaria de protección. El 9 de julio de 2019, la causa fue resorteada para conocimiento del abogado Jorge Herrería, Juez Constitucional.

Con este resumen de los antecedentes, paso a relatar los puntos que me parecieron interesantes de esta resolución.

1.- ¿Qué tipos de auto son susceptibles de ser impugnados vía acción extraordinaria de protección=

Una de las primeras cosas que se tratan en la parte medular de la sentencia es determinar si los autos impugnados por el accionante son o no susceptibles de ser “atacados” por la vía constitucional, para lo cual se aplican los criterios expuestos en las sentencias 1534-14-EP/19 y 1502-14-EP/19, los cuales resumo:

  • La primera pregunta a formularse es si el auto resuelve el fondo de las pretensiones con autoridad de cosa juzgada material. Si la respuesta es positiva: sí puede ser objeto de acción extraordinaria de protección.
  • Si la respuesta es negativa, entonces hay que analizar si el auto, a pesar de no causar cosa juzgada material, impide la continuación del juicio. Si la respuesta es afirmativa, entonces, también puede ser objeto de acción extraordinaria de protección.
  • En caso de que la respuesta a la anterior pregunta también sea negativa, ahora toca ver si el auto impide en cambio, la continuación de otro juicio con las mismas pretensiones. Si es así, si cabe la acción extraordinaria de protección.
  • Por último, si todas las respuestas a las premisas señaladas son negativas, lo último que debemos dilucidar es que si el auto, a pesar de no ser definitivo, causa un gravamen irreparable. Si es que sí lo causa, la acción extraordinaria de protección tiene el camino abierto. En la sentencia No. 154-12-EP/19, la Corte analizó el supuesto del gravamen irreparable.

Al final de esta entrada acompaño un gráfico de un diagrama que explica de manera más didáctica estas anotaciones.

En aplicación de las reglas señaladas, la Corte concluyó que el auto de fecha 8 de enero de 2014 -en el que se declaró la nulidad parcial- no podía ser objeto de acción extraordinaria de protección, ya que no tiene el carácter de definitivo y tampoco causó un gravamen irreparable, por lo que quedó fuera del análisis. Por otro lado, el auto expedido el 21 de enero de 2014, con el que se dictó el abandono de la querella, sí era definitivo, ya que impedía el inicio de otro proceso, debido a que el artículo 57 del CPP, vigente a la época indicaba que la querella por injurias podía presentarse un plazo máximo de seis meses desde que se comete la infracción, por lo que, una vez declarado el abandono, el querellante no podía volver a presentar su acción penal privada luego del abandono.

2.- Interesante: reflexiones y excepciones sobre la preclusión.-

Algo muy interesante en esta sentencia es que en la misma se deja constancia de que la acción extraordinaria de protección nunca debió haberse admitido al trámite, ya que fue interpuesta fuera del término previsto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. A pesar de esto, la actual Corte señala que no pueden analizarse ni discutirse asuntos de admisibilidad luego de que la acción haya sido admitida -en aplicación del principio de preclusión-, por lo que igual entró a analizar el fondo del tema planteado (párrafos 34 y 35).

Sobre esto, la Corte aprovecha para establecer que hay dos excepciones a la regla de la preclusión expuesta en párrafo precedente: (1) cuando el Pleno de la Corte de oficio identifique que la acción propuesta no cumple con requisitos básicos que establece la Constitución, conforme se lo señala en la sentencia 0154-12-EP/19; y, (2) que también de oficio, el Pleno establezca que no se han agotado los recursos ordinarios y extraordinarios de las disposiciones normativas adjetivas aplicables, a menos que el “legitimado activo haya demostrado que tales recursos eran ineficaces, inapropiados o que su falta de interposición no fuera producto de su negligencia”, según reza la sentencia 1944-12-EP/19.

Por ello, en la sentencia se indica en pocas palabras que, a pesar de que es evidente y notorio que la acción extraordinaria de protección fue presentada extemporáneamente, al haber sido admitida en fecha anterior (cuando otros jueces integraban la Corte Constitucional), igual se entrará a resolver sobre el fondo de la cuestión.

3.- ¿Qué es lo que dice sobre el abandono esta sentencia?

Para no alargarme más, les diré que el Pleno de la Corte Constitucional aceptó la acción extraordinaria de protección, dejando sin efecto la declaratoria de abandono, retrotrayendo los efectos al momento procesal previo a esta declaratoria y disponiendo para esto que se haga un sorteo para que un nuevo juez conozca la causa. La Corte llegó a este resultado al concluir que el juez “no actuó apegado al principio de debida diligencia, vulnerando de esta forma el derecho a la tutela judicial efectiva del accionante, específicamente en el segundo supuesto” (sic) (párrafo 45); adicionando que también existió vulneración al debido proceso, al no permitir que el querellante haya podido replicar los pedidos del querellado, en especial en el que solicitaba el abandono del proceso.

