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Un ejemplo práctico sobre la llamada “nulidad implícita”.

Alfredo Cuadros Añazco Sin categoría , ,

Durante una audiencia de primera instancia en un tema laboral -regulado por el Cogep-, en el que defiendo a la entidad accionada, de repente sucedió algo bastante “llamativo” y fuera de procedimiento. Al momento del anuncio probatorio de la parte actora, el juez directamente le pidió al abogado del actor que pase a practicar su prueba.

Luego de un segundo de sorpresa, alcé la mano y consulté al juez que no se estaba cumpliendo con el debate probatorio, ya que tenía la intención de objetar la pertinencia de un documento anunciado como prueba por la parte actora. En ese momento el juez indicó que luego de la práctica de la prueba tendría la oportunidad de realizar objeciones sobre la conducencia, pertinencia o utilidad de las pruebas.

Al ver que la postura del juez no solo no cambió, sino que además, volvió a instruir a que el actor practique su prueba, mi mente empezó -a la velocidad del rayo- a evaluar varios escenarios, por lo que decidí optar por mencionar esta irregularidad en mi alegato final y además, pelear para que en segunda instancia se declare la nulidad de la audiencia.

Pasó lo que tenía que pasar. El juez dictó sentencia en contra de mi defendido, tomando en cuenta y valorando la prueba que no pude objetar. Por esto, dentro del término del art. 257 del Cogep, en mi escrito de fundamentación de apelación, agregué un acápite inicial solicitando la nulidad de la audiencia, bajo estos argumentos:

  • El juez no dio paso al debate probatorio, incluso, a pesar de que esto fue observado en la misma audiencia.
  • La falta de debate probatorio originó que no pueda objetar un pedido realizado por el actor.
  • El juez basó su resolución en uno de los documentos practicado como prueba por parte del actor, el cual justo era el que pretendía objetar.
  • Esta situación causó una indefensión, ya que no se permitió -a las partes en general-, ejercer el derecho de contradicción (Constitución, numeral séptimo, letras a) y h)).
  • Por ello, solicité sobre este reclamo, que se declare la nulidad de la audiencia y por efecto de esto, se disponga que un nuevo juzgador de primer nivel vuelva a sustanciar la audiencia y emita una nueva sentencia.

En el día de la sustentación de la audiencia de apelación se dio una situación interesante. Como ustedes conocen, una vez que se instala la diligencia, el juez ponente consulta si existe alguna observación respecto a la validez del proceso, a lo que contesté que en efecto y que iba a fundamentar un pedido de nulidad que estaba incluido en el escrito contentivo del recurso de apelación. Luego de la respectiva exposición (que no duró más de unos ocho minutos según mis cálculos), uno de los jueces integrantes del tribunal me hizo ciertas preguntas que estaban encaminadas a que explique sobre la trascendencia y especificidad de la nulidad que estaba reclamando. Una vez más, mi mente empezó a volar y me dio la impresión de que el juez no estaba tan convencido de mi postura, ya que estaba apuntando a que el vicio alegado de mi parte, no está previsto como una solemnidad sustancial en el listado del art. 107 del Cogep -por lo que no cumpliría con el principio de especificidad-, ni con el de trascendencia; es decir, que lo que reclamaba no tenía la suficiente influencia en el proceso como para que se lo sancione con la nulidad.

En concreto, el juez me preguntó cuál era la solemnidad sustancial que se había incumplido, y además, cuál había sido la trascendencia de la situación que había relatado; también me preguntó si luego de la práctica de la prueba el juez dio la oportunidad a las partes de pronunciarnos y ejercer el derecho a contradecir. Debo reconocer que el Alfredo de otros tiempos se hubiera puesto muy nervioso y quizás no se habría explicado de la mejor forma al contestar estas preguntas; sin embargo, parte de mi preparación de esta audiencia fue pensar que se me podía consultar sobre estas situaciones, para lo cual ya tenía una respuesta, que se basó sobre todo en que la falta de debate probatorio causó una indefensión clara, ya que mi intención fue objetar un anuncio del contrario, y la haberse impedido esto, el juez terminó valorando ese medio probatorio, el cual fue fundamental para la resolución del juzgador, por lo que invoqué el principio “si hay indefensión, hay nulidad”. Ahora bien, en ese momento, por esos resortes mentales que uno a veces tiene, vino a mi mente algo que leí en el texto de mi colega Yajaira Andrade (que la ubican en “X” como @yajairaandradet), sobre las nulidades implícitas que -en resumen-, quiere decir que existen situaciones que bien pueden causar nulidad procesal, a pesar de que no encuentran expresamente señaladas con ese efecto en la legislación, siempre que se verifique una indefensión (esto lo encuentran en el libro de Yajaira titulado “Manual Práctico del recurso extraordinario de casación”, el cual conozco se está trabajando ya en una segunda edición, el cual con toda seguridad adquiriré).

Luego de la deliberación, la decisión de los jueces fue:

  • En fallo de mayoría, se aceptó el pedido de nulidad. Los jueces agregaron otro argumento, al expresar que el debate probatorio había sido incluido como una reforma expresa al art. 333.4 del Cogep, que trata sobre el desarrollo de la audiencia única en procedimientos sumarios; por lo que el juez no podía obviarla y con esto se verificó la indefensión. Además, notaron otro fallo en la sentencia que le dio fuerza al argumento de la nulidad.
  • En el voto salvado, realizado por el juez que hizo las preguntas, se indicó en cambio que el vicio alegado no estaba previsto como omisión de solemnidad sustancial (por lo que no se cumplía con el principio de especificidad), y tampoco era trascendente.

Más allá de que me puso contento el resultado, toda esta experiencia me dejó algunas enseñanzas que espero sean duraderas y las comparto:

  • La importancia de anticipar argumentos contrarios a nuestras posturas, lo cual nos ayudará a preparar réplicas con la debida anticipación (siempre recordando esa máxima “espera lo mejor, prepárate para lo peor”).
  • No ponernos nerviosos al contestar preguntas de los jueces, y estar atentos y saberlas responder con altura, educación y con fundamento.
  • No basta con sabernos la normativa, tenemos que ampliar nuestros conocimientos con doctrina. Les comentaba que en plena audiencia, por esos recuerdos oportunos que tiene nuestra mente, vino a mi cabeza lo que leí sobre el tema de las “nulidades implícitas” en el gran libro de Yajaira Andrade, lo cual me sirvió mucho para darle mayor solvencia a mi exposición. Si me hubiese limitado al estudio de la norma, es probable que no habría tenido el resultado favorable.

Espero amigos que estas líneas les ayude en alguno de sus casos.

Gracias por la visita.

El alegato inicial es para prometer, y el alegato final es para rendir cuentas.

