Diferenciación entre precedente horizontal auto-vinculante y hetero-vinculante

El 22 de enero de 2020, la Corte Constitucional emitió la sentencia No. 1035-12-EP/20, en la que se realizaron comentarios interesantes respecto a los precedentes de tipo horizontal; esto es, si las resoluciones -o para ser más precisos, las argumentaciones, la ratio decidendi– de un determinado juez o tribunal, pueden ser invocados con fuerza vinculante ante otro juez o tribunal del mismo nivel.

Para entrar en contexto, es oportuno realizar un resumen de los hechos importantes que llevaron al caso a ser conocido, analizado y resuelto por la Corte Constitucional:

Fecha Hecho
25 octubre 2010 El Tribunal de Disciplina de la Escuela Superior de Policía Nacional, emite resolución dando de baja al señor Deiby Ríos Tamayo, por incurrir en lo dispuesto en el Art. 81, letra h) del Reglamento de la Escuela Superior de Policía. El mencionado señor, sin permiso se había fugado de la escuela y además, acudió a un centro de diversión. El señor Deiby Ríos Tamayo (quien cometió este acto con otros dos compañeros), presentó acción de protección sobre esta resolución.
16 de enero 2012 El Juez Segundo de Trabajo de Pichincha emitió sentencia declarando con lugar la acción de protección y, por ello, ordenó el reintegro del actor la institución. La entidad accionada apeló del fallo.
5 de junio de 2012 La Sala Primero de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y materias residuales de Pichincha, aceptó la apelación y revocó la sentencia de segunda instancia. El señor Deiby Ríos Tamayo presentó acción extraordinaria de protección.
27 de septiembre de 2012 La Corte Constitucional admite al trámite la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Deiby Ríos Tamayo.
2 de enero de 2020 El caso recae -vía resorteo- en conocimiento del juez constitucional Alí Lozada Prado.

 

En la acción extraordinaria de protección el accionante Deiby Ríos Tamayo, alegó las siguientes vulneraciones constitucionales:

  • Que la resolución de la resolución mediante la cual se le dio de baja definitiva de la Escuela Superior de Policía, vulneró los preceptos constitucionales de supremacía constitucional, jerarquía normativa y sujeción a la Constitución y, además, a la interpretación más favorable, ya que (según siempre lo argumentó el actor), se le impuso la sanción más grave posible, lo cual, a la luz de los preceptos señalados, es inconstitucional, ya que se debió preferir una pena más leve como la suspensión temporal. La Corte Constitucional desechó este cargo al considerar que “al no establecer un derecho constitucional impiden que su eventual inobservancia sea demandada” (sic) vía acción extraordinaria de protección. Esto resulta interesante, ya que esta sentencia delimita la cancha al señalar de manera clara que en una acción extraordinaria de protección no se pueden invocar preceptos o “principios” generales que enuncia la Constitución, sino que debemos -como proponentes de la garantía jurisdiccional- ser precisos en circunscribir la discusión en un derecho constitucional concreto.
  • Que existió un trato discriminatorio por parte de la Corte Provincial de Pichincha. Para soportar este cargo, el accionante afirmó que en la misma corte, sus otros dos compañeros con quienes se había fugado de la Escuela Superior de Policía (que fueron sancionados también con la baja), habían presentado por vía separada ambos acciones de protección, las cuales fueron concedidas por la Corte Provincial. Ante esto, el actor razona que al ser sus casos y sus pretensiones análogas en lo esencial, la Corte debió resolver todas de la misma forma y, al haber resuelto su caso de manera diferente, se verificó un trato discriminatorio en su causa y en su perjuicio.
  • Por otra parte, agregó que se ha vulnerado su derecho a la educación y al debido proceso, al insistir que se le debió imponer una pena menos dura que la separación definitiva. Sobre este punto, la Corte detalló que solo podía pronunciarse sobre el mismo en caso de que se acepte que hubo vulneración del segundo cargo (el supuesto trato discriminatorio), ya que esto es una discusión sobre el mérito de la resolución administrativa de separación definitiva dictada contra el señor Deiby Ríos Tamayo.