Estas fueron las razones que llevaron a la Corte a establecer esto, de donde además podemos extraer lecciones prácticas para nuestros casos:

  • Previo a la declaratoria de abandono, el querellante había pedido que se aclare y amplíe un informe pericial presentado en el expediente. El juez atendió esta petición, disponiendo que el perito aclare y amplíe su informe, lo cual no fue cumplido con el perito. Aquí la Corte señala que el juez debió hacer cumplir esta disposición, por lo que el hecho de no compelir a que el perito lo haga, supuso la vulneración al derecho de defensa del accionante (párrafo 44). Por ello, la Corte refiere que a la fecha de declararse el abandono hubo un pedido de una de las partes que no fue atendido, por lo que estaba pendiente de resolverse. Lo que saco en limpio de esto es que ante estos casos, no basta que el juez le pida a un perito que aclare y/o amplíe su informe, sino que se asegure de que el perito lo haga, caso contrario, puede configurarse una vulneración constitucional.
  • La sentencia hace notar que la solicitud de abandono fue presentada mediante escrito incorporado al proceso el 8 de octubre de 2013 y, que este escrito, nunca le fue notificado al querellante, por lo que se constata por ello la vulneración al debido proceso, en la garantía de replicar los argumentos de las partes. Lo que podemos aprender de esto es que, todo pedido de abandono debe ser comunicado a la otra parte para que pueda ser analizado e impugnado -si puede ser el caso-. He visto algunos casos en que una vez formulada la solicitud de abandono, el juez respectivo dispone de manera inmediata a través de providencia que se siente razón sobre el tiempo transcurrido, sin poner en conocimiento a la otra parte el escrito del solicitante del abandono; luego de lo cual, como segunda medida lanza la declaratoria de abandono, sin que se preste mayor atención a los escritos de oposición.
  • Por otra parte, el querellante también había presentado un escrito de fecha 16 de enero de 2014, en donde pedía que se le corra traslado con los escritos presentados por su parte por el querellado; escrito que no fue atendido. Es decir, la Corte señala que así exista sentada una razón sobre el tiempo en que el proceso no ha sido impulsado (y por ende, que en teoría tan solo falte la declaratoria del abandono para que la misma tenga efectos), cabe la posibilidad de presentar un pedido por la parte que le interesa seguir moviendo el juicio respectivo, el cual debe ser atendido por la autoridad judicial previo a resolver sobre la procedencia del abandono.
  • Como idea final, la sentencia también prescribe que sin perjuicio a la obligación que tienen los litigantes para revisar el expediente físico, el juez está obligado a correr traslado a las partes sobre todos los escritos en los que sea “necesario recibir un pronunciamiento de las mismas, tales como solicitudes de abandono, alegatos, impugnaciones, y cualquier otra conforme a la Ley” (sic) (párrafo 54). Por ello, si por ejemplo, detectamos que en algún caso el juez no nos corrió traslado con algún alegato de la contra parte, podemos activar la senda constitucional con el argumento válido de que no se nos dio oportunidad para replicar el alegato.

Por todo esto, la Corte determinó que existió en el auto motivo de análisis vulneración al derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso (Arts. 75 y 76.7 de la Constitución).

Aquí pueden acceder al texto del fallo:

https://portal.corteconstitucional.gob.ec/BoletinesMayo/478-14-EP-20(0478-14-EP).pdf

Gracias por la visita.

 

Anotaciones prácticas de mi primera audiencia virtual

El pasado día jueves 14 de mayo del presente año me tocó “comparecer” a mi primera audiencia virtual, que consistió en audiencia pública de acción de protección en la que presté mis servicios jurídicos a uno de los accionados.

Considero que más provechoso que relatar la experiencia en orden cronológico, es mejor ir directo a las conclusiones que pude para compartirlas con los colegas que tienen la amabilidad de visitar este blog. Vamos a ello.

1.- Opciones para comparecer.-

En la providencia mediante la cual se convocó a las partes a la audiencia pública (recordemos que es una acción de protección), se precisó las siguientes formas de comparecer a la misma:

  • Acudir a la propia Unidad Judicial -en este caso la que está ubicada al sur de Guayaquil-, en donde se proveería al interesado, ya sea abogado o la parte, de los equipos técnicos para poderse conectar a la audiencia por medios telemáticos. Para esto, es evidente que los que opten por este camino deben acudir a las instalaciones respectivas adoptando las medidas básicas y necesarias, es decir, mascarillas y distanciamiento social.
  • Comparecer desde otro punto particular como el domicilio o la oficina, para lo cual se debe tener un equipo y medios técnicos adecuados; comenzando por tener una conexión estable y confiable a internet, computadora o laptop con micrófonos, cámara y parlantes en buen estado. Un colega amigo que tuvo en días pasados una audiencia de estrados en la Corte Nacional, me confirmó que pudo utilizar su Tablet e incluso su teléfono celular (ambos marca Apple, habrá que ver si es posible conectarse con equipos de otras marcas). Para esto, en la providencia se indicó un número de sala y una clave, para poder ingresarlos y acceder a la audiencia; además, también se proporcionó los datos de contacto del coordinador de la unidad judicial para realizar las consultas respectivas.

 2.- Tuve que instalar un software.-

A nivel técnico creo que esta es la dificultad más grande. La audiencia no se realizó por alguna de las plataformas virtuales que son muy usadas al día de hoy para por ejemplo, dar clases o conferencias (el ejemplo más popular es zoom), que es bastante amigable y, en concreto, no requiere la instalación de un programa, sino que basta con la visita a la respectiva página web.

La plataforma que usa la Función Judicial para las audiencias se denomina POLYCOM, para la cual hay que conectarse a un link que proporciona el coordinador de la Unidad Judicial. Mientras uno va ingresando, van saliendo algunas ventanas y opciones a las cuales hay que ir aceptando. Como indicaba, este es el problema más grande, ya que una persona que no sea muy diestra en el manejo de herramientas informáticas puede encontrarse con más de un problema para conectarse. Lo bueno es que las dificultades que pueden surgir no son insuperables, por lo que se sugiere tener una persona que conozca algo básico de informática cerca.