Alfredo Cuadros Añazco Sin categoría , ,

Estoy convencido que cada abogado debe aplicar la técnica de litigación oral con la que se sienta más cómodo, sobre todo aquella que calce mejor con su personalidad. Dicho esto, también considero que existen técnicas que pueden servirnos a todos como parámetros generales para hacer más eficaces nuestras intervenciones en la sala de audiencia. De esto surgió la idea de esta entrada, en donde tocaré -de forma breve-, el alegato inicial y el alegato final.

Voy a centrarme en la parte “técnica”. Aquí no me voy a poner a divagar -por poner ejemplos-, sobre la importancia de nuestra postura al ponernos de pie, nuestro lenguaje corporal, la vestimenta, el manejo de la voz, durante las audiencias. Soy de la idea de que a pesar de que un abogado puede ser un gran orador, de esos que tienen dotes casi teatrales, igual puede perder un caso, ya que un buen alegato no puede suplir una actuación defectuosa en otras áreas de un proceso (de nada sirve lanzarse un alegato final que conmueva y saque lágrimas a los presentes, incluido el juez, si por culpa del mismo abogado no se practicaron las pruebas claves para obtener una victoria).

Volviendo a la idea de esta entrada, en el título indico que el alegato inicial es -sobre todo- para prometer. ¿Qué quiero decir con esto? Que es la oportunidad precisa para hacerle saber al juez todos aquellos hechos (o, para ser más precisos, “enunciados fácticos”), que nos comprometemos a probar, y además, indicar cómo los probaremos. Ahí surge el tema de la “promesa”, es decir, en términos muy sencillos, le vamos a decir al juez que probaremos los hechos de la demanda, bajo la premisa de que si logramos cumplir esa promesa, se tiene que dictar sentencia a favor de nuestro defendido.

Vamos con un ejemplo sencillo: un proceso de divorcio contencioso, fundamentado en la causal del abandono. Un alegato inicial debe contener, en lo principal, una estructura similar a esta: “En este proceso se probará que Fulanito y Menganita están casados desde el 1 de abril de 2019; además, que el señor Fulanito abandonó el hogar conyugal que tenían conformado el 12 de noviembre del mismo año; que dicho abandono fue voluntario e injustificado; y que las relaciones conyugales no se han retomado…”.

Ahora, el alegato final en cambio, me gusta verlo como la “rendición de cuentas” que hacemos ante el juez. Esto es, volviendo al ejemplo, exponemos: “Señor juez, con la partida de matrimonio que se practicó, se probó la fecha en que las partes contrajeron matrimonio; a su vez, con la declaración de los testigos, probamos el abandono del hogar… ”. Como se aprecia, lo que se hace es rendir cuentas de todos los hechos que hemos logrado acreditar. Entonces, el objetivo es más o menos dar a entender que en virtud de que se han probado todos los hechos mencionados en el alegato inicial (que se entiende que deben ser los mismos del respectivo acto de proposición), pasamos revista de todo esto, por lo cual merecemos que se nos de la razón.

Esta “rendición de cuentas” funciona en dos vías, ya que también puedo utilizar esta técnica para hacer notar al juez que la contraparte no ha probado los hechos necesarios para que su teoría del caso triunfe, y/o además, para evidenciar que el contrario no ha logrado sobrepasar su carga probatoria. Eso sí, es indiscutible que debemos estar familiarizados bien con la carga probatoria aplicable para el caso específico, ya que esto puede variar si estamos en un tema civil, laboral, constitucional o penal. Solo para tener presente, en materia penal la carga probatoria sobre la existencia de la infracción y la responsabilidad del procesado, será para la acusación, por lo que el abogado del procesado puede basar mucho de su alegato final en la circunstancia de que el fiscal -y el acusador particular si es que lo hay-, no ha podido destruir la presunción de inocencia de su cliente.

En lo personal, he utilizado esto cuando estoy preparando alegatos en los casos que me ha tocado patrocinar. Créanme que estas técnicas sencillas sirven para partir de lo sencillo y armar un alegato conciso, al punto, que se centre en lo importante, sobre todo en esos momentos en que, trabajando en nuestra oficina o nuestra casa hasta altas horas de la noche, de repente nos sentimos bloqueados y sin inspiración.

Muchas gracias por la visita.

Los autos interlocutorios apelables en audiencias.

Alfredo Cuadros Añazco Sin categoría ,

Comienzo esta entrada, que trata sobre los autos interlocutorios expedidos en audiencia que pueden apelarse, recordando que el Cogep tiene un sistema cerrado de apelación, es decir, tan solo pueden ser apeladas aquellas providencias en las que la norma de manera expresa así lo indica (art. 256 ibídem); contrario a lo que teníamos con el Código de Procedimiento Civil (CPC), en el cual la situación era a la inversa, esto es, se podía apelar de toda providencia a menos que de manera expresa la norma lo prohibiera.

Con esta idea introductoria, recordemos además que el Cogep, en su art. 78, prevé tres tipos de providencias: los autos interlocutorios, los autos de sustanciación, y las sentencias. El auto interlocutorio es aquel que decide sobre cuestiones procesales importantes que pueden afectar los derechos de las partes, a pesar de no ser motivo de sentencia; por otro lado, el auto de sustanciación es la providencia que se sirve para dar trámite al proceso. En la práctica creánme que hay ciertas ocasiones que no es tan fácil identificarlos.

En todo caso, vamos al tema de la entrada. En una audiencia de un proceso regulado por el Cogep, se dictan algunos autos interlocutorios, por ejemplo: el auto sobre la validez del juicio; el que resuelve excepciones previas; el que admite o inadmite un anuncio probatorio; un auto declarando el abandono, en caso de que el actor no comparezca a la audiencia. Ante este panorama como litigantes debemos conocer cuáles de estos autos interlocutorios podemos apelar, para no gastar el tiempo del juez con apelaciones inoficiosas.

Hay que tener cuenta que con los autos interlocutorios que se dictan en audiencia se ratifica la regla de que solo se pueden apelar aquellas providencias en las que la ley contempla esta posibilidad; ya que en primer lugar, todo auto interlocutorio es apelable; sin embargo, para el escenario específico de la audiencia, por estar así manifiesto en la ley, no todo auto interlocutorio será susceptible de apelación.

Entonces, para no divagar más, tenemos que en el caso de las audiencias son tan solo dos autos interlocutorios los que pueden ser apelados: (1) el que resuelve las excepciones previas; y, (2) el que inadmite algún medio probatorio. Fuera de estos dos, no hay otro auto interlocutorio apelable en audiencia.