La Corte entonces centró su análisis en determinar si existió discriminación en contra del señor Deiby Ríos Tamayo, por parte de la Corte Provincial, al declarar sin lugar la acción de protección interpuesta por el mencionado ciudadano, mientras que a sus compañeros en casos similares, les dio la razón. Tenemos entonces -para poner las cosas claras- lo siguiente:

  • A conocimiento de la Corte Provincial de Pichincha llegaron tres acciones acciones de protección, planteadas por tres estudiantes que habían sido sancionados por la Escuela Superior de Policía Nacional, por haberse ausentado, al mismo tiempo y en una misma falta, sin permiso. Una de estas tres acciones de protección, fue planteada por Deiby Ríos Tamayo.
  • La Corte Provincial (se entiende que resolviendo recursos de apelación), aceptó las acciones de protección de los compañeros del señor Deiby Ríos Tamayo, mientras que la que propuso el indicado ciudadano, fue negada.

Ante esto, la Corte razonó lo siguiente:

  • Existen precedentes verticales y horizontales. Los precedentes verticales son aquellos lineamientos judiciales instrumentados mediante resoluciones de jueces de nivel superior jerárquico. Los horizontales, en cambio y como su nombre lo insinúa, son aquellos precedentes judiciales que se podrían (o no), invocar y seguir por parte de jueces del mismo nivel. Aquí, la Corte hace una nueva división, señalando que existen precedentes hetero-vinculantes y auto- vinculantes.
  • El precedente hetero-vinculante se daría cuando un juez, o jueces, de un tribunal, expiden un razonamiento en sentencia, el cual, se lo invoca en un caso similar ante otros jueces del mismo tribunal que lo llegaren a conocer a futuro. Ante esto, la sentencia recalca que este tipo de precedente no está instituido en nuestro ordenamiento, por lo que no tiene fuerza vinculante entre jueces del mismo nivel. No obstante, señala excepciones como en el caso de los jueces de la Corte Constitucional (por obvios motivos, sus decisiones sí atan a sus futuros integrantes) y, para la Corte Nacional, acorde con lo dispuesto en el Art. 185 de la Constitución.
  • El precedente auto-vinculante es calificado como una “necesidad racional y jurídica” (sic) (con negrillas en el original), ya que eso implica que un juez está condicionado por sus propios razonamientos y sus propias argumentaciones en los casos análogos que conozca. Esto además abona a la seguridad jurídica, ya que llama a la coherencia al juzgador, en el sentido de que debe resolver casos similares de la misma forma, a menos que tenga para un caso específico un cambio de criterio, cambio que debe ser suficientemente argumentado y justificado.
  • La Corte indica también que las partes, en defensa de sus alegaciones, pueden alegar igual cualquier tipo de precedente (ya sea hetero-vinculante o auto-vinculante), por lo cual, será de criterio de cada juzgador darle el valor respectivo a este tipo de alegatos.

Luego de todo este análisis, la Corte resuelve negar la acción extraordinaria de protección, bajo la conclusión de que no puede alegarse en este caso que la falta de aplicación de un precedente hetero-vinculante en favor del actor, comprende una vulneración al principio de igualdad y, por ello, una discriminación. Como punto adicional, la Corte hace notar que el accionante nunca alegó la existencia de los otros fallos ante el Tribunal de segunda instancia, por lo que igual habría sido imposible para esta autoridad judicial el pronunciarse sobre los mismos, lo cual comprende una aplicación práctica del principio que prescribe que “lo que no está en el proceso, no está en el mundo”.

Para leer el texto del fallo les dejo el link: http://doc.corteconstitucional.gob.ec:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/277850d8-0873-42d2-a71a-ee41398cb6b5/1035-12-EP-sen.pdf

Gracias por la visita.

 

¿Existe un tiempo límite para presentar una acción de protección? La Corte Constitucional ha hablado.

Esperando con toda sinceridad de que todos los que leen estas líneas se encuentren bien de salud y, además, que estén llevando este encierro de la mejor manera posible, comparto con ustedes un breve análisis de la sentencia 179-13-EP/20, emitida por nuestra Corte Constitucional el 4 de marzo de 2020.