Cuestión técnica: uno debe conectarse desde el navegador Google Chrome. Desconozco si se necesita un equipo de última generación, imagino que basta que sea un computador desde el que se pueda realizar una video sesión.

3.-  Hacer prueba de conexión con al menos 24 horas de anticipación.-

Esto es clave. Debemos contactar al coordinador de la unidad judicial, quien nos guiará para instalar el programa POYCOM y además, realizar una prueba de la conexión y el estado del audio y video de ida y vuelta.

El día de la diligencia se recomienda intentar conectarse con al menos unos treinta minutos, para evitar contratiempos.

4.- La experiencia de la audiencia: en general bastante bien la conexión.

Hay que tomar en cuenta que en esta audiencia participamos:

  • El juez desde su domicilio.
  • El secretario desde su domicilio.
  • El abogado de la parte actora, quien acudió a la Unidad Judicial y estuvo en un despacho separado que contaba con cámara y micrófono.
  • Dos abogados de dos demandados, quienes también acudieron a la Unidad Judicial, a quienes se les facilitó la conexión desde una sala de audiencias, en la que se sentaron con una distancia prudencial (aunque dudo que haya habido al menos un metro entre ambos).
  • La actora de la causa desde su hogar.
  • La abogada designada por la Procuraduría General del Estado, desde su casa.
  • Quien escribe estas líneas, también desde mi hogar.

Como pueden ver, hubo bastantes personas conectadas para esta audiencia desde distintos puntos. Por ello, la experiencia de la conexión, el ritmo del audio y video en general fue bastante bueno (le pongo un 8 sobre 10). En muy pocas ocasiones hubo el famoso “congelamiento” de imagen o distorsiones con el audio.

5.- Lo que no es tan bonito de conectarse vía internet.-

La audiencia tuvo una duración aproximada de cuatro horas y media (desde las 10h00 hasta las 14h30), a esto hay que sumar los treinta minutos previos que me conecté para prever cualquier dificultad, todo lo que abarcó un tiempo considerable, unas cinco horas, lo cual no es poco. Es difícil concentrarse y pasar bastante tiempo mirando una pantalla, sobre todo en mi caso que estaba en mi hogar, ya que en ciertos momentos fue inevitable apagar la cámara para atender alguna cosa puntual. En serio me dio la impresión de que habría culminado menos agotado la misma audiencia de la manera presencial.

Un problema que sí puede llegar a ser sustancial es la práctica de la prueba. La plataforma POLYCOM no permite compartir documentos de manera simultánea en la pantalla mientras se expone. La solución parche que se está aplicando es enviar los documentos escaneados vía correo electrónico al secretario del juzgado y, luego leerlos. El secretario se encarga de enviar los documentos a los correos de los otros abogados. Esto en lo personal no me convence, ya que en días pasados envié un escrito con firma digital a una coordinadora de una Unidad Judicial y el correo me rebotó, ya que se me indicó que el buzón de la funcionaria estaba lleno. Las pruebas testimoniales supondrán una dificultad mayor (imagínense el tema de las objeciones, saber si el testigo está o no siendo asistido por otra persona, o leyendo). En esta audiencia las partes tan solo “practicamos” pruebas documentales, sin que se haya podido ejercer de manera adecuada el derecho a la contradicción. Se entiende que por las limitaciones actuales ciertas prácticas se vean limitadas; esperemos que esto no se convierta en un motivo para practicar la deslealtad procesal.

Un consejo para los colegas que se conectan de manera remota: apaguen el micrófono de la plataforma si no van a intervenir. Es preferible que empiecen a hablar y el juez les diga que no se los escucha (como me pasó a mí), que en medio de alguna intervención se escuche que estén hablando por teléfono con otra persona (como le pasó a la actora).

En fin colegas, espero estas ideas les sirvan para sus audiencias virtuales. No me queda más que agradecer la buena predisposición de los coordinadores de la Unidad Judicial Sur, abogados Jorge Vásquez y Víctor Rodríguez, sobre todo este último, quien tuvo la excelente disposición para guiarme al hacer la prueba previa y la conexión definitiva para la audiencia.

Gracias por la visita.

 

Diferenciación entre precedente horizontal auto-vinculante y hetero-vinculante

El 22 de enero de 2020, la Corte Constitucional emitió la sentencia No. 1035-12-EP/20, en la que se realizaron comentarios interesantes respecto a los precedentes de tipo horizontal; esto es, si las resoluciones -o para ser más precisos, las argumentaciones, la ratio decidendi– de un determinado juez o tribunal, pueden ser invocados con fuerza vinculante ante otro juez o tribunal del mismo nivel.

Para entrar en contexto, es oportuno realizar un resumen de los hechos importantes que llevaron al caso a ser conocido, analizado y resuelto por la Corte Constitucional:

Fecha Hecho
25 octubre 2010 El Tribunal de Disciplina de la Escuela Superior de Policía Nacional, emite resolución dando de baja al señor Deiby Ríos Tamayo, por incurrir en lo dispuesto en el Art. 81, letra h) del Reglamento de la Escuela Superior de Policía. El mencionado señor, sin permiso se había fugado de la escuela y además, acudió a un centro de diversión. El señor Deiby Ríos Tamayo (quien cometió este acto con otros dos compañeros), presentó acción de protección sobre esta resolución.
16 de enero 2012 El Juez Segundo de Trabajo de Pichincha emitió sentencia declarando con lugar la acción de protección y, por ello, ordenó el reintegro del actor la institución. La entidad accionada apeló del fallo.
5 de junio de 2012 La Sala Primero de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y materias residuales de Pichincha, aceptó la apelación y revocó la sentencia de segunda instancia. El señor Deiby Ríos Tamayo presentó acción extraordinaria de protección.
27 de septiembre de 2012 La Corte Constitucional admite al trámite la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Deiby Ríos Tamayo.
2 de enero de 2020 El caso recae -vía resorteo- en conocimiento del juez constitucional Alí Lozada Prado.