Dicho esto, no está de más recordar los efectos con los que se conceden estas apelaciones:

  • La apelación del auto que inadmite una prueba, tiene efecto diferido; es decir, su interposición no causará que la audiencia se suspenda (Art. 160 del Cogep). Ojo, hay que precisar que solo se puede apelar del auto que inadmite una prueba, no cabe apelación sobre el auto que admite un medio probatorio.
  • Respecto al auto que resuelve excepciones previas, sí hay que hacer unas distinciones. El auto que acepta una excepción previa, se apela con efecto suspensivo; mientras que la apelación del auto que niega una excepción previa, tendrá efecto diferido (art. 296.1 ibídem).  

Cabe destacar que si bien es cierto, el auto que declara la validez de un proceso no es apelable; el Cogep en su art. 111, primer párrafo, deja en claro que en el escrito de fundamentación de la apelación, se pueden exponer argumentos sobre la nulidad del juicio.

También es importante recordar que, tal como está redactado el art. 257 del Cogep, la apelación de los autos interlocutorios debe interponerse en la misma audiencia, apenas el juez pronuncie su decisión, por lo que la fundamentación será en momento posterior. Es decir, si no apelé uno de estos autos interlocutorios en audiencia, luego de recibir la notificación de la sentencia escrita, ya no puedo apelar de alguno de estos autos.

No hay que olvidar que -por simple lógica-, para que el auto interlocutorio pueda apelarse, debemos estar en un proceso o en una instancia que permita la apelación. No cabe apelación alguna, por poner ciertos casos, en procesos sustanciados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ya que estos tienen una sola instancia, tampoco en el juicio de reclamo de honorarios profesionales de abogado, que por alguna misteriosa razón es de una sola instancia.

 Gracias por la vistia.

¿Se puede objetar un testimonio mal anunciado?

Alfredo Cuadros Añazco Sin categoría , , , ,

Hace ya al menos un par de meses en la tuitósfera (ya sé que ahora se llama “X”, me sigo aferrando al nombre de “Twitter”), el colega Joel López (@joellopez9) con quien he tenido el gusto de coincidir en redes sociales realizó una pregunta pública sobre si se podía objetar, bajo las reglas del Cogep, un anuncio probatorio de testimonios en los que no se había señalado los hechos sobre los que declararían los potenciales testigos.

Esta pregunta originó varias respuestas de algunos abogados destacados en dicha red social (me sigo reusando a llamarla “X”), por lo que aprovecho toda esa interacción para hacer esta entrada y razonar de mejor forma mi criterio.

Vamos partiendo de lo que indica el art. 142.7 del Cogep sobre el anuncio de prueba testimonial:

“Art. 142.- Contenido de la demanda.- La demanda se presentará por escrito y contendrá:

…

7.- El anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos. Se acompañarán la nómina de testigos con indicación de los hechos sobre los cuales declararán…”.

Esto lo podemos empatar con lo que indica el art. 190 ejusdem:

“Art. 190.- Petición de la declaración del testigo.- Al momento de anunciar la prueba y cuando la solicite, la parte deberá indicar el nombre y domicilio de las y los testigos llamados a declarar y expresar sucintamente el o los hechos sobre los cuales serán interrogados.”

Por lo pronto tenemos:

  • Existe norma específica que tipifica que en caso de anunciar testimonios como medios de prueba en la demanda, se debe indicar los hechos sobre los cuales versarán los mismos. Vale la pena recordar que el primer inciso del art. 151 del Cogep señala que para la contestación a la demandad, se seguirán los mismos requisitos formarles para la demanda, por lo que esto también aplica para la contestación.
  • Ahora bien, existe una norma específica para todo pedido de práctica de prueba testimonial (ya que podría ser solicitada como nueva prueba, prueba nueva, en apelación incluso), en el que también se pide que se incluya una breve descripción de los hechos sobre los que versará la eventual declaración.

Desde mi punto de vista, la exigencia de la ley sobre esta descripción de los hechos sobre los que testificará una persona en juicio, está relacionada con el derecho a la defensa y contradicción, ya que permitirá a la parte contraria tener una idea clara sobre lo que el testigo aportará -o tratará de aportar- al proceso; y además, preparar un posible contraexamen. En la práctica me ha pasado que muchas veces esta descripción es tan vaga y amplia, que se hace bastante difícil anticipar o al menos proyectar cuál sería el real contenido de la futura declaración.

Otro tema práctico que me ha servido en mis audiencias, es que este requisito provee lo que llamo una doble pertinencia. Es decir, el testigo en primer lugar, declarará sobre hechos pertinentes a la causa (entiéndase los puntos de controversia); y en segundo lugar, en el examen directo solo puede responder  preguntas sobre los hechos por los cuales fue convocado. Vale precisar que en el contraexamen sí podemos apartarnos de este segundo punto, ya que siempre se pueden explorar aspectos de credibilidad del testigo.

Pongo un ejemplo práctico:

En una de mis primeras audiencias con el Cogep, en un juicio laboral sobre despido intempestivo, en el que estaba defendiendo a la parte accionada -empleador-, un testigo había sido convocado para que declare sobre el inicio de la relación laboral, nada más; durante la declaración hubo una pregunta del abogado del demandante al testigo sobre el alegado despido; la cual objeté de inmediato, haciendo notar al juez que la pregunta no era pertinente, ya que el testigo no había sido llamado a declarar sobre este punto, por lo que esta objeción fue aceptada.

Entonces, en el ejemplo que les di se aprecia esta “doble pertinencia”: 1) que tenga que ver con el objeto de la controversia (con el testigo se buscaba establecer fecha de inicio de la relación laboral, que fue fijado como uno de los puntos a debatir); y, 2) que el testigo, al menos en el examen directo, declare solo sobre los hechos para los cuales fue convocado. Si no se cumplen estos dos niveles de pertinencia, la pregunta es objetable por impertinente.

Volviendo al tema central de la entrada, sostengo que si se anuncia prueba testimonial sin que se indique los motivos por los que el testigo declarará, la misma debe ser objetada en el momento oportuno, que sería en el debate probatorio. La idea es que se objete este anuncio haciéndole ver al juez que ese pedido no fue adecuado por cuanto no se realizó una indicación sobre lo que versará la declaración pedida, por lo que este anuncio no fue acorde a la ley, y esto vulnera el derecho a la defensa de nuestro patrocinado (se puede perfectamente invocar el art. 170 del Cogep, primer párrafo, como fundamento de la objeción).

Si el juez verifica que en efecto la parte incurrió en la omisión de indicar los hechos sobre los que declarará el testigo, debería inadmitir la petición.