Resumo los antecedentes del caso que llevó a la expedición de la referida sentencia:

FECHA HECHO
27 de agosto de 2012 Xavier Guadalupe presentó una acción de protección contra el Ministerio del Interior, el Comandante General de la Policía Nacional y el Tribunal de Disciplina de la Policía Nacional. En esta demanda se solicita -en pocas palabras-, que se declare la “ilegitimidad” de una orden y de una resolución con las cuales se lo dio de baja de la Policía Nacional.
23 de octubre de 2012 En primera instancia, el Juez Primero de lo Civil de Chimborazo negó la demanda de acción de protección.
17 de diciembre de 2012 La Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Pichincha -en fallo de mayoría- confirmó la sentencia de segunda instancia.
5 de enero de 2013 El accionante interpone acción extraordinaria de protección.
4 de septiembre de 2013 La acción es admitida por la Sala de admisión de la Corte Constitucional.
17 de septiembre de 2019 El doctor Hernán Salgado Pesantes avoca conocimiento de esta acción

 

El actor sustenta su acción extraordinaria de protección en que el fallo de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Pichincha vulnera los derechos del debido proceso (motivación) y, a la seguridad jurídica. A efectos de centrarme en el tema que quiero tocar en esta entrada, el accionante hace notar que en segunda instancia el Tribunal indicó que rechazaba, entre otros motivos, la acción de protección por el excesivo tiempo transcurrido entre los actos que la motivaron y, su presentación; por lo que impugna esta actuación argumentando que la temporalidad no puede ser un criterio dirimente para negar esta garantía jurisdiccional.

Por ello, la Corte Constitucional (en decisión realizada por el juez ponente, Dr. Hernán Salgado, que contó con un voto salvado, tal como se lo verá), analizó sobre todo si el hecho de que haya pasado mucho tiempo entre los actos demandados y la demanda de acción de protección en sí misma implicaban un obstáculo para impugnar estos actos por la vía constitucional; todo esto, tomando en consideración que los actos que sirvieron de antecedentes a la demanda acontecieron en el año 2005 y, como lo he indicado, la demanda fue presentada más de siete años después.

En el párrafo 25 de la sentencia, encontramos que la Corte indica que ni la Constitución, ni la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (¡vaya nombres largos que les encanta poner a nuestros legisladores), ni la jurisprudencia de la propia corte, prevén como requisito para la proposición de una acción de protección la inmediatez, esto es, que la demanda sea presentada apenas se verifique el acto u omisión que afecte derechos constitucionales.

Es por ello que la Corte insiste en que el hecho de que no exista en alguna de estas disposiciones normativas, ni en la jurisprudencia, una mención al tiempo máximo en el que deba presentarse una acción de protección, “lejos de constituir un vacío normativo o una omisión del constituyente o legislador, es un aspecto que guarda plena armonía con los principios que rigen la aplicación de derechos en el país” (sic) (párrafo 26). Que, en todo caso, el razonamiento sobre el transcurso del tiempo debe realizárselo al decidir alguna solicitud de adopción de medidas cautelares constitucionales, ya que de hacérselo en una acción de protección causaría una desnaturalización de la misma.

Por todo, la Corte en mayoría resuelve: (1) declarar la vulneración de los derechos al debido proceso y seguridad jurídica; (2) dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia emitida por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Pichincha; y, (3) que se conforme otra Sala para que dicte una nueva sentencia.

No está de más hacer notar que la Corte Constitucional no revoca el fallo de segunda instancia para emitir otra resolución. Como ven, se limita tan solo a dejar sin efecto la sentencia dictada por el tribunal ad-quem, esto, por cuanto, la acción extraordinaria de protección no es una suerte de “cuarta instancia”, por lo que esta garantía jurisdiccional no se la puede tomar como un intento para que se reemplace una decisión por otra, todo lo cual refuerza la idea de que la acción extraordinaria de protección no es un recurso (aunque no lo crean, aún hay quienes piensan lo contrario). Esto tiene una consecuencia jurídica importante para el caso: esto no asegura que el actor vaya a ganar el caso, ya que los jueces que integren la nueva Sala bien pueden negar la acción de protección por motivos de fondo, mediante un fallo bien motivado.