 

En la acción extraordinaria de protección el accionante Deiby Ríos Tamayo, alegó las siguientes vulneraciones constitucionales:

  • Que la resolución de la resolución mediante la cual se le dio de baja definitiva de la Escuela Superior de Policía, vulneró los preceptos constitucionales de supremacía constitucional, jerarquía normativa y sujeción a la Constitución y, además, a la interpretación más favorable, ya que (según siempre lo argumentó el actor), se le impuso la sanción más grave posible, lo cual, a la luz de los preceptos señalados, es inconstitucional, ya que se debió preferir una pena más leve como la suspensión temporal. La Corte Constitucional desechó este cargo al considerar que “al no establecer un derecho constitucional impiden que su eventual inobservancia sea demandada” (sic) vía acción extraordinaria de protección. Esto resulta interesante, ya que esta sentencia delimita la cancha al señalar de manera clara que en una acción extraordinaria de protección no se pueden invocar preceptos o “principios” generales que enuncia la Constitución, sino que debemos -como proponentes de la garantía jurisdiccional- ser precisos en circunscribir la discusión en un derecho constitucional concreto.
  • Que existió un trato discriminatorio por parte de la Corte Provincial de Pichincha. Para soportar este cargo, el accionante afirmó que en la misma corte, sus otros dos compañeros con quienes se había fugado de la Escuela Superior de Policía (que fueron sancionados también con la baja), habían presentado por vía separada ambos acciones de protección, las cuales fueron concedidas por la Corte Provincial. Ante esto, el actor razona que al ser sus casos y sus pretensiones análogas en lo esencial, la Corte debió resolver todas de la misma forma y, al haber resuelto su caso de manera diferente, se verificó un trato discriminatorio en su causa y en su perjuicio.
  • Por otra parte, agregó que se ha vulnerado su derecho a la educación y al debido proceso, al insistir que se le debió imponer una pena menos dura que la separación definitiva. Sobre este punto, la Corte detalló que solo podía pronunciarse sobre el mismo en caso de que se acepte que hubo vulneración del segundo cargo (el supuesto trato discriminatorio), ya que esto es una discusión sobre el mérito de la resolución administrativa de separación definitiva dictada contra el señor Deiby Ríos Tamayo.

La Corte entonces centró su análisis en determinar si existió discriminación en contra del señor Deiby Ríos Tamayo, por parte de la Corte Provincial, al declarar sin lugar la acción de protección interpuesta por el mencionado ciudadano, mientras que a sus compañeros en casos similares, les dio la razón. Tenemos entonces -para poner las cosas claras- lo siguiente:

  • A conocimiento de la Corte Provincial de Pichincha llegaron tres acciones acciones de protección, planteadas por tres estudiantes que habían sido sancionados por la Escuela Superior de Policía Nacional, por haberse ausentado, al mismo tiempo y en una misma falta, sin permiso. Una de estas tres acciones de protección, fue planteada por Deiby Ríos Tamayo.
  • La Corte Provincial (se entiende que resolviendo recursos de apelación), aceptó las acciones de protección de los compañeros del señor Deiby Ríos Tamayo, mientras que la que propuso el indicado ciudadano, fue negada.

Ante esto, la Corte razonó lo siguiente:

  • Existen precedentes verticales y horizontales. Los precedentes verticales son aquellos lineamientos judiciales instrumentados mediante resoluciones de jueces de nivel superior jerárquico. Los horizontales, en cambio y como su nombre lo insinúa, son aquellos precedentes judiciales que se podrían (o no), invocar y seguir por parte de jueces del mismo nivel. Aquí, la Corte hace una nueva división, señalando que existen precedentes hetero-vinculantes y auto- vinculantes.
  • El precedente hetero-vinculante se daría cuando un juez, o jueces, de un tribunal, expiden un razonamiento en sentencia, el cual, se lo invoca en un caso similar ante otros jueces del mismo tribunal que lo llegaren a conocer a futuro. Ante esto, la sentencia recalca que este tipo de precedente no está instituido en nuestro ordenamiento, por lo que no tiene fuerza vinculante entre jueces del mismo nivel. No obstante, señala excepciones como en el caso de los jueces de la Corte Constitucional (por obvios motivos, sus decisiones sí atan a sus futuros integrantes) y, para la Corte Nacional, acorde con lo dispuesto en el Art. 185 de la Constitución.
  • El precedente auto-vinculante es calificado como una “necesidad racional y jurídica” (sic) (con negrillas en el original), ya que eso implica que un juez está condicionado por sus propios razonamientos y sus propias argumentaciones en los casos análogos que conozca. Esto además abona a la seguridad jurídica, ya que llama a la coherencia al juzgador, en el sentido de que debe resolver casos similares de la misma forma, a menos que tenga para un caso específico un cambio de criterio, cambio que debe ser suficientemente argumentado y justificado.
  • La Corte indica también que las partes, en defensa de sus alegaciones, pueden alegar igual cualquier tipo de precedente (ya sea hetero-vinculante o auto-vinculante), por lo cual, será de criterio de cada juzgador darle el valor respectivo a este tipo de alegatos.