Antes de cerrar esta entrada otra idea. Considero que para pedir la declaración de parte no es necesario este requisito (recordemos que la declaración de parte es una prueba testimonial, acorde con el art. 174 del Cogep), ya que está sobreentendido que la parte conoce los hechos del proceso y su declaración al fin y al cabo, cubrirá todos los hechos y circunstancias sobre lo alegado por ambas partes.

Gracias por la visita.

La posibilidad de reformar la demanda en los procedimientos de una sola audiencia.

Alfredo Cuadros Añazco Sin categoría , ,

Es muy probable que esta entrada pueda causar alguna que otra “polémica procesal”, ya que aquí propongo una tesis que trata sobre la posibilidad de reformar la demanda en todo tipo de procedimientos previstos en nuestro COGEP.

A fuerza de ser justo, debo avisar al lector que buena parte de esta entrada se basa en una parte de mi último libro “Reflexiones prácticas sobre litigación oral y escrita”, editado por la Corporación de Estudios y Publicaciones, publicado en el 2022 (debo reconocer que el título odel libro no es el más feliz, pero bueno, no se puede tener todo).

Entrando al tema, hay que tomar en consideración que en el COGEP existe un artículo que permite reformar la demanda. Lo más seguro es que la intención de reformar obedezca a la modificación de los hechos sobre los que se sustenta el acto de proposición. Veamos el primero párrafo del art. 148 del COGEP:

“Art. 148.- Reforma de la demanda.- La demanda podrá reformarse hasta antes de la contestación por parte de la o del demandado. Si después de contestada sobreviene un hecho nuevo, podrá reformarse hasta antes de la audiencia preliminar o única en los procedimientos de una sola audiencia”.

Este artículo fue uno de los afectados por la reforma del COGEP, que entró en vigor con la publicación del Suplemento del Registro Oficial No. 517, del 26 de junio de 2019.

Ahora, ¿dónde está la clave de todo esto? Esta disposición entra en contradicción con los artículos 332.1 y, 359 del COGEP, que descartan la posibilidad de reformar la demanda en procedimientos sumarios, ejecutivos y monitorios (estas disposiciones son tajantes en indicar que no procede la reforma en procedimientos sumarios y los monitorios. No debemos olvidar que el 355 ejusdem refiere que en lo no previsto para el procedimiento ejecutivo, se aplicarán las reglas del sumario), por lo que se estaríamos ante una antinomia en abastracto.

Los procedimientos sumarios, ejecutivos y monitorios cuentan con una audiencia única, por lo que, al hacer referencia el artículo 148 ibídem sobre la reforma en los procedimientos que tengan audiencia única, se concluye que estamos ante una contradicción clara en el articulado del mismo cuerpo normativo.

La situación sería esta:

  • Antes de la reforma del COGEP del 26 de junio de 2019, estaba claro que la reforma de la demanda solo era posible en los procedimientos ordinarios. De hecho, el anterior Art. 148 señalaba: “La demanda podrá reformarse hasta antes de la contestación por parte de la o del demandado. Si después de contestada sobreviene un hecho nuevo, podrá reformarse hasta antes de la audiencia preliminar”.
  • Con la reforma en vigencia hay dos posibles caminos: (1) que todo siga igual, esto es, que tan solo se puede reformar la demanda en juicios ordinarios; o, (2) que a partir de la misma, se puede reformar la demanda en todo tipo de juicios.

Existirían -a mi manera de ver- estas posibles posturas:

  • Aplicar el criterio de especialidad para concluir que no se puede reformar la demanda en procedimientos sumarios, ejecutivos y monitorios.- El artículo 148 del COGEP es una disposición de carácter general, que no realiza ninguna individualización ni identifica a los procedimientos sumarios, ejecutivos y monitorios. En cambio, los artículos 332.1 y 359 del COGEP, son disposiciones específicas y especiales que están diseñadas para la sustanciación particular de los juicios mencionados.
  • La posición contraria: Debe prevalecer la norma posterior en el tiempo, por lo que sí es posible la reforma a la demanda en procedimientos sumarios, ejecutivos y monitorios. La regla contenida en el Art. 7, numeral 20 del Código Civil, nos advierte lo siguiente: “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios, prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben comenzar a regir. Pero los términos que hubieren comenzado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren comenzadas, se regirán por la ley que estuvo entonces vigente”. Ante esto, bien se puede defender la posición de que cabe entonces la reforma a la demanda en todos los juicios controvertidos del COGEP.
  • Para aportar más argumentos a la última posición, también se puede alegar que el nuevo Art. 148 del COGEP no realiza ninguna distinción sobre los juicios, tan solo habla de que la demanda podrá reformarse “hasta antes de la audiencia preliminar” (propia de los juicios ordinarios) “o única en los procedimientos de una sola audiencia”. Al no realizarse ninguna diferenciación, tiene lugar conocido aforismo jurídico que enseña que “cuando la ley no distingue, al hombre no le toca distinguir”.
  • Hay una tesis intermedia, que podría delimitarse así: el Art. 148 del COGEP al referirse a procedimientos de audiencia única, está considerando solo los procedimientos especiales que tienen una sola audiencia, que no son ni sumarios, ni ejecutivos ni monitorios. Aquí se encuadran, en lo principal: los procedimientos voluntarios, los cuales en caso de no tener oposición, cuentan con una sola audiencia, tal como lo prevé el Art. 355, último párrafo del COGEP; los juicios de recusación que se sustancian en procedimiento “sumarísimo” especial (Art. 28 del COGEP); las acciones de nulidad de laudo arbitral; las acciones para el reconocimiento de sentencias, laudos arbitrales, actas de mediación expedidos en el extranjero (Art. 105, segundo párrafo, del COGEP); la sustanciación de las providencias preventivas autónomas (Art. 127 del COGEP); o, los procedimientos de ejecución, que cuentan con una audiencia única (Art. 374 ibídem). Por esto, no cabría reformar la demanda en procedimientos sumarios, ejecutivos ni monitorios.

Ahora bien, más allá de anotar todas las posibles salidas, considero que no aportar un criterio en este ensayo sería eludir el problema. Ante esto, debo optar por la vía de que con el nuevo Art. 148 del COGEP es posible la reforma a la demanda en todo tipo de procedimientos, sean estos ordinarios, sumarios, ejecutivos o monitorios. Además de las razones expuestas hay otro punto adicional: el derecho a la igualdad procesal, basado en el principio de igualdad de armas.