Me parece también interesante hablar sobre el voto salvado expedido en solitario por el juez Ramiro Ávila Santamaría. En este voto disidente, el juez Ramiro Ávila coincide en el razonamiento del voto de mayoría en lo que tiene que ver con que no existe un límite de tiempo para interponer una acción de protección, siempre que la misma verse sobre afectaciones a derechos constitucionales. Continúa el voto salvado exponiendo que si éste fuese el único punto a tratar sobre el acto que se impugna, estaría de acuerdo con los otros jueces; no obstante, la acción extraordinaria de protección acusa como argumento secundario un error de derecho por parte de la Sala de lo Civil de Pichincha, lo que no es en sí mismo una violación de derechos.

Bajo esa lupa, en el voto salvado se expone que a pesar de ese error de derecho por parte del tribunal ad-quem, considera que la resolución final se encuentra motivada, por lo que no encuentra sobre el fondo una vulneración de derechos.

No está de más transcribir el último párrafo del voto salvado, en el que incluso se hace un llamado a que se mejoren los procesos de admisión de acciones extraordinarias de protección; incluso, hace hasta una pequeña suerte de mea culpa por esto.

“Finalmente, considero que un caso como éste es un ejemplo de aquellos que no debería conocer ni resolver la Corte Constitucional. Si bien creo que cuando hay violaciones a los derechos, sin duda la Corte debe conocer y resolver, casos como estos deben ser resueltos por las vías ordinarias. En la práctica, quince años después del hecho, la Corte Constitucional reaviva un proceso, reafirma la vía constitucional (acción de protección) para conocer casos propios de la vía ordinaria e incentiva el litigio que, seguramente, se centrará en indemnizaciones. La realidad es que la Corte Constitucional tiene competencias constitucionales y legales excesivas que hacen que, en la gran mayoría de casos, consuma su tiempo en cuestiones que no alteran ni transforman las estructuras que producen violaciones sistemáticas a los derechos reconocidos en la Constitución. Es de esperar que los procesos de admisibilidad se sigan afinando para que los casos que llegue a conocer la Corte sean realmente relevantes” (sic).

En conclusión, contestando la pregunta que he puesto como título de esta entrada, es claro que siempre y cuando se acredite vulneración de derechos constitucionales, el paso excesivo del tiempo no constituye motivo para que la acción de protección sea desechada.

Esperando que se encuentren bien de salud, me despido y agradezco -como siempre- su visita.

Pueden leer el texto de la sentencia en este link: http://doc.corteconstitucional.gob.ec:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ce18c87f-edd6-4844-a219-0b67e6152a5f/0179-13-EP-sen%2bvoto-salvado.pdf

 

Las pautas de la Corte Constitucional para que prospere una acción extraordinaria de protección.-

Tratando de aportar con cosas provechosas en estos tiempos de confinamiento obligado, retomo la actividad de este blog, para comentar sobre la sentencia No. 1967-14-EP/20, expedida el pasado 13 de febrero de 2020, por parte de la Corte Constitucional, cuyo ponente fue el juez Alí Lozada Prado, la cual contó con el voto concurrente del juez Enrique Herrería Bonet.

El motivo por el cual escogí esta sentencia es por cuanto en la misma se realiza una explicación acerca de los requisitos formales y argumentativos que debe contener una demanda de acción extraordinaria de protección, para que la misma pueda superar la fase de admisión y -de ser pertinente- ser aceptada sobre el fondo.

Antes de entrar a comentar la sentencia, sí debo decir que se agradece mucho que el juez ponente haya utilizado un lenguaje claro y, sobre todo, que la sentencia no gaste párrafos en explicaciones rimbombantes ni con palabras rebuscadas, por lo que ataca al punto de forma directa y concisa.

Antes que todo, los antecedentes del caso son los siguientes:

  • El proponente de la acción extraordinaria de protección, la compañía AUTEC S.A., presentó ante el Tribunal Contencioso Tributaria No. 1, solicitando la nulidad de ciertos actos emitidos en su contra por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI). La demanda se presentó el 10 de noviembre de 2010 (no está de más notar que todo este litigio tardó casi una década en ventilarse).
  • El 5 de septiembre de 2013, el Tribunal aceptó de manera parcial la demanda.
  • Ante esto, la defensa de la compañía AUTEC S.A. interpuso recurso de casación, el cual fue inadmitido el 30 de septiembre de 2014 por parte de la Sala de Conjueces de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia.
  • Sobre este auto de inadmisión, la parte actora presentó recurso horizontal de revocatoria, el cual fue negado mediante auto de fecha 29 de octubre de 2014.
  • Ante este escenario, la parte actora presentó una acción extraordinaria de protección tanto contra el auto de inadmisión del recurso de casación, como el auto posterior en el que se negó la revocatoria de la inadmisión (parece trabalengua, no lo es).
  • En su momento, el 26 de marzo de 2015, se admitió la acción extraordinaria de protección por parte de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional. Luego de solicitar los descargos respectivos y, recibir las posturas tanto del SRI como de la Procuraduría General del Estado.
  • El 13 de julio de 2018, se llevó a efecto una audiencia pública, a la que comparecieron los defensores de la Procuraduría General del Estado y del SRI.