Luego de todo este análisis, la Corte resuelve negar la acción extraordinaria de protección, bajo la conclusión de que no puede alegarse en este caso que la falta de aplicación de un precedente hetero-vinculante en favor del actor, comprende una vulneración al principio de igualdad y, por ello, una discriminación. Como punto adicional, la Corte hace notar que el accionante nunca alegó la existencia de los otros fallos ante el Tribunal de segunda instancia, por lo que igual habría sido imposible para esta autoridad judicial el pronunciarse sobre los mismos, lo cual comprende una aplicación práctica del principio que prescribe que “lo que no está en el proceso, no está en el mundo”.

Para leer el texto del fallo les dejo el link: http://doc.corteconstitucional.gob.ec:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/277850d8-0873-42d2-a71a-ee41398cb6b5/1035-12-EP-sen.pdf

Gracias por la visita.

 

Ideas para retomar el litigio profesional para luego de la cuarentena.

Estos días de aislamiento y cuarentena obligatoria por la situación que se atraviesa casi a nivel mundial, se han vuelto un auténtico desafío para todos. Los abogados en el libre ejercicio, como todos los otros profesionales -como es obvio- no estamos exentos de los efectos de la declaratoria de emergencia sanitaria, los cuales se reflejan en lo económico y en nuestra propia actividad; por ello, no hay que ser un analista económico para darse cuenta que las actividades productivas en algún momento deben retomarse, con las mayores seguridades de salud posibles.

Una de las cosas que más me han puesto a pensar es la manera en la que se retomarán las cosas a nivel de la función judicial. La actividad del litigio implica muchas situaciones que al día de hoy son consideradas como fuentes de posible contagio (revisar expedientes, presentar documentos, acudir a los juzgados donde existe aglomeración de personas, solo por citar ejemplos que se me vienen rápido a la cabeza).

Ante esto, me he propuesto sugerir ciertas ideas para ir retornando nuestra actividad profesional, tratando de balancear además la salud y la optimización de recursos y tiempo.

Sin más introducción, estas son unas cuantas ideas:

1.- Mayor esfuerzo en las transacciones directas.-

Quizás no haya otro momento más adecuado para intentar negociar y buscar un acuerdo razonable y conveniente para las partes que ahora. Pensémoslo: podemos hacerlo desde casa, aprovechando la comunicación electrónica, telefónica y demás.

Esto implicará también una ardua labor para nosotros abogados:

  • Tenemos que identificar en qué casos ya activos podemos activar la negociación.
  • Conversar -y en ciertos casos convencer-, al cliente de que en su caso bajo las circunstancias actuales, es más conveniente llegar a un acuerdo, dado a que la alternativa viable que está en marcha, seguir litigando, al día de hoy se ve mucho más incierta.
  • Tender puente de comunicación con el colega de la contraparte.
  • En caso de llegarse a los acuerdos, buscar el mejor mecanismo para instrumentarlos y comunicarlo al juez de la causa.

Creo que esto ayudará en algo al ya saturado sistema judicial, ya que al haberse decretado la suspensión de términos y plazos, cuando se disponga la vuelta a la actividad, los más probable es que los juzgados se encuentren con muchas causas represadas y, como si fuera poco, muchas otras causas aún no atendidas en espera de despacho.

2.- Audiencias a través de medios telemáticos, ¡al menos hasta la fase de conciliación!

Un tema que he conversado mucho incluso con algunos jueces es la posibilidad de realizar la totalidad de las audiencias a través de medios telemáticos. De estas conversaciones se han identificado ciertas dificultades prácticas, como la producción de la prueba documental, el asegurar el derecho a la contradicción de esta prueba, entre otras.

No obstante, considero que se podría avanzar en las audiencias vía telemática, al menos hasta la fase de conciliación, tomando en cuenta esto:

  • Pensemos en casos que por general se dan, esto es, demandante con su abogado y demandado con su abogado. Todos pueden conectarse vía telemática al juzgado, en donde los esperarán juez y secretario.
  • En la fase conciliatoria, el juez debe triplicar los esfuerzos en que las partes lleguen a un acuerdo, tomándose todo el tiempo que sea necesario; no está de más indicar que las partes y sus abogados también deben estar mucho más abiertos al diálogo que en alguna situación normal.
  • Si se llega al acuerdo, se cierra el caso. Todos ganan y la exposición sería mínima.

La dificultad palpable sería en el debate sobre excepciones previas. Sobre esto, me aventuro a pensar esto:

  • Si la parte demandada ha planteado excepciones previas, determinar (con toda la sinceridad del caso), si considera que la misma es o no procedente. A veces he planteado excepciones previas en temas un poco dudosos, incluso para ver cómo razona el juez al resolverlas; no obstante, en otras ocasiones he incluso desistido de excepciones previas, ya que de una mejor revisión me he dado cuenta que perseguir la misma no tiene mayor sentido.
  • Si como abogados vemos que en verdad la excepción previa no tendrá buen puerto, es preferible que no la fundamentemos para que quede sin efecto. En caso de que consideremos que debemos insistir en la misma, señalar al juzgado los documentos con los que pensamos acreditarla, para que con la antelación del caso, los puedan escanear y enviar a las partes, para que los mismos puedan producirse y contradecirse. El secretario debería informar a las partes en audiencia si los documentos que obran en el expediente son originales, copias simples o certificadas. También es una excelente oportunidad para la colaboración entre colegas, ya que si tenemos ciertos documentos que queremos producir, los podemos enviar por correo electrónico al abogado de la contraparte.