Me explico mejor. Si vemos el tercer párrafo del Art. 151 del COGEP, en la última parte se habla de la reforma de las excepciones en juicios de materia de niñez y adolescencia, los cuales se sustancian en procedimiento sumario (Art. 333.3 del COGEP). Es decir, la norma procesal contiene la posibilidad de reformar las excepciones en todo tipo de juicio, señalando un término general para presentar “prueba nueva” respecto a la reforma y, además, un término reducido en los juicios que versen sobre materia de niñez y adolescencia que se ventilan en vía sumaria; por lo que, si cabe la reforma de excepciones por parte del demandado en procedimientos sumarios, por igualdad procesal debe permitirse la reforma de la demanda en estos procedimientos. Poniéndolo como pregunta retórica: si cabe la reforma a las excepciones en las contestaciones de todos los procedimientos, ¿por qué no cabría la reforma a la demanda en todos los casos?

Dejando atrás esta discusión, vale la pena mencionar que la reforma a la demanda tiene también que cumplir ciertos requisitos:

  • Debe realizarse antes de la contestación.
  • Si ya se dio la contestación, se puede formar hasta antes de la celebración de la audiencia preliminar o la audiencia única, siempre que se justifique que se ha suscitado un hecho nuevo luego de la contestación.

Sería más que oportuna una Resolución del Pleno de la Corte Nacional para resolver esta situación acarreada por las reformas al COGEP.

¿Será que estoy loco?

Gracias por la visita.

¿Existirá algún auto interlocutorio que pueda ser revocado?

Alfredo Cuadros Añazco Sin categoría , ,

El artículo 88 del COGEP realiza un listado sobre los tipos de providencias que puede emitir el juez, las cuales son: a) la sentencia; b) el auto interlocutorio; y, c) el auto de sustanciación.

La sentencia, como se conoce, es la providencia que contiene la decisión del juez “acerca del asunto o asuntos sustanciales del proceso”; por su parte, el auto de sustanciación es el que utiliza el juez para avanzar el proceso -pensemos en un auto de convocatoria a una audiencia-; en cambio, el auto interlocutorio “es la providencia que resuelve cuestiones procesales que, no siendo materia de la sentencia, pueden afectar los derechos de las partes o validez del procedimiento”.

El propio COGEP nos hace notar que el auto mediante el juez admite o inadmite un pedido de prueba es interlocutorio; también, el auto mediante el cual se resuelve una excepción previa en audiencia tiene el carácter de interlocutorio.

Avanzando en el COGEP encontramos el art. 254, en donde se regulan los recursos horizontales de reforma y revocatoria:

“Art. 254.- Revocatoria y reforma.- Por la revocatoria la parte pretende que el mismo órgano jurisdiccional que pronunció un auto de sustanciación lo deje sin efecto y dicte otro en sustitución.

También será admisible la reforma, en cuyo caso se enmendará la providencia en la parte que corresponda”.

De una lectura atenta de la disposición transcrita, sobre todo de su primer párrafo, se aprecia que al referirse a la revocatoria, se hace alusión expresa tan solo al auto de sustanciación, esto es, al auto que sirve para avanzar y propulsar el trámite del proceso. De esto se concluye que no puede revocarse un auto interlocutorio, lo cual se conecta además con lo que se encuentra en la última parte del segundo incido del art. 250, del COGEP, que indica que la “aclaración, ampliación, revocatoria y reforma serán admisibles en todos los casos, con las limitaciones que sobre la impugnación de las sentencias y autos prevé esta Ley”, con lo que se reconfirma que un auto interlocutorio no puede ser objeto de revocatoria.

Ahora, ¿existirá alguna excepción a esto? Pues considero que sí. Veamos.

Dentro de las reformas al COGEP del mes de junio de 2019, hubo algunas que cambiaron el procedimiento de admisibilidad del recurso de casación. Al “inicio de los tiempos” del COGEP recordemos que una vez interpuesto el recurso, éste debía ser analizado por el respectivo conjuez, y su decisión sobre la inadmisibilidad no podía ser impugnada vía revocatoria. Con la reforma esto cambió, ya que por un lado, el conjuez no puede desecharlo de entrada -a menos que, en mi criterio, se constate que el recurso fue presentado extemporáneamente-, sino que debe pedir a la parte que interpuso la casación que aclare o complete el recurso; y por otro, en caso de que el conjuez inadmite a pesar de que la parte presentó un escrito aclarando o completando el recurso, la norma autoriza a presentar un recurso horizontal de revocatoria.

Para mayor claridad transcribo los dos primeros párrafos del art. 270 del COGEP:

“Art. 270.- Admisibilidad del recurso. Recibido el proceso en virtud del recurso de casación, se designará por sorteo a una o a un Conjuez de la Corte Nacional de Justicia, quien en el término de quince días examinará exclusivamente que el recurso se lo haya presentado en el término legal y que la forma del escrito de fundamentación tenga la estructura señalada en el artículo 267.

Cumplidas estas formalidades, lo admitirá. Si los cumple, se admitirá el recurso, se notificará a las partes y se remitirá el expediente a la Sala Especializada correspondiente de la Corte Nacional de Justicia. Si no los cumple, la o el Conjuez dispondrá que la parte recurrente la complete o aclare en el término de cinco días, determinando explícitamente el o los defectos, si no lo hace, se inadmitirá en recurso, pudiendo deducirse el recurso de revocatoria del auto de inadmisión.”.

La cuestión aquí entonces pasa por determinar si el auto de inadmisión del recurso de casación, emitido luego de que la parte buscó aclararlo y completarlo, es un auto interlocutorio o un auto de sustanciación. Es clarísimo que se trata de un auto interlocutorio, ya que sin duda alguna afecta a un derecho de la parte que interpuso el recurso.

Como vemos entonces, hemos encontrado en el COGEP una excepción a la regla general que propone el mismo código, en la cual se permite pedir la revocatoria de la inadmisión de un recurso de casación, el cual debe presentarse ante el conjuez respectivo.

¿Ustedes han encontrado otro caso en el COGEP en el que se pueda revocar un auto interlocutorio?

Gracias por la lectura.

Los estándares de prueba para determinar responsabilidad en los procesos civiles y penales norteamericanos.

Alfredo Cuadros Añazco Sin categoría ,

En la fatídica noche del 12 de junio de 1994, en Los Ángeles, California, se perpetró el horrible asesinato de Nicole Brown Simpson y Ron Goldman. Esta tragedia desencadenó una serie de sucesos que tuvieron su punto cúspide en el mediático juicio penal que se siguió contra O.J. Simpson, a la época exgloria deportiva e ídolo en los Estados Unidos de América. La fiscalía argumentó que Simpson mató a ambas personas en un ataque de celos, ya que Nicole fue su esposa y sospechó de que las víctimas mantenían un romance.

El juicio penal contra O.J. Simpson hasta el día de hoy sigue generando interés. Existen varios artículos, libros, documentales, series de televisión, que se han creado tomando como base los hechos que rodearon a este caso, el cual fue llamado en su momento como “el juicio del siglo”.