Como el propósito de esta entrada no es el de analizar los argumentos de las partes, sino el contenido de la sentencia, realizo un resumen de las alegaciones de la parte proponente de la acción extraordinaria de protección:

Decisiones que impugna Pretensión de la acción extraordinaria de protección Derechos que se alegaron como vulnerados
–          Auto de inadmisión del recurso de casación

–          Negativa de la revocatoria del auto de inadmisición del recurso de casación

–          Que se declare la vulneración de derechos

–          Dejar sin efecto las decisiones impugnadas (auto de inadmisión del recurso de casación y de la negativa de revocatoria)

–          Dejar sin efecto la sentencia expedida por el Tribunal Contencioso Tributario No. 1.

–          Tutela judicial (75 Constitución -CE-)

–          Seguridad Jurídica (82 CE)

–          Debido proceso, garantía de cumplimiento de normas (76.1 CE)

–          Debido proceso, garantía derecho a la defensa (76.7 CE)

–          Debido proceso, garantía de motivación (76.7, letra l).

 

Entrando ahora sí en materia, en esta sentencia la Corte Constitucional nos indica el contenido que debe tener una acción extraordinaria de protección para que supere el primer filtro que es -como ustedes conocen- la admisión.

  • Algo que es evidente, la carga argumentativa de la acción extraordinaria de protección recae en el demandante, en el que la propone, la cual debe estar conformada por un argumento claro.
  • El argumento se instrumenta mediante un “cargo”. Para que el cargo esté completo (y, por ende, ser suficiente para pasar a fase de admisión), debe reunir tres requisitos: la tesis o conclusión, la base fáctica y la justificación jurídica.
  • La tesis o conclusión es, en resumen, el señalar cuáles son los derechos violados por la decisión judicial que se impugna, lo cual además es un requisito según el artículo 62.1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC).
  • La base fáctica es la determinación de la acción u omisión de la autoridad judicial, lo cual se cumpliría con el señalamiento de la decisión que se pretende impugnar, en conjunto con los hechos determinantes de la alegada vulneración.
  • Por último, la justificación jurídica es explicar los motivos por los cuales se considera que la base fáctica vulnera de manera directa e inmediata un derecho constitucional (en el voto concurrente se dice que este elemento es un “nexo causal” entre los dos primeros requisitos).

Por todo esto, en la sentencia se concluye sobre este tema que estos requisitos pueden estar contenidos en la acción, no es obligatorio que estén mencionados y puntualizados de manera explícita (como cuando hacemos una demanda con el Código Orgánico General de Procesos y la vamos redactando conforme a cada uno de los requisitos formales del Art. 142 ibídem), ya que incluso pueden estar comprendidos implícitamente en el texto de la demanda de acción extraordinaria de protección, es decir, “no configuran un esquema rígido que funcione a la manera de simple “lista de verificación”” (párrafo 30 de la sentencia). En términos prácticos, la Corte Constitucional no se va a poner a revisar si enuncio en la redacción de la garantía uno a uno estos elementos, puede que los mismos estén cumplidos en el desarrollo de la argumentación correspondiente.

Entonces, si queremos impugnar una decisión judicial vía acción extraordinaria de protección, debemos asegurarnos que la misma reúna todos estos requisitos por cada uno de los cargos que alegamos en contra de la decisión.

Si desean consultar el texto de la sentencia -que tiene unas reflexiones importantes sobre el trámite de los recursos procesales- les dejo el link:

doc.corteconstitucional.gob.ec:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4c9e980a-e540-4093-95ac-64c15f0ff3c3/1967-14-EP-sen.pdf

Gracias por la visita y por favor, manténgase sanos.