En caso de que no se llegue al acuerdo, si hay pruebas testimoniales, de parte, y/o de peritos, ahí se suspenderá la audiencia para nueva fecha.

3.- ¡Que los alegatos finales se los realice vía telemática!

Habrá dificultad de realizar todo tipo de declaraciones en línea (peritos, testigos, partes), ya me ha tocado pasar declaraciones por internet en temas penales y son un suplicio. Supongamos que en una audiencia se practiquen las declaraciones y culmina toda práctica de prueba. Una manera de minimizar así sea un poco el riesgo es que los alegatos finales se hagan en medios telemáticos.

Hay ciertos casos que por no ser tan complejos, no requieren mucha producción de prueba. Me imagino una audiencia de apelación, en que no hay solicitudes de apelación de autos interlocutorios, ni pedidos de prueba de segunda instancia, en donde solo los jueces deben resolver sobre la base de la fundamentación de la apelación y su contestación. Estas audiencias de puros alegatos, son las ideales para realizarlas por la vía telemática. Incluso en las audiencias de estrado, realizadas en muchos procesos que aún se rigen por el Código de Procedimiento Civil y, en ciertas acciones de protección en segunda instancia, podrían ya implementar esto.

4.- Audiencias de mediación virtuales.

Debe buscarse la forma de realizar también audiencias de mediación virtuales, tratando de que se reflejo todo en un acta que sea aceptada por todos y que se logre la seguridad jurídica sobre lo que se llegue a acordar.

5.- Que se permita otorgar procuración judicial con cláusula para transigir vía telemática.

Quizás esto sea lo menos problemático. Si estamos en la audiencia y nuestro defendido está conectado desde otra parte, que no exista ningún impedimento para que nos otorgue la procuración judicial de esta manera, para evitar que comparezca y se movilice otra persona a los juzgados o a tramitar un documento.

6.- Digitalización de documentos importantes previo a alguna audiencia.-

Comprendo que puedan faltar recursos para esto; igual no está de más la sugerencia. La idea es que a los abogados se nos haga llegar vía correo los documentos más importantes, para poderlos producir en audiencia, tomando en cuenta que muchas veces, los expedientes están llenos de puras copias que en nada aportan al debate principal.

En fin, son ciertas sugerencias en las que he pensado un poco, espero de una u otra forma esto impulse a seguir con ideas que beneficien al ejercicio profesional. No es ocioso indicar que ahora más que nunca, entre colegas debemos guardar la cortesía y lealtad procesal y profesional.

Espero todos se encuentren bien de salud.

Gracias por la visita.

 

 

¿Existe un tiempo límite para presentar una acción de protección? La Corte Constitucional ha hablado.

Esperando con toda sinceridad de que todos los que leen estas líneas se encuentren bien de salud y, además, que estén llevando este encierro de la mejor manera posible, comparto con ustedes un breve análisis de la sentencia 179-13-EP/20, emitida por nuestra Corte Constitucional el 4 de marzo de 2020.

Resumo los antecedentes del caso que llevó a la expedición de la referida sentencia:

FECHA HECHO
27 de agosto de 2012 Xavier Guadalupe presentó una acción de protección contra el Ministerio del Interior, el Comandante General de la Policía Nacional y el Tribunal de Disciplina de la Policía Nacional. En esta demanda se solicita -en pocas palabras-, que se declare la “ilegitimidad” de una orden y de una resolución con las cuales se lo dio de baja de la Policía Nacional.
23 de octubre de 2012 En primera instancia, el Juez Primero de lo Civil de Chimborazo negó la demanda de acción de protección.
17 de diciembre de 2012 La Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Pichincha -en fallo de mayoría- confirmó la sentencia de segunda instancia.
5 de enero de 2013 El accionante interpone acción extraordinaria de protección.
4 de septiembre de 2013 La acción es admitida por la Sala de admisión de la Corte Constitucional.
17 de septiembre de 2019 El doctor Hernán Salgado Pesantes avoca conocimiento de esta acción

 

El actor sustenta su acción extraordinaria de protección en que el fallo de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Pichincha vulnera los derechos del debido proceso (motivación) y, a la seguridad jurídica. A efectos de centrarme en el tema que quiero tocar en esta entrada, el accionante hace notar que en segunda instancia el Tribunal indicó que rechazaba, entre otros motivos, la acción de protección por el excesivo tiempo transcurrido entre los actos que la motivaron y, su presentación; por lo que impugna esta actuación argumentando que la temporalidad no puede ser un criterio dirimente para negar esta garantía jurisdiccional.

Por ello, la Corte Constitucional (en decisión realizada por el juez ponente, Dr. Hernán Salgado, que contó con un voto salvado, tal como se lo verá), analizó sobre todo si el hecho de que haya pasado mucho tiempo entre los actos demandados y la demanda de acción de protección en sí misma implicaban un obstáculo para impugnar estos actos por la vía constitucional; todo esto, tomando en consideración que los actos que sirvieron de antecedentes a la demanda acontecieron en el año 2005 y, como lo he indicado, la demanda fue presentada más de siete años después.