Uno de los abogados defensores de O.J. Simpson fue el reconocido F. Lee Bailey (+), quien escribió el magnífico libro The truth about the O.J. Simpson Trial, by the architect of the defense (Skyforce Publishing, 2021), el cual -sin exagerar- ya lo he leído tres veces. En los últimos capítulos de este libro, Bailey hace un análisis breve sobre lo que podemos llamar estándares probatorios para establecer responsabilidad (ya sea civil o penal) en el sistema judicial anglosajón.

Como casi todos conocemos, O.J. Simpson fue declarado inocente luego de un extenso y controversial proceso que atrapó la atención del público nacional e internacional; tal es así, que a pesar de que a la fecha del juicio quien escribe estas líneas tenía apenas unos trece años, recuerdo bien que las noticias locales daban bastante espacio para su cobertura.

Ahora bien, se suele pasar por alto que el padre de Ron Goldman, luego del veredicto absolutorio para el acusado, movido por la convicción de que no se había hecho justicia en su causa, decidió entablar un juicio civil en contra de O.J. Simpson, pidiendo básicamente una reparación económica por el dolor y sufrimiento causados por el terrible crimen que le quitó la vida a Goldman. Este segundo juicio comenzó en octubre de 1996, y culminó con la condena en contra de Simpson, en la que debía cubrir el pago de algo más treinta y tres millones de dólares a los familiares de Ron Goldman, cantidad que nunca pudo ser pagada en su totalidad (según relata Bailey en su citado libro, a pesar de que Simpson era un hombre acaudalado, los costos de su defensa en el juicio penal mermaron mucho sus finanzas).

Siempre me ha parecido curioso que en el sistema norteamericano, si una persona es absuelta en un juicio penal (que puede ser por un delito grave, como el asesinato), igual puede ser condenada a cubrir una fuerte indemnización producto de un juicio civil que se base en los mismos hechos. Es por esto que, a pesar de que Simpson ganó una tremenda batalla a la fiscalía en el proceso penal que se siguió en su contra, no pudo evitar ser juzgado, y más aún, ser vencido en un juicio civil, a pesar de que los dos juicios tuvieron los mismos hechos como antecedentes.

F. Lee Bailey explica que algunas decisiones tomadas por el juez que sustanció el juicio civil contra Simpson -el honorable Hosaki Fujisaki-, fueron perjudiciales para su defensa, ya que les cercenó la posibilidad de presentar ante el nuevo jurado varias pruebas que fueron determinantes en el juicio penal. Por ejemplo:

  • El juez excluyó los comentarios racistas del detective Mark Furhman, así como el testimonio que éste rindió en el juicio penal. Hay que recordar que el detective Furhman fue considerado el testigo estrella de la fiscalía en el juicio penal, ya que fue él quien encontró el guante ensangrentado en la casa de Simpson (sobre el cual hay sospechas fundadas de que él mismo lo plantó). Los abogados de Simpson en el juicio penal lograron demostrar que Fuhrman era en tipo racista, que ya tenía antecedentes de mal manejo de evidencia en casos pasados; es decir, lo desacreditaron totalmente.
  • También se inadmitió que en el juicio civil se presenten pruebas sobre el mal manejo de la evidencia científica en la escena del crimen de Nicole Brown Simpson y Ron Goldman. Esto fue un duro golpe en el proceso civil, ya que uno de los puntos fuertes de la defensa de Simpson en el juicio penal, fue demostrar que los detectives y otros agentes que recolectaron evidencias importantes (como sangre, muestras de huellas, etc.), no habían tenido el cuidado necesario, lo que causó la contaminación de las mismas. De igual forma, se demostró en el juicio penal que el propio laboratorio estatal, donde se analizaron las muestras, hubo un negligente procedimiento.

Todo esto allanó el camino para que se logre una condena en el juicio civil contra O.J. Simpson.

Bailey también realiza una breve explicación sobre las diferencias “probatorias” para demostrar responsabilidad en los juicios civil y penal que se entablaron contra Simpson:

“En un juicio civil la prueba solo necesita estar sustentada por una probabilidad, no “más allá de una duda razonable” (la traducción es propia, la frase en idioma original es “In a civil trial the proof only needs to be supported by a probabilty, not “beyond a reasonable doubt.””).   

En otras palabras, es claro que en el juicio penal, la fiscalía tuvo que probar más allá de toda duda razonable que Simpson cometió los crímenes, por lo que -en teoría-, la defensa pudo dedicarse solo a defenderse (créanme, la redundancia es intencional), e intentar crear duda en la mente de los jurados; mientras que en el juicio civil, la parte demandante tenía que probar tan solo que existía la probabilidad de que Simpson cometa el atroz crimen de Ron Goldman.

Comprendo que este tema da para un ensayo mucho más amplio que esta humilde entrada; sin embargo, creo que es suficiente para comparar con los criterios que se manejan en nuestro sistema para determinar responsabilidades en casos tanto civiles como penales.

En este mismo blog ya he comentado sobre el libro de F. Lee Bailey, por lo que les dejo estos enlaces si tienen la curiosidad de saber más sobre esta obra: https://alfredocuadros.com/2021/12/18/el-libro-de-f-lee-bailey-sobre-el-juicio-de-o-j-simpson-parte-i/

El libro de F. Lee Bailey sobre el juicio de O.J. Simpson (Parte II)

Gracias por la lectura.

Ciertos tips para dimanizar las audiencias que se sustancian con el COGEP.

Alfredo Cuadros Añazco Sin categoría ,

Parece mentira que el COGEP ya tenga un poco más de siete años de vigencia; y a pesar de esto, aún hay ciertas cosas en las que no hemos terminado de adaptarnos.

La entrada que pongo a consideración al lector el día de hoy tiene que ver con ciertas situaciones que he podido identificar, que se dan sobre todo en las audiencias de procesos regulados con el COGEP, en las que aún existe un poco de confusión, que hacen en algunos casos que la audiencia se estanque por temas que bien pudieron ser evitados.