En el párrafo 25 de la sentencia, encontramos que la Corte indica que ni la Constitución, ni la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (¡vaya nombres largos que les encanta poner a nuestros legisladores), ni la jurisprudencia de la propia corte, prevén como requisito para la proposición de una acción de protección la inmediatez, esto es, que la demanda sea presentada apenas se verifique el acto u omisión que afecte derechos constitucionales.

Es por ello que la Corte insiste en que el hecho de que no exista en alguna de estas disposiciones normativas, ni en la jurisprudencia, una mención al tiempo máximo en el que deba presentarse una acción de protección, “lejos de constituir un vacío normativo o una omisión del constituyente o legislador, es un aspecto que guarda plena armonía con los principios que rigen la aplicación de derechos en el país” (sic) (párrafo 26). Que, en todo caso, el razonamiento sobre el transcurso del tiempo debe realizárselo al decidir alguna solicitud de adopción de medidas cautelares constitucionales, ya que de hacérselo en una acción de protección causaría una desnaturalización de la misma.

Por todo, la Corte en mayoría resuelve: (1) declarar la vulneración de los derechos al debido proceso y seguridad jurídica; (2) dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia emitida por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Pichincha; y, (3) que se conforme otra Sala para que dicte una nueva sentencia.

No está de más hacer notar que la Corte Constitucional no revoca el fallo de segunda instancia para emitir otra resolución. Como ven, se limita tan solo a dejar sin efecto la sentencia dictada por el tribunal ad-quem, esto, por cuanto, la acción extraordinaria de protección no es una suerte de “cuarta instancia”, por lo que esta garantía jurisdiccional no se la puede tomar como un intento para que se reemplace una decisión por otra, todo lo cual refuerza la idea de que la acción extraordinaria de protección no es un recurso (aunque no lo crean, aún hay quienes piensan lo contrario). Esto tiene una consecuencia jurídica importante para el caso: esto no asegura que el actor vaya a ganar el caso, ya que los jueces que integren la nueva Sala bien pueden negar la acción de protección por motivos de fondo, mediante un fallo bien motivado.

Me parece también interesante hablar sobre el voto salvado expedido en solitario por el juez Ramiro Ávila Santamaría. En este voto disidente, el juez Ramiro Ávila coincide en el razonamiento del voto de mayoría en lo que tiene que ver con que no existe un límite de tiempo para interponer una acción de protección, siempre que la misma verse sobre afectaciones a derechos constitucionales. Continúa el voto salvado exponiendo que si éste fuese el único punto a tratar sobre el acto que se impugna, estaría de acuerdo con los otros jueces; no obstante, la acción extraordinaria de protección acusa como argumento secundario un error de derecho por parte de la Sala de lo Civil de Pichincha, lo que no es en sí mismo una violación de derechos.

Bajo esa lupa, en el voto salvado se expone que a pesar de ese error de derecho por parte del tribunal ad-quem, considera que la resolución final se encuentra motivada, por lo que no encuentra sobre el fondo una vulneración de derechos.

No está de más transcribir el último párrafo del voto salvado, en el que incluso se hace un llamado a que se mejoren los procesos de admisión de acciones extraordinarias de protección; incluso, hace hasta una pequeña suerte de mea culpa por esto.

“Finalmente, considero que un caso como éste es un ejemplo de aquellos que no debería conocer ni resolver la Corte Constitucional. Si bien creo que cuando hay violaciones a los derechos, sin duda la Corte debe conocer y resolver, casos como estos deben ser resueltos por las vías ordinarias. En la práctica, quince años después del hecho, la Corte Constitucional reaviva un proceso, reafirma la vía constitucional (acción de protección) para conocer casos propios de la vía ordinaria e incentiva el litigio que, seguramente, se centrará en indemnizaciones. La realidad es que la Corte Constitucional tiene competencias constitucionales y legales excesivas que hacen que, en la gran mayoría de casos, consuma su tiempo en cuestiones que no alteran ni transforman las estructuras que producen violaciones sistemáticas a los derechos reconocidos en la Constitución. Es de esperar que los procesos de admisibilidad se sigan afinando para que los casos que llegue a conocer la Corte sean realmente relevantes” (sic).

En conclusión, contestando la pregunta que he puesto como título de esta entrada, es claro que siempre y cuando se acredite vulneración de derechos constitucionales, el paso excesivo del tiempo no constituye motivo para que la acción de protección sea desechada.

Esperando que se encuentren bien de salud, me despido y agradezco -como siempre- su visita.

Pueden leer el texto de la sentencia en este link: http://doc.corteconstitucional.gob.ec:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ce18c87f-edd6-4844-a219-0b67e6152a5f/0179-13-EP-sen%2bvoto-salvado.pdf

 

Las pautas de la Corte Constitucional para que prospere una acción extraordinaria de protección.-

Tratando de aportar con cosas provechosas en estos tiempos de confinamiento obligado, retomo la actividad de este blog, para comentar sobre la sentencia No. 1967-14-EP/20, expedida el pasado 13 de febrero de 2020, por parte de la Corte Constitucional, cuyo ponente fue el juez Alí Lozada Prado, la cual contó con el voto concurrente del juez Enrique Herrería Bonet.

El motivo por el cual escogí esta sentencia es por cuanto en la misma se realiza una explicación acerca de los requisitos formales y argumentativos que debe contener una demanda de acción extraordinaria de protección, para que la misma pueda superar la fase de admisión y -de ser pertinente- ser aceptada sobre el fondo.

Antes de entrar a comentar la sentencia, sí debo decir que se agradece mucho que el juez ponente haya utilizado un lenguaje claro y, sobre todo, que la sentencia no gaste párrafos en explicaciones rimbombantes ni con palabras rebuscadas, por lo que ataca al punto de forma directa y concisa.

Antes que todo, los antecedentes del caso son los siguientes:

  • El proponente de la acción extraordinaria de protección, la compañía AUTEC S.A., presentó ante el Tribunal Contencioso Tributaria No. 1, solicitando la nulidad de ciertos actos emitidos en su contra por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI). La demanda se presentó el 10 de noviembre de 2010 (no está de más notar que todo este litigio tardó casi una década en ventilarse).
  • El 5 de septiembre de 2013, el Tribunal aceptó de manera parcial la demanda.
  • Ante esto, la defensa de la compañía AUTEC S.A. interpuso recurso de casación, el cual fue inadmitido el 30 de septiembre de 2014 por parte de la Sala de Conjueces de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia.
  • Sobre este auto de inadmisión, la parte actora presentó recurso horizontal de revocatoria, el cual fue negado mediante auto de fecha 29 de octubre de 2014.
  • Ante este escenario, la parte actora presentó una acción extraordinaria de protección tanto contra el auto de inadmisión del recurso de casación, como el auto posterior en el que se negó la revocatoria de la inadmisión (parece trabalengua, no lo es).
  • En su momento, el 26 de marzo de 2015, se admitió la acción extraordinaria de protección por parte de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional. Luego de solicitar los descargos respectivos y, recibir las posturas tanto del SRI como de la Procuraduría General del Estado.
  • El 13 de julio de 2018, se llevó a efecto una audiencia pública, a la que comparecieron los defensores de la Procuraduría General del Estado y del SRI.

Como el propósito de esta entrada no es el de analizar los argumentos de las partes, sino el contenido de la sentencia, realizo un resumen de las alegaciones de la parte proponente de la acción extraordinaria de protección:

Decisiones que impugna Pretensión de la acción extraordinaria de protección Derechos que se alegaron como vulnerados
–          Auto de inadmisión del recurso de casación

–          Negativa de la revocatoria del auto de inadmisición del recurso de casación

–          Que se declare la vulneración de derechos

–          Dejar sin efecto las decisiones impugnadas (auto de inadmisión del recurso de casación y de la negativa de revocatoria)

–          Dejar sin efecto la sentencia expedida por el Tribunal Contencioso Tributario No. 1.

–          Tutela judicial (75 Constitución -CE-)

–          Seguridad Jurídica (82 CE)

–          Debido proceso, garantía de cumplimiento de normas (76.1 CE)

–          Debido proceso, garantía derecho a la defensa (76.7 CE)

–          Debido proceso, garantía de motivación (76.7, letra l).

 

Entrando ahora sí en materia, en esta sentencia la Corte Constitucional nos indica el contenido que debe tener una acción extraordinaria de protección para que supere el primer filtro que es -como ustedes conocen- la admisión.

  • Algo que es evidente, la carga argumentativa de la acción extraordinaria de protección recae en el demandante, en el que la propone, la cual debe estar conformada por un argumento claro.
  • El argumento se instrumenta mediante un “cargo”. Para que el cargo esté completo (y, por ende, ser suficiente para pasar a fase de admisión), debe reunir tres requisitos: la tesis o conclusión, la base fáctica y la justificación jurídica.
  • La tesis o conclusión es, en resumen, el señalar cuáles son los derechos violados por la decisión judicial que se impugna, lo cual además es un requisito según el artículo 62.1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC).
  • La base fáctica es la determinación de la acción u omisión de la autoridad judicial, lo cual se cumpliría con el señalamiento de la decisión que se pretende impugnar, en conjunto con los hechos determinantes de la alegada vulneración.
  • Por último, la justificación jurídica es explicar los motivos por los cuales se considera que la base fáctica vulnera de manera directa e inmediata un derecho constitucional (en el voto concurrente se dice que este elemento es un “nexo causal” entre los dos primeros requisitos).

Por todo esto, en la sentencia se concluye sobre este tema que estos requisitos pueden estar contenidos en la acción, no es obligatorio que estén mencionados y puntualizados de manera explícita (como cuando hacemos una demanda con el Código Orgánico General de Procesos y la vamos redactando conforme a cada uno de los requisitos formales del Art. 142 ibídem), ya que incluso pueden estar comprendidos implícitamente en el texto de la demanda de acción extraordinaria de protección, es decir, “no configuran un esquema rígido que funcione a la manera de simple “lista de verificación”” (párrafo 30 de la sentencia). En términos prácticos, la Corte Constitucional no se va a poner a revisar si enuncio en la redacción de la garantía uno a uno estos elementos, puede que los mismos estén cumplidos en el desarrollo de la argumentación correspondiente.

Entonces, si queremos impugnar una decisión judicial vía acción extraordinaria de protección, debemos asegurarnos que la misma reúna todos estos requisitos por cada uno de los cargos que alegamos en contra de la decisión.

Si desean consultar el texto de la sentencia -que tiene unas reflexiones importantes sobre el trámite de los recursos procesales- les dejo el link:

doc.corteconstitucional.gob.ec:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4c9e980a-e540-4093-95ac-64c15f0ff3c3/1967-14-EP-sen.pdf

Gracias por la visita y por favor, manténgase sanos.