Voy a pasar revista a cada una de estas situaciones:

  • Falta de preparación de una hoja de ruta general para la audiencia.- Este es un tema bastante amplio, del cual bien pueden escribirse ensayos. La preparación es fundamental de cara a una audiencia (sobre todo si el asunto a tratar es complejo), por lo que la elaboración previa de una hoja de ruta -o como se la quiera llamar-, que vaya delineando nuestra participación es una obligación. Esta hoja de ruta nos ayudará y clarificará el camino para tomar ciertas decisiones dentro de la audiencia, por ejemplo, saber si tenemos que apelar, qué anuncio probatorio contrario debemos objetar, entre otras cosas. Parte de esta preparación abarca también las preguntas que se deben realizar tanto en un examen directo como en un contraexamen. Nada delata más la poca preparación de un abogado para una audiencia que el tardarse demasiado tiempo para realizar una pregunta a un testigo. La guía de una hoja de ruta no solo nos ayudará a tomar decisiones más rápido en la audiencia, sino que mostrará a todos los asistentes a la diligencia que nos encontramos listos para toda situación.
  • Comprender el alcance de la fijación de los puntos debate.- Esto me ha pasado bastante: muchas veces es el juez el que consulta a las partes cuáles serían los puntos de debate (o el objeto de la controversia, si estamos en un procedimiento ordinario), por lo que llegado el momento, por poner un caso, sugiero: “que se determine la procedencia de declarar extinguida la obligación”; a lo que la parte contraria se opone, pensando que la aceptación del punto de debate sugerido, implica que el juez va aceptar en sentencia de fondo mi postura jurídica. Suele suceder que se piensa que la fijación de los puntos de debate es momento para realizar alegatos, y hasta para empezar a objetar documentos presentados por la contraparte.
  • Saber aplicar acuerdos probatorios.- En un procedimiento monitorio que tuve, acompañé varias facturas. La parte accionada al contestar no solo no objetó la autenticidad de las mismas, sino que reconoció que las había suscrito. En el momento del debate probatorio, pedí al juez que en virtud de que ambas partes estábamos de acuerdo sobre la existencia de las facturas, acorde con el art. 163.1 del COGEP (hecho afirmado por una parte y por la parte contraria, no requiere ser probado), que se las tenga como ya incorporadas al proceso y por ende, ya no haría falta producirlas con todas ritualidades del art. 196.1 ibídem. De esta forma nos ahorramos al menos unos 15 minutos que hubiese tomado la producción de todas esas facturas. He visto en algunas audiencias que el colega contrario es renuente en llegar a acuerdos probatorios –a pesar de que versan sobre temas sobre los que no hay controversia-, porque piensan que eso sería ceder en alguna pretensión.

Estas son unas breves ideas que plasmo. ¿Tienen alguna otra idea?

Gracias por la visita.

¿Es necesario siempre adherirse a la apelación del contrario?

Alfredo Cuadros Añazco Sin categoría , , ,

Algo que he visto ya varias veces, es que en una audiencia cuando una parte apela, ya sea una sentencia o un auto interlocutorio, el colega contrario se apresura a decir que se adhiere a la apelación y, en muchos casos, agregan que se adhieren para no perder la oportunidad de ejercer una defensa en la instancia superior.

Esto me hizo pensar en escribir esta entrada para intentar definir cuáles son las consecuencias de la falta de adhesión a la apelación de la contraparte; y acorde con esto, determinar si es correcta esa idea de que siempre hay que adherirse digamos “por si acaso” y para “poder ejercer los derechos en la segunda instancia”.

Veamos entonces.

Considero oportuno empezar por precisar el momento en que tiene que interponerse la adhesión, ya que al “inicio de los tiempos del COGEP”, existía la duda sobre si se debía hacerlo en la audiencia o por escrito. Bajo el texto actual del primer inciso del art. 258 del COGEP es clarísimo que la adhesión debe interponerse dentro del término en el que se tiene para contestar la fundamentación del recurso de apelación del contrario.

No está de más transcribir esta disposición completa:

“Art. 258.- Procedimiento. Con la fundamentación se notificará a la contraparte para que la conteste en el término de diez días. En materia de niñez y adolescencia el término para contestar será de cinco días. En este término la contraparte podrá adherirse fundamentadamente al recurso de apelación. El apelante hará valer sus derechos en audiencia.

Tanto en la fundamentación como en la contestación, las partes anunciarán la prueba que se practicará en la audiencia de segunda instancia, exclusivamente si se trata de acreditar hechos nuevos.

También podrá solicitarse en las correspondientes fundamentación o contestación la práctica de prueba que, versando sobre los mismos hechos, sólo haya sido posible obtenerla con posterioridad a la sentencia.

La apelación y la adhesión no fundamentada serán rechazadas de plano, teniéndose por no deducido el recurso.”.

De esta transcripción ya sacamos algunas ideas importantes:

  • La adhesión no debe interponerse en audiencia. El momento oportuno es dentro del término que se tiene para contestar la fundamentación de la apelación. Por esto, todas aquellas adhesiones realizadas -medio al apuro- en la audiencia, son inoportunas.
  • Luego de esto, otro tema importante. La interposición y la fundamentación de la adhesión, deben realizarse en el mismo escrito. Es decir, no procede que se presente un escrito señalando que nos adherimos a la apelación y nada más; la norma es clara en advertir que la adhesión debe ser fundamentada.
  • Si la adhesión no se fundamenta, debe ser rechazada por el juzgador sin más consideraciones ni miramientos.
  • Ahora bien, me parece importante destacar que si hacemos una lectura atenta al precitado art. 258 ibídem, se concluye que mediante la adhesión no se puede solicitar la práctica de prueba en segunda instancia. Dicho de otra forma, la petición de prueba en segunda instancia procede: 1;) en la fundamentación de la apelación, sobre los hechos nuevos -lo cual ya es medio complejo-, o sobre los mismos hechos, pero con una prueba que no se pudo obtener a tiempo; 2) al contestar la apelación, bajo los mismos presupuestos.
  • Sobre este último punto entonces: la parte que no apeló, tiene la posibilidad de pedir práctica de prueba en segunda instancia, al contestar la fundamentación de la apelación; sin embargo, si su escrito es solo para adherirse, no puede pedir práctica de prueba en instancia superior.

Ahora, ¿será necesario siempre adherirse a la apelación “por si acaso”? A la luz de la normativa, y sobre todo, a criterios doctrinarios sobre la adhesión, ésta es una vía de impugnación diferente, autónoma y separada a la del apelante “principal”. Por esto, una vez interpuesta la adhesión, si por cualquier motivo el apelante desiste de su recurso, o no lo fundamenta, la adhesión debe igual ser sustanciada y resuelta en segunda instancia (art. 263, párrafo segundo, del COGEP).

La adhesión por esto, no es para “defender” la sentencia de primera instancia, sino que es un mecanismo que otorga un segundo momento -digámoslo así- a la parte que no apeló para presentar sus propios motivos de impugnación de la sentencia de primera instancia. En palabras del tratadista Emilio Velasco (Sistema de Práctica Procesal Civil. Teoría y práctica del Juicio Ordinario, Tomo 4, Ecuador, 1996, editorial Pudeleco, p. 637): “La adhesión al recurso no quiere decir que la parte que se adhiere proponga algo accesorio al recurso interpuesto, por el contrario, es una impugnación independiente, de manera que si el recurrente desiste de la apelación, el Juez de Segunda Instancia deberá conocer la adhesión”.

¿Confuso? Pongo un ejemplo que no es para nada rebuscado.

Tenemos una sentencia en la que se niega la demanda por falta de fundamento, en la que el demandado ha insistido mucho en que el accionante sea condenado en costas, ya que está convencido de que fue llamado a juicio sin el mínimo sustento. Luego de notificada la sentencia, el demandante apela de la misma (presentando en el mismo escrito la interposición y fundamentación del recurso); por lo que, una vez notificada esta fundamentación, el accionado interpone la adhesión, solicitando que en segunda instancia se modifique parcialmente la sentencia, esto es, declarando sin lugar la demanda, y además, que se condene en costas al demandante.

Por todo esto, en buen cristiano hay que precisar que si como abogados tenemos una resolución (en sentencia, o de un auto interlocutorio) dictada en audiencia que nos favorece en su totalidad, no debemos ni apelar, ni adherirnos a la apelación del contrario. No hace falta. Además, así no se conteste la fundamentación de la apelación, se tiene todo el derecho a contradecir los argumentos del recurso en la audiencia correspondiente.

Por último, lo ideal es, ante una resolución que no nos favorece en todo o en parte, interponer nuestro propio recurso de apelación, sin importar lo que haga la contraparte. En la práctica suele suceder que ambas partes no terminan conformes con la sentencia de primera instancia (pensemos en un juicio en donde se reclama despido intempestivo y otros rubros, en el que el juez ordena a pagar una suma que no satisface ni al actor ni al demandado), por lo que en este evento, lo más óptimo es interponer y fundamentar nuestra propia apelación, sin esperar a una eventual adhesión.

Para contestar, de manera breve, la pregunta que planteo al inicio, no es necesario adherirse a la apelación del contario “por si acaso”, cuando la sentencia o auto ha sido totalmente favorable a nuestra parte.

La sugestión que siempre permitirá a todo tipo de testigo.

Alfredo Cuadros Añazco Sin categoría , , ,

Admito que el tema de los testigos y las preguntas sugestivas a despertado mi curiosidad desde hace algún tiempo, lo cual ha llevado a volcarme a consultar tanto la legislación local como jurisprudencia y doctrina comparada.

La primera idea que quiero transmitir es que, en mi criterio, al menos en temas que se tramitan con el COGEP, el juez no puede negar de oficio una pregunta sugestiva (esto lo explico con detalle en este video de mi canal de Youtube, al que los invito a suscribirse https://youtu.be/ecDz8Spd-SA ). Ahora bien, más allá de eso, el art. 176 ibídem nos indica que la pregunta sugestiva puede ser objetada por cualquiera de las partes (si por si acaso quieren una guía pequeña sobre los tipos de preguntas que se pueden hacer a los testigos les dejo esta entrada de mi blog: https://alfredocuadros.com/2021/06/27/los-cuatro-tipos-de-preguntas-que-podemos-hacer-los-abogados-a-los-diferentes-testigos/ ).

Ahora bien, el art. 177.7 del COGEP, en cambio, proporciona lo que llamo las excepciones en favor de las preguntas sugestivas, que podemos agrupar de esta forma:

  • Preguntas sobre hechos introductorios no controvertidos.
  • Preguntas que recapitulen información ya aportada por el testigo.
  • Cuando el testigo es declarado como hostil.
  • En el contrainterrogatorio de una parte a pedido de la otra.

En la práctica me ha pasado que en más de una ocasión existe confusión sobre la procedencia de una pregunta sugestiva, y sobre todo, si cabe hacerse una pregunta sugestiva ante un testigo ofrecido por la propia parte.

Pensando en esto, en esta entrada trataré de dejar en claro cuáles son las preguntas sugestivas que siempre serán procedentes, por lo que me centraré en los dos primeros casos del art. 177.7 del COGEP, esto es, las preguntas sobre hechos introductorios no controvertidos y las que recapitulen información que ya aportó el testigo. Para esto, tomaré como referencia un caso de divorcio por causal -abandono de un cónyuge, teniendo como demandante a la esposa y como accionado al esposo-, sobre el cual desarrollaré ejemplos de preguntas.

  • Durante la fijación de puntos de debate, se ha establecido que no será objeto de controversia la existencia del vínculo matrimonial, con todo lo que esto implica (fecha, lugar de celebración del matrimonio, música que puso el DJ contratado para la fiesta, etc.); ni que han procreado tres hijos varones (Melchor, Gaspar y Baltazar); se discutirá si existió abandono voluntario e injustificado.
  • Ante esto, si por ejemplo, somos abogados de una de las partes -cualquiera-, podemos sin ningún problema realizar esta pregunta: “Bueno, para iniciar esta declaración, ¿es verdad que usted contrajo matrimonio con ……?” o, de esta manera: “Hablemos del matrimonio que usted contrajo con su cónyuge, ¿es cierto que se celebró el martes 13 de abril de 1981?”. Como se observa, estas dos preguntas son sugestivas, pero lo importante es que van encaminadas a consultar sobre cuestiones que son introductorias -le servirán al abogado para luego de que sean contestadas, ir a lo importante-; y sobre todo, hechos que no están en discusión.
  • Supongamos ahora que está declarando la esposa y empieza a hablar -contestando a las preguntas de uno de los abogados- de que en su momento formó con su esposo un hogar conyugal en la dirección Paraíso Infernal, manzana D, villa 9, de Guayaquil, en la cual vivieron 10 años. En este punto también, sin importar cuál de los abogados esté formulando preguntas, puede hacer estas preguntas: “Usted entonces se asentó con su esposo en Guayaquil, ¿verdad?”; o, “¿Es cierto que con su esposo compraron una casa ubicada en la ciudadela Paraíso Infernal?” o, “¿Es verdad que el padre fue quien tuvo el mal gusto de poner a su hijo mayor el nombre de Melchor?”. Con este tipo de preguntas buscamos que el testigo afirme o niegue información que ya aportó; es por esto, que tampoco existirá problema alguno al realizar preguntas sugestivas con esa guía.

Solo para ahondar en detalles, el COIP (art. 502.16) permite también estas preguntas sugestivas sobre hechos introductorios o que recapitulen información).

Para concluir, tenemos entonces lo siguientes:

  • No importa cuál de los abogados esté preguntando, ni qué testigo esté declarando en ese momento, las preguntas sugestivas que siempre estarán permitidas cuando se traten sobre hechos introductorios no controvertidos, o para recapitular información que ya fue declarada por el mismo testigo.
  • Por otro lado, si la contraparte objeta la pregunta sugestiva, esta objeción debe ser rechazada.

Muchas gracias por la visita.